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Académicos argentinos instan a un debate “serio” sobre el narcotráfico

By: Adam Dubove - @dubdam - Sep 23, 2015, 1:27 pm
La percepción de consumo y tráfico de drogas en Argentina está en aumento. (Pixabay)
La percepción de consumo y tráfico de drogas en Argentina está en alza; 80% califica al fenómeno de “grave”. (Pixabay)

EnglishEl narcotráfico se ha convertido en uno de los temas más recurrentes en la campaña presidencial argentina, y los candidatos a presidente ya han expresado sus ideas para la luchar contra ese flagelo. Sin embargo, intelectuales argentinos de diversas disciplinas y signos políticos consideran que las actuales propuestas solo empeorarán el problema; y convocaron a “una discusión seria” sobre la política de drogas.

En un documento publicado en el blog La Cuestión Drogas en Argentina, que suscribieron más de un centenar de académicos argentinos, advierten que en el debate sobre el narcotráfico “ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación”.

“Nos motiva únicamente la convicción de que es hora de discutir seriamente sobre el tema, pues la negación o tergiversación del mismo solo alienta a los que, con una agenda preconcebida basada en el temor, la ignorancia y la ampulosidad, pretenden instaurar una estrategia de guerra, en la que tendrían un lugar protagónico las Fuerzas Armadas, en contraposición con la legislación vigente”, sostiene el documento, publicado el pasado 16 de septiembre.

El texto afirma que “los efectos socialmente más dañosos del problema de las drogas”—entre los que enumera a la “extrema violencia asociada a la apropiación y el control del negocio ilegal” y a la “corrupción y descomposición de instituciones públicas”— son resultado de “los fallidos intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos”.

Los autores sugieren que el enfoque de militarizar la lucha contra las drogas “solo puede deparar los desgraciados resultados en términos de violencia y abusos que se observan en otros países de América Latina”, como es el caso de México.

Allí, la ofensiva federal contra el narcotráfico que lanzó a finales de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón resultó en la muerte de más de 60.000 personas y la desaparición de otras 26.000 durante los siguientes seis años.

“La experiencia de los países de la región que han apelado a las fuerzas militares para enfrentar este problema, muestra una dudosa eficacia respecto al control de la oferta de narcóticos, pero invariablemente ha provocado un aumento en los niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos”, afirma el texto.

Finalmente destacan “los logros alcanzados en materia de control, prevención y tratamiento en los mercados y en el consumo de alcohol y nicotina”, que sugieren que podrían alcanzarse también respecto a “otras sustancias”.

Militarización, agencias federales y derribos de aviones 

A lo largo de la campaña presidencial antes de las elecciones del 25 de octubre, el candidato opositor Sergio Massa, un peronista disidente que integra el frente Unidos por una Nueva Argentina, ha sido el más agresivo en su discurso en cuanto al narcotráfico.

Sus propuestas incluyen una ley de derribo de aviones, la militarización de barrios humildes donde los grupos narcos penetran con mayor facilidad, y la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico.

“El narcotráfico para la Argentina es un riesgo de seguridad nacional”, sostuvo el candidato en una visita a un barrio humilde en las afueras de Buenos Aires el mes pasado.

Para Massa es necesario un “programa de seguridad ampliada” que incluye a “la Gendarmería, acompañada por el Ejército” para realizar un desembarco logístico en los barrios”. Prometió “dar combate y tomar control de los territorios que hoy están tomados por los narcos”.

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En la coalición opositora Cambiemos, que lleva a Mauricio Macri como candidato presidencial, el narcotráfico también está entre sus prioridades. En un acto el pasado 12 de septiembre, el intendente de Buenos Aires aseguró que “vencer el narcotráfico” será uno de sus “tres desafíos de Gobierno”.

“Hay que derrotar al narcotráfico porque está poniendo en crisis nuestra cultura, nuestras familias. También está corrompiendo nuestras instituciones, comprando política, Justicia, policías, funcionarios y hay que pararlo hoy. Por eso, vamos a ser el primer Gobierno que mire de frente este tema y le dé batalla desde el primer día”, manifestó el candidato.

El asesor de Cambiemos en materia de narcotráfico y coautor de Poder Narco, Eugenio Burzaco, sostiene que es necesaria una “profunda reingeniería” del “sistema de seguridad interior” para restablecer “la prevención y el control primario de la seguridad en las provincias y sus policías”.

Macri, al igual que Massa, también es partidario de una ley para derribar avionetas sospechosas de trasladar drogas ilícitas.

Por su parte, el candidato del gobernante Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien también gobierna la provincia de Buenos Aires desde 2007, apuesta a la creación de policías locales para combatir la venta minorista de drogas.

Ademas aspira a triplicar, en cuatro años, la cantidad de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura Naval, y establecer una fuerza militarizada urbana para contribuir a la lucha contra el narcotráfico.

El año pasado Sciolí sugirió reevaluar “el rol de las fuerzas armadas” en relación al narcotráfico “porque evidentemente es un problema de seguridad interior”.

La ley que regula la actividad de los militares veda las actividades para combatir la delincuencia dentro del territorio nacional, excepto “en aquellos casos excepciones en el que el sistema de seguridad interior le resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación”.

Los tres candidatos coinciden en la creación de una agencia federal destinada a la investigación de delitos relacionados con las drogas que unificaría los departamentos de investigación de las fuerzas federales bajo un comando central.

Narcotráfico en Argentina

Macri y Massa también coinciden con que Argentina se convirtió en un país de consumo, tránsito y producción de drogas.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no considera al país como productor de drogas, pero sí de tránsito.

“Brasil (especialmente desde 2010) y Argentina son los países de tránsito más mencionados en las confiscaciones más importantes de droga”, afirma el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, que elabora anualmente el organismo.

De acuerdo con el informe, entre 2005 y 2014, Argentina fue mencionada 2.101 veces como un punto en tránsito de cargamentos de drogas, un 18% que Brasil, el segundo más mencionado.

Aunque las condiciones ambientales en Argentina no son propicias para el cultivo de coca y no se han registrado plantaciones, la cercanía de las provincias norteñas de Salta y Jujuy con Bolivia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— y Paraguay —el principal productor de marihuana en América del Sur— las convierten en un campo fértil para que los narcotraficantes desarrollen sus actividades.

Mientras tanto, la percepción del tráfico y consumo de drogas va en aumento. Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa sobre en el país indica que ocho de cada 10 argentinos consideran al narcotráfico —y al abuso de drogas— como un problema”muy grave” para el país. La mitad de los encuestados, además, creen que son necesarias “leyes más duras” para luchar contra el narcotráfico.

En otro estudio sobre el tema, la Universidad Católica Argentina señaló que entre 2010 y 2014 se produjo un incremento de 50% en la percepción sobre la existencia de venta de drogas en los barrios.

Adam Dubove Adam Dubove

Adam Dubove es Director de Traducciones en el PanAm Post y conductor del programa radial Los Violinistas del Titanic. Síguelo en Twitter, @dubdam, y en su blog, Diario de un Drapetómano.

Panameños cuestionan gastos públicos con objetivos religiosos

By: Staff de PanAm Post - Sep 23, 2015, 11:46 am
Juan Carlos Varela programa otra visita al Papa Francisco (Panamaon)

Los panameños piden explicación al presidente Juan Carlos Varela sobre los gastos de fondos públicos en asuntos religiosos. El mandatario y su esposa, Lorena Castillo, han viajado al menos cuatro veces para visitar al Papa Francisco como si fuera un asunto político, es decir, financiados por el Estado. Además, se ha entregado durante los primeros seis meses de este año parte de los fondos discrecionales a organismos religiosos. Todos estos rubros no tienen un beneficio para el país, según la opinión de muchos panameños; con respecto a las visitas al Papa, la pareja presidencial sostiene que desean girar una invitación para que este realice una visita a Panamá. Al parecer, no han logrado concretarla, porque Juan Carlos Varela estará el 26 y 27 de este mes en Estados Unidos en el VIII Encuentro Mundial de Familias, en el que se presentará el Papa Francisco. Hace menos de un mes, Lorena Castillo fue a Cuba para encontrarse con el Papa y entregarle la carta. Hubo reacciones negativas como la de Carmen Boyd, dirigente del Movimiento de Destituidos por el Gobierno de Varela, quien sostuvo que no era necesario ir personalmente con los recursos del Estado hasta Cuba, pues podía enviar la misiva mediante mecanismos diplomáticos como el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Nunciatura Apostólica. "Cuando se hace una inversión pública o un gasto público, tiene que haber un beneficio para el país; yo creo que se equivocó y debió ser un viaje privado. No discuto ni cuestiono la fe y el compromiso de ella con el Papa, pero son discutibles sus beneficios", señaló el exviceministro de Gobierno, Alejandro Pérez. Considera que "solamente existe una satisfacción personal y espiritual, pero no es un asunto de Estado". El excandidato a la alcaldía de ciudad de Panamá, Fernando Cebamanos, cuestionó por el doble gasto que representan los viajes, expresó que "con esta serie de viajes, queda en evidencia que la actual postura de la pareja presidencial de la República no es la correcta o la adecuada a sus cargos". [adrotate group="8"] Por otra parte, el Gobierno panameño ha destinado partidas discrecionales a varias actividades religiosas. Esto genera preocupación entre los críticos de Varela, puesto que estos fondos, reservados para emergencias o rubros que, como dice el término, son a discreción del presidente, y su supuesta intención es la de financiar problemas de pobreza extrema, asistencia social o situaciones similares. No obstante, entregar US$1,678.031 a organismos católicos con fines meramente eclesiásticos representa una cifra demasiado alta, señaló Enrique Montenegro, presidente del Frente Anti-corrupción, quien afirmó que el presidente "debe entregar explicaciones sobre los gastos de las partidas secretas a  la Contraloría General de la República, a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a la Asamblea Nacional y a todos los ciudadanos panameños". Fuente: Panamá América. 

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