EnglishLa Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de Colombia, la policía y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, junto con enviados de la policía peruana, capturaron este 13 de noviembre en Cali al cabecilla de una red de crimen organizado, el peruano Rodolfo Orellana Rengifo.
Orellana, prófugo desde julio, es calificado como el principal delincuente del crimen organizado de Perú, y junto con su hermana, Ludith Orellana, era el líder de una extensa red criminal de apropiación de bienes por medio de la comisión de diferentes delitos de carácter patrimonial —tráfico de terrenos y lavado de activos—, y la intimidación y violencia en contra de sus víctimas.
El criminal más buscado por @PoliciaPeru cayó en #CaliCo aquí le estamos leyendo los derechos del capturado pic.twitter.com/K7kjfeV9Le
— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 13, 2014
La red con la cual Orellana realizó estafas por más de US$100 millones incluía a abogados, funcionarios judiciales, miembros de la policía (activos y retirados), notarios y burócratas.
El abril pasado, más de 25 periodistas de medios de comunicación peruanos denunciaron en una conferencia de prensa que sufrían acoso y demandas judiciales por investigar a esta red criminal.
Durante junio, la Procuraduría anticorrupción de Perú mostró documentos que ameritaban investigar a Orellana y su participación en un red criminal que operaba en el departamento de Áncash. La orden de captura contra Orellana se giró en julio después de meses de denuncias en contra el empresario.
Largo camino para la captura
En junio del 2005 Rodolfo Orellana Rengifo tuvo la primera denuncia en su contra. Durante ese año, Orellana perteneció al Colegio de Abogados de Lima (CAL), en el cual se le retiró la confianza debido a malos manejos del presupuesto de la organización, específicamente cuando estuvo en la Dirección de Economía. Orellana negó todos los cargos.
“Rodolfo Orellana Rengifo es un gánster jurídico que, a través de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus legítimas propiedades”
El mismo año el Ministerio Público de Perú inició investigaciones en su contra por la sospecha que comandaba una red criminal dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos. Giovanni Paredes, un empresario también de Perú, ha sido de las personas que más ha denunciado a Orellana desde entonces.
“Rodolfo Orellana Rengifo es un gánster jurídico que, a través de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus legítimas propiedades”, afirmó Paredes en septiembre de 2011.
Vacíos legales: Claves para la red de Orellana
Para facilitar el trabajo de su red criminal, Orellana creó la ONG Asociación de Jueces Unidos por la Democracia, que obtuvo un contrato para capacitar magistrados de Perú. Orellana también creó la revista Juez justo en la que difamaba a los fiscales, jueces y procuradores que lo investigaban y exaltaba en sus artículos a quienes lo encubrían.
La red de Orellana se aprovechaba de vacíos legales en la legislación de arbitraje. Iniciaba un falso proceso arbitral que usualmente terminaba en un laudo —resolución que dicta un árbitro y que sirve para resolver un conflicto entre dos o más partes— que declaraba el proceso como cosa ya juzgada. El propietario del inmueble de la supuesta disputa se enteraba del proceso cuando la sentencia ya había sido dada en los Registros Públicos y estaban a punto de desalojarlo.
Para que las sentencias fueran declaradas a favor de las operaciones de Orellana, su red contaba con el favor de un equipo de notarios, jueces, policías y funcionarios municipales. Por medio de este método más de 100 personas y asociaciones se han visto afectadas.
Otro método de estafas que la red de Orellana utilizaba era la creación de liquidadoras encargadas de fabricar deudas e hipotecas en bancos. Aprovechando otro vacío de la Ley Concursal, los criminales simulaban deudas bancarias de los propietarios, y a través del uso de testaferros —o presta nombres— de Orellana, forzaban los remates o embargos de los bienes.
La tercera herramienta de Orellana fue una serie de cartas-fianza emitidas de parte de una cooperativa denominaba Coopex. Estas cartas eran presentadas por empresas constructoras durante licitaciones para demostrar solvencia económica durante un proceso de licitación. Al ganar el proceso, y cobrar el adelanto por la obra, las empresas no cumplían y desaparecían. Se calcula que mediante este sistema criminal Orellana estafó al Estado peruano por más de SOL$56 millones (US$19 millones).
Coopex tenía en su nómina a exjueces, figuras políticas y personas vinculadas al narcotráfico y al tráfico de terrrenos. Entre ellos se encuentra el coronel peruano Benedicto Jiménez, abogado que actualmente permanece en prisión preventiva en Perú por su complicidad en el caso.
Editado por Elisa Vásquez