Cuatro mexicanos detenidos en Nicaragua junto con otros dos jóvenes ambientalistas -provenientes de Costa Rica y Argentina- fueron liberados la medianoche del lunes, luego de que el gobierno de Daniel Ortega desistiera de presentar cargos en su contra, confirmó Julieta Giménez Cacho, madre de uno de los detenidos.
Los detenidos fueron identificados como el mexicano Daniel Espinoza Giménez, de 25 años; el costarricense Byron Reyes Ortiz, 28 años; la argentina Ana Laura Rodríguez, de 27 años; y los mexicanos Salvador Tenorio Pérez, Emmanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Paccelli Chávez, los tres de 25 años.
También fueron arrestados los integrantes del Movimiento Campesino Abel Marenco, Pedro Mena, Migdonio López y una mujer no identificada.
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Giménez Cacho explicó que desde las 9:30 de la noche recibió una llamada del embajador de México en Nicaragua, Miguel Díaz Reynoso, para adelantarle que su hijo Daniel, así como los otros tres mexicanos, Eugenio Paccelli Chávez Macedo, Salvador Tenorio Pérez y Emmanuel de la Luz Ruiz, serían liberados en la frontera de ese país centroamericano con Honduras.
Acusan de mentiroso a Daniel Ortega
Los seis ambientalistas formaban parte de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir que recorrió todos los países de Centroamérica con el propósito de desalentar el uso de estufas de leña en comunidades campesinas y marginadas. Nicaragua era el último punto de su recorrido.
Los ambientalistas participaban en un proyecto con campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico y fueron detenidos el fin de semana por la policía de Nicaragua para investigar su responsabilidad en un accidente con explosivos que dejó un lesionado.
Las detenciones ocurrieron en el poblado La Fonseca, 200 kilómetros al sureste de Managua, una zona que será afectada por la proyectada construcción de un canal que unirá los océanos Pacífico y Caribe por el sur de Nicaragua. Según la policía, los extranjeros “realizaban manipulación de sustancias explosivas” sin autorización, lo que “constituye delito de exposición de personas al peligro”.
“Rechazamos categóricamente estas falsas acusaciones” y “llamamos a las autoridades a dejar libres de inmediato a los internacionalistas presos (y) a entregarles sus bienes, entre ellos la buseta en que se movilizaban”, exigió por su parte el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que se opone al canal, en un comunicado.
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Se estima que unos 27.000 campesinos serían desalojados de sus propiedades por el proyecto del canal, dirigido por la firma china HK Nicaragua Development Investment (HKND), que obtuvo la concesión en 2013.
El proyecto del futuro canal está pensado para ser tres veces más grande que el de Panamá y estaría listo en un período de cinco años a partir del inicio de su construcción, programado para fines de 2016, según HKND.
El gobierno de Nicaragua espera que el canal, cuyo costo está calculado en unos 50.000 millones de dólares, brinde empleo a 50.000 personas y duplique su PIB.
Fuentes: Aristegui Noticias, Univisión