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EnglishLa historia entre Argentina, el default, los tenedores de bonos y la justicia es de larga data; pero ahora la trama se ha complicado. Es que 21 estados de los Estados Unidos presentaron en conjunto ante el máximo tribunal de ese país un inédito documento en el que cuestionan al Gobierno de Argentina, e instan a la Corte a “fallar en contra” del país deudor para proteger los intereses de sus ciudadanos.
Según información del diario argentino La Nación, el escrito lleva la firma de los fiscales generales o adjuntos de los estados de Carolina del Sur, Alabama, Alaska, Arizona, Connecticut, Georgia, Hawaii, Iowa, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Texas y Vermont.
Argentina y su defensa
El Gobierno de Argentina había apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, basándose en la ley de inmunidad soberana extranjera, en un juicio que lo confrontaba con los fondos buitre. Para el abogado argentino, Paul Clement, debe revertirse el fallo que obliga a la nación sudamericana pagarle a los fondos buitre y a los tenedores de bonos al mismo tiempo.
Según Clement, es una ofensa a la soberanía argentina. “Cruza la frontera de Argentina obligándola a violar sus políticas de deuda soberanas e imponiendo que miles de millones de dólares de los activos soberanos, las reservas argentinas, se les paguen a los fondos buitre NML Capital Ltd y otros holdouts”, manifestó el letrado.
La parte demandante —fondos buitre NML y Aurelius, junto a otros 13 inversores minoritarios— busca cobrar el 100% de los bonos que poseían previo al default de Argentina durante la crisis de diciembre de 2001, en la breve presidencia de Adolfo Rodriguez Saa. Estos sostienen que no aceptaron el plan de canjes, propuesto anteriormente por el ex presidente Néstor Kircher.
La Argentina apeló al fallo del juez federal estadounidense Thomas Griesa, que obligaba al demandado a pagar la totalidad de lo adeudado. La apelación estuvo lejos de tener éxito, posteriormente la decisión fue incluso ratificada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Por su parte, la administración de Barak Obama ha expresado algo muy distinto a lo expuesto por los representantes de los 21 estados. Semanas atrás, el presidente estadounidense afirmó frente a la Corte Suprema estar «sustancialmente interesado en la correcta administración y aplicación» de la ley de inmunidad soberana (FSIA, por su sigla en inglés), sobre la que se basa buena parte del caso argentino.
Si bien Argentina tomó esta declaración como un “fuerte apoyo”; a principios de marzo, el Secretario General John Kerry contradijo esta postura y afirmó que el Gobierno estadounidense “no se colocaría” del lado de la Argentina en el caso de que la Corte le solicite una opinión para tomar una decisión. “Yo puedo responder eso muy rápido. Y la respuesta es que no, no lo haremos”, aseveró Kerry públicamente.
El 24 de marzo, los representantes del Gobierno de Estados Unidos no asistieron al cierre del plazo procesal. Quienes sí se presentaron fueron los representantes de los Gobiernos de Brasil, México, Francia, la ONG Jubileo, bancos como Gramercy y Puente, y hasta el premio Nobel Joseph Stiglitz para hablar en favor de la Argentina.
¿Qué le espera a la endeudada Argentina?
En estos momentos, se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos tome una decisión con respecto a si acepta o no acepte el expediente de Argentina, donde solicita que los fondos buitre no cobren la totalidad de los bonos. En caso de pronunciarse en contra, Argentina podría caer en un nuevo default por US$24 mil millones, según Clement.
Para el analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, Argentina tratará de extender lo más posible la sentencia final. “El monto en cuestión es solo aproximadamente US$4.000 millones, pero el problema es que si tienen que pagar eso se puede activar una cláusula para que el resto de las firmas también pueda reclamar el 100% y ahí el monto a pagar ascendería», explicó el economista argentino.
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