EnglishLos residentes de República Dominicana tendrán que pagar a partir del 15 de agosto un impuesto del 18% por las compras que realicen por Internet menores a US$200, según informó en un comunicado la Dirección General de Aduanas (DGA) el pasado 6 de agosto. Estados Unidos podría aplicar sanciones económicas, pues la norma infringiría acuerdos internacionales.
Esta normativa remplazará al decreto 402-05 vigente desde el 26 de julio de 2005 que dejaba libre de gravámenes a los productos comprados en línea como las “muestras comerciales, efectos personales y regalos no solicitados, cuyo valor sea igual o inferior a US$200” .
La Alianza Dominicana de defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECU) alzó la voz contra esta medida y, en conjunto con otras asociaciones de consumidores, presentó el lunes una acción de amparo colectivo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Según el comunicado de ASODECU, la medida establecida por el Gobierno dominicano es ilegal e inconstitucional, puesto que el decreto que rige hasta el 15 de agosto se encuentra en un marco legal superior que la disposición administrativa de la DGA.
Asimismo, la organización que defiende a los consumidores explicó mediante el aviso que esta nueva normativa estaría violando también los tratados de libre comercio vigentes entre República Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-CAFTA). Otros derechos vulnerados son la seguridad judicial y la separación de los poderes del Estado.
“Es inaudito y aberrante que una institución como Aduanas, de forma puramente administrativa, pretenda modificar el mandato expreso de un decreto, que por demás también formó parte de los acuerdos aprobados en el marco de la implementación del DR-CAFTA”, declaró el presidente de ASODEC, José Burdie.
“Hasta el momento el no cobro de los impuestos a las compras de mercancías importadas vía despacho expreso inferiores a los US$200 se debía a que los costos de la recaudación resultaban ser superiores a los ingresos fiscales reales. Sin embargo, hoy día, el crecimiento que han experimentado las compras por Internet implica un impacto fiscal considerable por la pérdida de los ingresos anuales, así como una distorsión de la competencia en el mercado local, generando también inequidad en el tratamiento a los consumidores”, se excusó la DGA a través del comunicado.
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— Cliente Dominicano (@ClienteRD) August 7, 2014
Apoyo y rectificación del expresidente
El expresidente dominicano Hipólito Mejía (2000-2004), apoyó en primera instancia la normativa que establece un impuesto a las compras por Internet y aseguró que eran necesarias para proteger el interés del Estado, de los comerciantes, de los consumidores y del sector productivo en general.
Sin embargo, Mejía se arrepintió de lo dicho y rectificó su postura a raíz de las abultadas críticas recibidas por los consumidores dominicanos. Además, la medida contaba ya con el rechazo de su partido y de su compañero politico, Luis Abinader.
Ahora, el político dominicano exige que se le aplique el tributo solo a aquellos importadores que utilizan Internet para realizar negocios fuera de la ley.
“El Gobierno debe mantener las exoneraciones de impuestos a las compras por Internet hasta US$200, a la luz del marco legal existente”, manifestó el exmandatario en un comunicado de prensa.
Consideró imprescindible no obstante que las autoridades de República Dominicana tome cartas en el asunto.
“Se requiere regular las compras por Internet para proteger al consumidor individual, compuesto por jóvenes y consumidores de clase media. Esa regulación deberá proteger el interés del Estado, los comerciantes y los sectores productivos nacionales de prácticas desleales”, indicó.
Mejía además expresó que la nueva medida es un claro interés del Gobierno de aumentar sus ingresos, pues ella “penaliza a los miles de ciudadanos que hacen compras menores de manera individual en el marco de la legalidad existente y como una manera de estirar su minúsculo presupuesto”, concluyó.
Posibles sanciones de EE.UU.
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Según el presidente de HM Consulting, Hiddekel Morrison, este país se estaría enfrentando a una posible sanción económica por impulsar la aplicación del tributo sobre las compras menores a los US$200.
Esto se debe a que la disposición de la DGA estaría infringiendo el acuerdo firmado entre Estados Unidos, países de América Central y República Dominicana.
“El DR-CAFTA prohíbe aumentar los impuestos, ya que protege a los productores de sus respectivos países”, señaló en una entrevista en el programa Doble Cara, afirmando luego que el nuevo tributo atenta contra la clase media y contra el comercio virtual.