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EnglishEn un comunicado publicado el miércoles 21 de octubre, la ONG ecuatoriana Fundamedios informó que la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) está en proceso de reversión de más de 300 frecuencias de radio y televisión de todo el país.
En el texto, la fundación que busca destapar los casos de censura en Ecuador, precisó que el ente estatal aseguró que las frecuencias habían obtenido su renovación por una autoridad “no competente”, y que por tanto deben ser revisadas so pena de que se revoquen las concesiones.
Entre los medios de comunicación que aparecen en la lista de la disposición transitoria de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) están, entre otras, Radio Sucesos, JC Radio en Quito, HCJB en sus distintas frecuencias en Quito, Machala y Ambato;Tropicana y Stereo Zaracay de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Todas sus licencias, explican desde Fundamedios, fueron renovadas automáticamente por funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones (exSupertel) entre 1995 y 1997. A pesar de ello, una comisión de Auditoría de Frecuencias sostuvo que esas renovaciones no eran válidas por “la ilegalidad de arrogación de funciones, que denota un abuso del poder por parte de funcionarios del exSupertel”.
Asimismo, explican que esto fue el resultado de una “irregularidad” y de ausencia de una adecuada fiscalización.
Las emisoras deberán presentar un documento de descargo, para defenderse, en un máximo de 30 días, como se los permite los artículos 75 y 76 de la Constitución ecuatoriana.
Desde la ONG aseguran que, según sus fuentes, había en principio una lista original de 158 estaciones de radio y televisión que aparecen en el Informe de la Comisión para la Auditoría, pero que se le añadieron al final del informe otras 228 frecuencias. En total serían 386 estaciones comprometidas.
Otorgamiento de licencias
La nueva modalidad de otorgamientos de frecuencias será por concurso. Así lo explicó Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom). Las frecuencias, entonces, no podrán ser ya renovadas sino que dependerán de la decisión del organismo estatal.
“Todos los interesados en tener un medio de comunicación tendrán que concursar”, sostuvo Barriga.
Para obtener la calificación de operación en el espectro radioeléctrico, las emisoras deberán presentar una serie de parámetros definidos por Arcotel, que es el organismo que nació como consecuencia de la Ley de Telecomunicaciones, promulgada el 18 de febrero de 2015.
Con este nuevo organismo, se suprimió la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. La nueva institución es responsable de la administración, regulación y control de todas las telecomunicaciones y tiene a su cargo la responsabilidad de gestionar el espectro radioeléctrico, al igual que sus aspectos técnicos.
En el plan nacional de frecuencias, el Arcotel indicó que “el Gobierno de la Revolución Ciudadana democratiza las frecuencias y universaliza las Tecnologías de la Información y Comunicación, para construir un Ecuador más equitativo, incluyente, justo y solidario”.
La concesión de frecuencias “se regirá por los principios de participación ciudadana y control social, a fin de fomentar la conciencia crítica de los medios y la promoción de ecuatorianos más activos”.
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Entre los parámetros para que el Estado conceda licencias, está el de garantizar el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad, mediante la diversidad de fuentes, contenidos y programas.
César Ricaurte, director de Fundamedios, le explicó a PanAm Post que entre las emisoras que están siendo evaluadas y con riesgo de perder la frecuencia hay varias “muy críticas al Gobierno”.
“Lo que notamos es que hay una intención de limpiar el espacio radioeléctrico para que el Gobierno comience a otorgar licencia sin un proceso transparente y claro”, sostuvo.
Además, destacó que el sistema dará lugar a que se otorguen licencias “discrecionalmente”, especialmente a sectores afines al Gobierno de Correa.
Arcotel depende directamente de la presidencia de la República; “no hay otro sector representado más que el Ejecutivo”. Este hecho no es aislado. Ricaurte expresó que esta decisión sucede en un contexto de abusos por parte del Gobierno hacia sectores independientes.
El proceso contra Fundamedios
Fundamedios recibió ataques por parte del Gobierno de Rafael Correa. La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador (Secom) había iniciado contra la ONG un proceso de disolución el pasado 8 de septiembre, por haber “incurrido en actividades de política partidista”.
Las autoridades de Fundamedios frente a esto, se acogieron al derecho a la resistencia, estipulado en la Carta Magna de este país, y sostuvieron ser víctimas de un atentado contra la libertad de asociación y contra la libertad de expresión.
Finalmente, la Secom archivó el caso el pasado 25 de septiembre, pero manifestó que lo hace “bajo una ultima advertencia”, con el objeto de que “esta organización social respete sus normas estatutarias, en especial, la prohibición de ejercer asuntos de índole político, evitando levantar alertas infundadas”.
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