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EnglishNuestra región tiene el dudoso mérito de ser considerada como la más desigual del mundo. El fenómeno, en realidad, es sumamente complejo, y no puede ser reducido a una sola causa pues son muchos los factores que intervienen en este resultado, desde lejanos antecedentes históricos hasta eventos culturales, económicos y políticos más recientes.
En todo caso, la desigualdad no proviene simplemente de la existencia de una élite económica que se apropia de todos los ingresos, pues la economía no es un juego “suma cero”, donde lo que ganan unos lo pierden otros, sino una compleja red de relaciones sociales que crea constantemente riqueza. Mi propósito, en este breve artículo, es destacar –entre múltiples factores – dos causas que, sin duda alguna, estimulan y consolidan la desigualdad de los ingresos.
La primera de ellas es la inflación. La inflación ha sido un subproducto típico de las políticas económicas de casi todos los gobiernos de América Latina, que aumentaban sin medida la masa monetaria en circulación, devaluando de hecho la moneda y haciendo que los precios subieran de un modo incesante. Pero cuando hay inflación no todos los precios suben al mismo ritmo y este ascenso inmoderado no afecta a todas las personas por igual.
Los salarios, por ejemplo, raramente alcanzan la escalada de los precios y, en todo caso, lo hacen siempre con retardo: los sueldos y salarios no se ajustan diariamente, sino a intervalos que pueden ser hasta de un año o más. Mientras lo hacen, claro está, pierden capacidad adquisitiva y van empobreciendo de modo paulatino a quienes los reciben.
Pero además, y como es evidente, la inflación causa la pérdida del valor de los ahorros, pues las mismas cantidades pasan a valer cada día menos y nunca – por la experiencia histórica que conocemos – se remuneran con intereses capaces de compensar el aumento de los precios. Jubilados, pensionistas y rentistas van quedando rezagados y perdiendo los ahorros de todas sus vidas, que pueden desaparecer por completo cuando se producen episodios de hiperinflación o inflaciones altas durante varios años consecutivos. Lo saben bien argentinos, peruanos, venezolanos, nicaragüenses y muchos otros latinoamericanos que han sufrido en diversos momentos de su vida esta triste realidad.
No todas las personas se ven afectadas, sin embargo, por este cruel flagelo: los más ricos, los que poseen ahorros en el extranjero o empresas que venden productos cuyos precios pueden ajustarse con facilidad, escapan a los efectos de la inflación y, más aún, pueden obtener a veces buenos aumentos de sus ingresos reales.
Se produce así un distanciamiento entre diversos sectores de la población: unos pocos mantienen o mejoran sus condiciones de vida, mientras la gran mayoría de los asalariados y de quienes poseen ahorros en moneda local se empobrecen día a día.
La brecha entre “ricos y pobres” se hace mayor cuando los gobiernos impulsan políticas que –bajo el inicuo pretexto de favorecer a los pobres- generan constante inflación. Los casos actuales de Argentina y Venezuela son ejemplos palmarios de esta lamentable distorsión.
Hay otra causa, también generada por los gobiernos, que contribuye a la desigualdad social. Se trata de los altos impuestos y de las múltiples reglamentaciones y restricciones que se imponen a la creación y funcionamiento de nuevos emprendimientos, creando una división entre un sector formal y otro informal de la economía.
Las personas más pobres que intentan superar su situación por medio de iniciativas empresariales se ven impedidas de hacerlo, pues no pueden pagar los altos costos que significan entrar y permanecer en el mercado formal. No tienen acceso al crédito ni a capitales, no pueden expandir sus pequeñas empresas y se ven marginados de la corriente principal de la economía, sin poder invertir en nuevas tecnologías y pagando, consecuentemente, salarios más bajos que en el sector formal.
Estos dos fenómenos que acabamos de reseñar son bien conocidos y han sido estudiados en profundidad por varios autores de la región. La mayoría de los gobiernos se empeña en propugnar políticas sociales que tratan de transferir la riqueza de los más ricos a los pobres, en vez de atacar y combatir las principales causas, de las cuales ellos son culpables.
Poco o nada se adelanta por esta vía, pues lo que se hace es retardar el crecimiento de la economía, aumentar la burocracia y crear fuertes lazos de dependencia hacia los políticos por parte de quienes reciben las ayudas gubernamentales. Mejor sería, como la experiencia indica, que la desigualdad se enfrentara enfocándose en las causas del problema, dos de las cuales son las que acabamos de señalar: la inflación y las absurdas reglamentaciones que impiden el desarrollo de las pequeñas empresas.
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