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Una de las razones por la que estoy a favor de menos Gobierno, es que pueden los industriales apropiarse de él”. —Milton Friedman
Hoy se confirmó la sanción por US$150.000 contra la empresa Uber en Colombia. Esta empresa nos ha mostrado con su rápido crecimiento en el mundo, qué tanto están los Gobiernos locales y nacionales a favor de monopolios empresariales. En los países que ha entrado, ha recibido un enorme apoyo de los usuarios (que salen masivamente a usarla), al tiempo que una férrea oposición por parte de los Gobiernos controlados o sometidos por el gremio de taxistas.
Aunque parece simple, esta enorme oposición no es más que una confabulación de empresarios del transporte contra sus trabajadores y los usuarios. Demostraré que la oposición a Uber va en contra, especialmente, de los conductores de taxi —pues la economía es contraintuitiva—, y que los taxistas que salen a paro en contra de Uber, no se enteran que directamente están afectando sus propios intereses.
Los gremios en cada país han logrado de manera eficiente hacer que los Gobiernos declaren el transporte como un “servicio público”, haciendo que se generen regulaciones a su favor, en contra de los usuarios y la competencia. Este eufemismo, en términos económicos, se ha traducido en el nacimiento de “cupos” —permisos para trabajar en transporte público— para ingresar en este mercado, en una clara restricción de la oferta.
El precio de estos cupos ha crecido históricamente en todos los países, haciendo cada vez más difícil la entrada a este mercado por parte de personas sin capital. A su vez, el aumento del capital necesario para adquirir un permiso, hace que los compradores requieran un retorno proporcional a su inversión. En otras palabras, la cantidad de recursos que debe salir de su inversión (permiso + vehiculo) debe ser mayor, para que su inversión sea rentable.
[adrotate group=»7″]Ahí es donde entran las víctimas (de esta alianza público-privada): por un lado los taxistas y por el otro los usuarios. Por el lado de los taxistas —personas generalmente humildes— se genera una enorme presión para generar la rentabilidad del capital; esto es, enormes tarifas de liquidación (dinero que se entrega al dueño del taxi cada día) que presionan al trabajador a tope, ya que no sólo deben pagar estas tarifas, sino también deben buscar sus propios ingresos. Por el lado de los usuarios, la imposibilidad de nueva competencia genera que los empresarios actuales puedan prestar un servicio de mala calidad, ya que no existe alternativa.
Son tales las malas condiciones de los taxistas, que se necesitó el decreto 1.047 de 2014, para obligar a las empresas a garantizar la seguridad social a los conductores. Este decreto, único en su tipo (imaginen un decreto que obligue a pagar a la seguridad social a cada sector) no es más que la confirmación de las malas condiciones que tienen los trabajadores de este sector.
Allí es donde entra Uber y otras aplicaciones a eliminar estas restricciones en la oferta, favoreciendo a usuarios y trabajadores. Por el lado del usuario, la posibilidad de elegir una alternativa diferente ha mejorado de manera sustancial su satisfacción en el servicio de transporte. En Uber se tiene la posibilidad de calificar tanto al usuario como al conductor, generando una confianza mutua en el servicio.
Por el lado del conductor, se elimina la barrera de capital creada por el Gobierno. Para entrar a Uber no se necesita pagar ninguna cantidad de dinero, ya que no existen “cupos”. Por ende, la posibilidad de pasar de trabajador a capitalista, es mayor. Así mismo, en Uber no se paga liquidación al día —25% de la tarifa—, lo que aumenta considerablemente sus ingresos, puesto que la liquidación del taxi es aproximadamente 54% de los ingresos, permitiendo que taxistas puedan comprar su propio vehículo y trabajar por menos tiempo y con mayores ingresos.
Es por eso que no se explica cómo el senador Jorge Enrique Robledo, que hace parte del partido Polo Democrático (de izquierda) ha tomado la vocería en contra de esta aplicación. Su alianza con el empresario del transporte Uldarico Peña es evidente, como lo ha sido con otros sectores empresariales —tales como el azúcar o el café. Robledo, al parecer, ha olvidado una de las tesis que defiende la izquierda —para mí, errada— denominada “debilidad del trabajador” y se ha lanzado de frente a proteger el capital.
Invito a la sociedad civil colombiana a defender su libertad económica. Nadie nos puede imponer desde el Estado cuál es el mejor servicio para transportarnos. Somos ciudadanos mayores de edad y podemos elegir.
Así mismo, hago un llamado a desconfiar de los políticos de izquierda y de derecha, ya que tienden a aliarse con empresarios y en contra de los consumidores. Uber es muestra de lo frágil que puede ser nuestra libertad de elegir y lo preparados que debemos estar para protegerla.
Andrés Ortiz Rico es un abogado colombiano, graduado de la Universidad de Antioquia, y estudiante de economía en la Universidad EAFIT de Medellín. Es libertario, y se desempeña como coordinador local de Estudiantes por la Libertad Colombia. Síguelo en @suramerican.
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