Por Juan Felipe Cuéllar Pinzón
¿Qué tan eficiente es el Estado colombiano a la hora de alimentar a los necesitados? Algunos de los últimos episodios que ha conocido la opinión pública son ilustrativos.
El 31 de marzo, de 2016 se supo de la farsa montada alrededor de un refrigerio escolar en Aguachica, Cesar, donde unos niños fueron fotografiados con alimentos que no pudieron consumir ya que la comida era mera utilería escenográfica.
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El 4 de abril, más de 200 estudiantes resultaron intoxicados en Arauca debido, supuestamente, a los alimentos suministrados por el programa de alimentación escolar.
Y no podemos olvidar el resultado de la auditoría realizada en el 2015 por el Comité Transparencia por Santander a la gobernación de ese departamento y a la Alcaldía de Bucaramanga, en los cuales se evidencia la falta de experiencia de los proveedores de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según el informe, se hizo una licitación con los requisitos ajustados para beneficiar a un solo oferente, y se establecieron cronogramas “exprés” con una fecha límite amañada y horarios no hábiles para presentarse a la convocatoria.
El pasado 4 de abril, se contrató finalmente el programa PAE para Santander con un contrato por 23 mil millones de pesos para alimentar a 100 mil niños de 82 municipios. Esto se hizo bajo la batuta del gobernador de Santander, Didier Tavera, y con solo un oferente habilitado.
El PAE de Santander presenta la receta de un descalabro casi inevitable en las arcas gubernamentales. Y el contribuyente pagará los 500 mil millones de pesos al año en sobrecostos de corrupción. Es el costo de mantener a los pseudo-empresarios de la contratación, quienes ganan contratos gracias a unas condiciones exigidas que solo ellos pueden cumplir.
¿Hay alguna manera en se puedan llevar a cabo los procesos licitatorios y garantizar la calidad de de alimentos escolares financiados por el Estado?
Bolsa mercantil
La ley colombiana (Ley 80, decreto 1157 del 2007) brinda un mecanismo de negociación que, aunque poco conocido y menos usado por los gobernantes nacionales y locales, puede ayudar a prevenir la corrupción y el desperdicio en las contrataciones estatales. Este mecanismo es la contratación abreviada, la cual puede realizarse en la Bolsa Mercantil de Colombia, escenario idóneo en temas de contratación.
La Bolsa Mercantil es una empresa mixta, creada en 1979. Solo las firmas comisionistas afiliadas están autorizadas para realizar operaciones financieras y compras públicas, a través de las cuales las entidades estatales pueden adquirir productos y servicios por medio de un sistema de “bajastra” o puja a la baja.
Los diferentes oferentes seleccionados participan en una operación a viva voz. Se escoge el que presente el precio más favorable a la institución, sin demeritar la calidad del producto. Al proveedor se le exige la prestación de un excelente servicio a un muy buen precio
Para asegurar el compromiso del proveedor, la Bolsa Mercantil exige unas garantías monetarias con base en el porcentaje del valor total de la negociación. El monto establecido es consignado en las cuentas de la Bolsa Mercantil, y dichos dineros se reembolsan una vez sea cumplido a satisfacción la totalidad del contrato.
Casos exitosos en programas de alimentos
Desde hace más de cuatro años, la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá ha realizado sus compras a través de la Bolsa Mercantil con muy buenos resultados, garantizando calidad la adquisición de productos de buena calidad a un bajo costo para sus programas de alimentación en jardines infantiles, casas de paso y población vulnerable.
Así mismo, el pasado 14 de marzo, la Gobernación del Huila acudió por primera vez a la Bolsa Mercantil, buscando obtener productos para su Programa de Alimentación Escolar. De tal manera, la gobernación les ahorró a los contribuyentes más de $2.000 millones de pesos.
En este momento, la gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Neiva también contratan de manera transparente por medio de la Bolsa Mercantil.
Es un gran alivio ver cómo el dinero de los contribuyentes es usado de una manera más responsable por medio de este mecanismo de contratación transparente y eficiente. Ojalá más empresas públicas y privadas se sumen a este tipo de negociaciones en la Bolsa Mercantil, y que con estos ahorros logremos mejorar los balances de las empresas estatales. Los contribuyentes notarán el cambio en sus bolsillos y lo agradecerán.
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Esperemos no ver más escenas de niños entrando en manada a los centros de salud por causa de los malos alimentos que reciben en los colegios públicos. Tampoco queremos oír noticias de corrupción en licitaciones acomodadas. Para que estas sean cosas del pasado, hay que usar los mecanismo diseñados para garantizar la calidad y el ahorro en las licitaciones públicas.
Juan Felipe Cuéllar Pinzón es economista y asesor de AGROBOLSA, firma comisionista de la Bolsa Mercantil de Colombia.