Por Louis Kleyn
Después de estos largos cuatro años, el equipo negociador del Gobierno ha regresado a casa con un Acuerdo con los jefes de las FARC. Esta organización ha constituido un problema de seguridad en diversas zonas del país desde su origen en los sesenta; pero con especial relevancia desde los noventa cuando se fortalecieron gracias al cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína. El “problema FARC” y la búsqueda de su solución ha estado en la mira de todos los gobiernos desde el de Belisario Betancur. Los colombianos, siempre preocupados por los altos niveles de violencia, han estado atentos a la erradicación de los grupos armados, cualquiera que sea el procedimiento.
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Tras los éxitos militares del gobierno de Alvaro Uribe, el inicio de las conversaciones en La Habana tomó a muchos por sorpresa. El comportamiento cruel de las FARC con secuestrados y soldados emboscados todavía estaba fresco. La sede, La Habana, con el patrocinio del gobierno cubano, que a su vez no comparte los valores democráticos, ni la libertad de expresión, ni la libre empresa, y donde persiste el mito oficial según el cuál un pequeño grupo de hombres, barbudos y vestidos de verde, con ferrea voluntad lograron derrocar un gobierno y encauzar una sociedad por un camino totalmente distinto, no hubiese parecido el lugar adecuado para tal negociación.
Los preliminares de las conversaciones tampoco fueron auspiciadores. Para darle mayor trascendencia al momento “histórico” y justificar los sacrificios que vendrán, el gobierno se dedicó a agrandar el “problema FARC”, hablando de “52 años de guerra” y endilgándole al conflicto con este grupo decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados, que en realidad han sido consecuencia de la violencia con múltiples orígenes. Los negociadores del gobierno, ilustrados políticos profesionales y educados literatos, consentidos por una cómoda crianza, no parecieron contrincantes válidos para los lideres guerrilleros, forjados en la adversidad, inescrupulosos y astutos, poseedores de extraordinarias personalidades que les permitieron progresar y triunfar dentro de una organización violenta marginada de la ley. Los negociadores de las FARC con impecable sangre fría estuvieron dispuestos a alargar las conversaciones sin límite de tiempo, hasta quebrar la paciencia del gobierno y de sus negociadores, que en cambio sentían como malgastaban su vida en Cuba.
Cuando los diálogos superaron el tiempo que hubiese podido ser considerado suficiente, por ejemplo 6 meses, se entendió que el asunto evolucionaba mal para el gobierno y que las FARC no cederían fácilmente a sus pretensiones ni aceptarían los objetivos mínimos que buscaba el Presidente. El resultado final fue un Acuerdo que por sus alcances es casi inverosimil. De un lado están los temas concretos, imposibles de aceptar en una democracia: las diez curules automáticas en el Congreso hasta el 2026, sumadas a las 16 por circunscripción especial, la gran financiación del estado para su sostenimiento, difusión política y acceso a medios masivos de comunicación, y el perdón a todos sus crímenes.
El problema de estos privilegios para comprobados criminales es que el país percibirá una enorme injusticia. La gran masa de población trabajadora que se esfuerza diariamente por uno, dos o tres salarios mínimos; los grupos que recientemente han liderado protestas pacíficas buscando modestos incrementos en sus ingresos, como los camioneros, los agricultores, los maestros, etc.; los presos por delitos menores; y hasta los mismos asesinos y delincuentes de cuello blanco, cuyos graves delitos pueden ser aún inferiores a los de los guerrilleros. Realizando una de tantas comparaciones inevitables, ¿será constructivo para la sociedad que el exministro Arias este condenado a 17 años de prisión mientras los jefes de las FARC entrarán al Congreso por los próximos 10 años? Un sistema de justicia debe guardar alguna proporcionalidad, el trato de unos a otros no puede diferir radicalmente, pues el sistema completo se desmorona.
De otro lado están los temas más “abstractos”, como la categoría “Constitucional” de los Acuerdos, como su incomprensible y caprichosa normativa, y la preeminencia que la llamada “Justicia Transicional” pueda tener sobre la justicia ordinaria. Así como los numerosos compromisos del gobierno para distribuir 3 millones de hectáreas y demás. Todo esto generará una gran incertidumbre jurídica, dentro de una institucionalidad ya caótica y colapsada, y también dará excusas posibles a las FARC para decir que “el estado” incumplió el Acuerdo.
Invitar al seno de nuestra frágil pero en todo caso funcional democracia a quienes no creen en las reglas del juego y tienen una clara propensión al uso de la violencia y la intimidación, junto con una portentosa “fuerza de la voluntad”, es un error magno; los patrones de comportamiento individual no varían sustancialmente a través de una vida; por ejemplo, el historial crediticio de una persona es el mejor predictor de su comportamiento futuro; los jefes guerrilleros no van a “volver a nacer” cuando sean Congresistas. Rafael Caldera, egregio representante de la tradicional clase educada venezolana indultó generosamente al teniente Hugo Chavez, quien aprovechando la democracia que despreciaba y que había tratado de asaltar con el golpe de estado, consiguió hacerse Presidente pocos años más tarde para luego permanecer indefinidamente. Al cabo Adolfo Hitler, quien trató de imponerse por la fuerza, lo indultó un progresista gobierno socialista y el muy aristócrata General von Hindenburg le abrió las puertas de la Cancillería, que él aprovechó para cerrar definitivamente las de la democracia.
El presidente Santos, quien ha invertido un enorme esfuerzo personal en resolver el “problema FARC” y quien hace eco de un deseo de la gran mayoría de colombianos de desarmarlos y contribuir a disminuir la violencia, podría tomar una postura menos apasionada y más neutra frente al plebiscito. Si el electorado colombiano en uso de su legítimo derecho democrático rechaza el Acuerdo, el gobierno tendría un claro mandato para renegociar, aunque por supuesto esto tomaría más tiempo. Desafortunadamente ese no ha sido el planteamiento.
Entonces, ahora nos abocamos a una extraña disyuntiva. O votamos para que las FARC entren al Congreso hasta el 2026 o, de acuerdo al exPresidente Gaviria, convertido por fuerza de las circunstancias en vocero de las FARC, éstas descargarán toda su furia sobre el campo y las ciudades colombianas. ¿Triunfa la extorsión?
Louis Kleyn es colombiano, ha pasado más de 25 años trabajando en inversiones bancarias. Actualmente es miembro del Colombian Derivatives Market, y es miembro supervisor del Guarantee Fund of the Colombian Stock Exchange. Esta nota fue publicada previamente en Portafolio.