EnglishHonduras, país centroamericano con una población de 8,3 millones de habitantes, de los cuales siete de cada 10 son menores de 30 años, libra actualmente una lucha contra uno de los mayores flagelos que aqueja su economía y seguridad: las extorsiones ejecutadas por las pandillas o “maras”, como se les conoce regionalmente.
Las pandillas son conformadas por personas de todas las edades, pero en su mayoría jóvenes adultos que han crecido en este ambiente en las periferias de las ciudades más grandes del país, como la capital, Tegucigalpa, San Pedro Sula, o La Ceiba.
Su modus operandi ha ido evolucionando, en la década de los 90, sus ropas y tatuajes los distinguían de la población en general, pero luego del Gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2005) en el cuál se estableció una polémica ley llamada “antimaras” esto cambió, y no sólo en su peculiar vestimenta, sino también en la profesionalización de su organización, hasta llevarlos a convertirse en lo que son hoy en día: complejos grupos que sostienen sus estructuras a base de extorsión.
Niños para extorsionar
A raíz de la anteriormente mencionada ley “antimaras”, las penas por extorsión son más severas, alcanzando hasta 50 años de cárcel por este delito; es por ello que estas organizaciones criminales usan ahora a niños en edades que oscilan ente los 12 y 17 años para cobrar y negociar las extorsiones con sus víctimas, quienes en su mayoría son comerciantes y transportistas; esto lo detalla un reportaje emitido por la cadena inglesa BBC.
Según la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), en el presente año han sido detenidas 355 personas por extorsiones, de las cuales 112 son menores de edad, estos últimos no alcanzan la cárcel sino centros de internamiento, los cuales cuentan con una débil estructura tanto física como de reinserción a la sociedad, por lo que los internos pueden escapar fácilmente y volver a su labor delictiva.
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El estímulo económico que estos menores reciben es 10% del total de la extorsión cobrada o negociada por la mara, además de beneficios de protección, drogas y pertenencia dentro de la estructura delictiva, y este aspecto se nutre más, ya que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 800.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Los cuerpos de inteligencia han endurecido las operaciones y orientado campañas de prevención en centros educativos para evitar que menores caigan en las garras de la delincuencia común y organizada.
“Son carnada”
PanAm Post contactó a una habitante de una de las zonas más pobladas por pandillas en San Pedro Sula, el sector Planeta. La testigo, que pidió mantenerse en el anonimato por seguridad, dijo que estiman que se ha incrementado entre 40% y 50% la participación de menores en las pandillas y que son usados como carnadas por los líderes de los grupos delictivos.
Respecto a sus funciones y manejo de recursos dijo: “Del mismo dinero que cobran, sobreviven; a ellos los visten, comen y no roban, ellos cuidan la comunidad; si viene alguien extraño, ellos están vigilando”.
Sobre cómo la comunidad lleva la situación de la extorsión, la habitante de Planeta manifestó que cada negocio tiene ya un día fijo y hora para pagar la cuota establecida, para que el menor asignado haga la tarea de la recolección.
Por otro lado, la fuente dice que los niños son utilizados como “carnada” , pues al momento de un problema con la policía nadie de la mara lo defenderá. Además relató que muchos de estos niños llevan una vida “normal” asistiendo a la escuela o colegio donde tienen ganado respeto y temor por parte de sus compañeros.
Respecto a cómo esta actividad delictiva afecta el comercio en la zona, manifestó que es difícil tener éxito en algún negocio para quienes comienzan, pues la ganancia monetaria diaria, puede ser igual al monto de la extorsión, así que eso ha obligado a varios a irse del lugar.
La educación como prevención
PanAm Post visitó el Barrio Suncery de San Pedro Sula, lugar que es conocido por su alta venta y consumo de drogas. En este lugar se ubica el programa de la iglesia católica llamado Amigos Para Siempre (APS) que por 24 años ha asistido a los menores de este vecindario, alejándoles de la droga, prostitución y delincuencia en general.
Este programa atiende una población de 262 niños que atienden diferentes actividades manteniéndose lejos de las actividades nocivas para su desarrollo integral. Respecto al diario vivir de los niños del barrio que asisten al programa tienen una vida normal, con sus carencias y dificultades a nivel académico y emocional, pero que el programa trata de reducir los daños.
Uno de los paliativos que ofrece el programa es integrar a procesos de educación alternativos a los niños que el sistema educativo rechaza ciertos comportamientos y limitaciones de aprendizaje, con lo cual el menor queda en la calle, por lo que APS procura que este niño no se quede allí y se mantenga ocupado y con educación alternativa.