EnglishLa censura y autocensura se consolidan en Venezuela como parte del ejercicio rutinario del periodismo. Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) publicado este lunes advierte que el Estado es el principal censor de los medios del país: al menos 79% de los periodistas encuestados por la organización alegan que las instituciones del Estado les han negado el acceso a la información pública; 42% aseguran haber sido presionados desde entes oficiales para la modificación de sus productos; y 44% se han visto obligados a rectificar informaciones corroboradas, tras su publicación, debido a las presiones de entes públicos.
Los resultados provienen de La orden es el silencio: Estudio 2014 Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela, el cual se aplicó con rigor estadístico sobre 225 periodistas de medios privados (89%), comunitarios (5%), estatales (3%), e independientes (3%), en los 13 principales Estados de Venezuela, entre el 1 de agosto y el 5 de septiembre de 2014.
Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, destacó como preocupante uno de los principales diagnósticos del análisis: 34% de los periodistas reportan órdenes directas de censura de parte del poder Ejecutivo, seguido del poder Judicial (17%), del poder Legislativo (14%), del poder Moral (7%), y del poder Electoral (6%).
El estudio también registró órdenes directas de censura por parte de grupos económicos privados (16%); de grupos políticos (8%); de grupos de delincuencia organizada (6%); de agrupaciones sociales independientes (3%); y de organizaciones de la sociedad civil (1%).
“Las tendencias generales del estudio dan forma al fenómeno de la censura como un paraguas que no solamente llega a suprimir informaciones y opiniones, sino que afecta los fundamentos de la libertad de expresión. De tal forma que el acceso a la información pública, las garantías judiciales y administrativas, y las condiciones para el ejercicio periodístico, se tornan un territorio prohibido y criminalizado”, indicó Balbi por medio de un comunicado.
El balance del estudio asegura que la recurrencia de los casos de censura deben significar “un primer llamado de atención que necesita respuestas, no sólo para preservar las libertades periodísticas, sino para garantizar los principios básicos de la democracia”.
En ese sentido, el informe también revela que el 93% de los periodistas consultados piden la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública que garantice el mandato constitucional en contra de la censura proveniente del Estado y sus funcionarios.
“Esto sería un instrumento que le daría mucha seguridad a los periodistas al momento de exigir la información”, remarcó Balbi, quien indicó que el Gobierno venezolano ha lanzado políticas ambiguas en este sentido, al sacar una ley como la de Infogobierno, pero crear instancias como la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) y el Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (CESPPA). “Los decretos de fundación de estas dependencias contienen disposiciones que estimulan la opacidad informativa y restringen el derecho de los ciudadanos a conocer asuntos que son de interés público”, sostiene el balance del estudio.
Los guardianes del silencio
Más allá de órdenes directas de censura, el silencio como política es uno de los mayores diagnósticos que hace el estudio. El 79% de los periodistas reclaman que el Estado les ha negado información de interés público, y la situación se repite en instituciones privadas según el 32% de los periodistas.
También generan obstáculos al ejercicio actores no estatales como grupos paraestatales o paramilitares (27%), organizaciones de delincuencia organizada (27%), así como en grupos de manifestantes violentos (23%).
Durante la presentación, Ronny Rodríguez, corresponsal del IPYS en el Estado de Monagas, sostuvo que la censura impuesta directamente funciona como estímulo para que más fuentes e instituciones se autocensuren por miedo a la actuación del Gobierno en su contra. Señaló el ejemplo de los centros de salud en Monagas, donde doctores o representantes se niegan a ofrecer declaraciones sobre la situación de salud de la región con respecto a enfermedades como el chikungunya, cuyos datos de propagación han sido fuertemente restringidos por el Gobierno.
Ante el riesgo, la autocensura
“Al final estas presiones tienen un fin, que es que los periodistas lleguen al silencio”, resumió Mariengracia Chirinos, coordinadora de la investigación.
Balbi y Chirinos destacaron con preocupación que 29% de los participantes dijeran que por voluntad personal han decidido no publicar una información de interés público por pensar que el medio donde trabaja no la difundiría; 28% afirmaron que lo ha hecho para no exponerse a amenazas contra la seguridad o integridad personal; 24% alegaron que se autocensuraron por el interés de proteger a una fuente, y otro 24% por posibles situaciones que puedan exponer al medio o al periodista a ser demandado.
La integridad del periodista bajo amenaza
Con respecto a los ataques a la integridad física de los periodistas, 54% de los encuestados experimentaron amenazas verbales o escritas, 47% acciones de intimidación física o verbal, 26% agresiones por parte de manifestantes, 19% agresiones físicas por parte de los ciudadanos, y 13% agresiones físicas por parte de autoridades públicas.
En la presentación, Marianela Balbi destacó que el conjunto de intimidaciones y de actos de censura en contra del ejercicio de la profesión de periodista, ha devenido en un desprestigio de la misma, y que la visión de los periodistas como parte del conflicto sociopolítico venezolano no los deja exentos de las agresiones en el polarizado país, e impide que los profesionales ejerzan, como un intermediario, su papel contralor.
Balbi sostuvo que toda esta serie de nuevos sistemas de censura obstaculizan finalmente el acceso de los ciudadanos a la información oportuna, en detrimento del ejercicio ciudadano de la democracia, sobre todo de cara al Estado.