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EnglishEl relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, denunció presiones del Gobierno de México para que alterara los resultados de una investigación que concluyó que la tortura en el país es «generalizada» y prácticamente queda impune.
Después de que el Gobierno mexicano señalara públicamente que la labor del relator no fue profesional y ética, Méndez defendió los resultados originales del informe y los calificó de justos y objetivos en un oficio del 1 de abril dirigido al representante permanente de México en la ONU, Jorge Lomónaco.
El informe de Méndez, presentado el pasado 9 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, fue elaborado después de que una misión de la relatoría visitara el país entre abril y mayo de 2014. La evaluación, previamente solicitada por México, analiza 14 casos actuales de denuncias de torturas, 25 ocurridos entre 2012 y 2013, así como otros presentados en años anteriores.
“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, sostuvo el relator en su entrega. «Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces», continúa.
El mismo día de su publicación, el embajador de México ante la ONU negó los hallazgos del informe y dijo que este «no corresponde con la realidad”.
Al día siguiente de la presentación del informe, el canciller mexicano, José Antonio Meade, rechazó los resultados y aseguró que de los 14 casos estudiados por la relatoría, 13 ya presentan avances importantes para su debida atención.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dio un pasó más el pasado 24 de marzo, cuando aseguró que el trabajo del relator no fue “profesional ni ético”, y además se adelantó a decir que otros países dejarían de invitarlo a hacer visitas similares.
El martes pasado, 30 ONG agrupadas en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos manifestaron su rechazo e indignación ante las declaraciones de los voceros de la Cancillería en una carta enviada el presidente Enrique Peña Nieto. En esta, calificaron de inaceptable que el Gobierno niegue los resultados del informe, debido al aumento de las denuncias y la apreciación de patrones de conducta que perpetúan estas violaciones.
La coalición de ONG promueve el uso del hashtag #MexicoNiegaTortura en las redes sociales.
Expresiones de @JMGomezRobledo manifiestan preocupante retroceso de política exterior http://t.co/KBDwZwWTEw pic.twitter.com/sadyy1f0fB
— CMDPDH (@CMDPDH) March 31, 2015
México presionó por un resultado distinto
En su carta de este miércoles al embajador permanente en la ONU, Méndez sostiene que arribó a la conclusión del informe «con mucho pesar», pero que aún ratifica el resultado obtenido debido a que el Gobierno de México lo invitó al país para realizar una evaluación sincera.
«Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe o incluso ahora cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación”, dice el relator en la comunicación.
El diario El Universo informó que durante el año de elaboración del informe las autoridades mexicanas intentaron persistentemente incidir en el trabajo de Méndez.
“Durante todo el año pasado nos sentamos a platicar con el relator, tanto de manera directa como por escrito, pidiéndole que reconsiderara el uso de ese término [«generalizada»] y pidiéndole también que nos documentara las denuncias que hubiese recibido durante su visita en México”, admitió el miércoles el subsecretario para Asuntos Multilaterales, Gómez Robledo, en rueda de prensa.
El vocero explicó que la aseveración del informe tiene repercusiones importantes que dañan la imagen internacional de México. Específicamente se refirió a la consideración de la tortura como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma —documento constitutivo de la Corte Penal Internacional—, cuando esta es perpetrada por el Estado como un ataque continuo a la población civil, bajo el conocimiento del Gobierno.
En un documento emitido este miércoles, dirigido al presidente del CDH de la ONU, Joachim Rücker, el Gobierno de México expresó “su decepción, inconformidad y total desacuerdo» con el informe de Méndez, y denunció que el relator violó el código de conducta del CDH al hablar continuamente con los medios de comunicación sobre sus conclusiones sin incluir las posturas del Gobierno.
México vs. Méndez: los fundamentos sobre la tortura
En otro reclamo interpuesto ante la CDH el 13 de marzo, México dice que la conclusión del informe no está fundamentada debido a que los testimonios recabados por el relator no son representativos en términos demográficos.
Sobre este tema, Méndez detalló en su última misiva que según las encuestas realizadas por el Centro de Investigación Docencias Económicas (CIDE) en 2012, 57,2% de los detenidos en México dijo haber sido golpeado durante el arresto y 34,6% dijo haber sido forzado a dar, modificar o firmar una confesión.
“Más importante aún, las historias [recabadas] eran muy similares independientemente de quién llevara a cabo la detención, se tratara de la policía municipal, estatal o federal, las procuradurías estatales o federales; o el Ejército y la Marina”, destacó el relator.
Añadió que la sorpresa del Gobierno en cuanto a los resultados es «engañosa», debido a que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (documento oficial) se refiere a la tortura como un tema recurrente y pone como ejemplo el aumento de denuncias por esta violación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las mismas pasaron de una denuncia en 2005 a 2 mil 126 en 2012. «Además que en 2003 el Comité contra la Tortura estableció que en México la tortura era habitual y sistemática», sostuvo.
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