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25 expresidentes de España y América Latina, liderados por los exmandatarios José María Aznar (España) y Andrés Pastrana (Colombia), hicieron pública este jueves la «Declaración de Panamá», en la cual piden a la comunidad internacional, y en particular a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la VII Cumbre de las Américas, abogar por la renovación democrática de los poderes públicos de Venezuela, la independencia de los mismos, y la libertad de los presos políticos del Gobierno de Nicolás Maduro.
En el acto hicieron entrega de la declaración a las esposas de Antonio Ledezma y Leopoldo López —presos políticos—, Mitzy Capriles y Lilian Tintori, quienes agradecieron a los expresidentes por el gesto de solidaridad y advirtieron la necesidad de una activación internacional en ayuda a Venezuela, para superar, lo que consideran, una venidera «crisis humanitaria» en el país petrolero.
Pastrana indicó el mismo día a NTN24 que ni uno solo de los jefes de Estado asistentes a la Cumbre tiene disposición de introducir esta Declaración en el encuentro de la OEA.
El documento, originado de la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), cuenta con la firma de exjefes de Estado de 15 países, entre ellos Oscar Arias (Costa Rica), Álvaro Uribe (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Mireya Moscoso (Panamá), Sebastián Piñera (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Felipe González (España) y Vicente Fox (México).
Para su publicación asistieron Aznar, Pastrana, Felipe Calderón (México), Osvaldo Hurtado (Ecuador) y Jorge Quiroga (Bolivia).
En su intervención, Pastrana hizo énfasis en la diversidad ideológica entre los firmantes. Más adelante criticó que el presidente de su país, Juan Manuel Santos, no diera un paso firme en apoyo a esta causa, y calificó dicha política de Colombia como una «traición».
En ese orden dijo Aznar sobre su adhesión a la Declaración: «Es la misión que yo considero propia de un luchador de la Libertad que sabe que en determinadas circunstancias el silencio o la inacción no son alternativa, sino que son cómplices».
Aznar aseguró que más presidentes se unirán como signatarios, y Pastrana informó que buscan la adhesión de los expresidentes estadounidenses George H.W. Bush, George W. Bush y Bill Clinton.
Venezolanas secundaron contenido del reclamo
Posteriormente, Lilian Tintori agradeció a los exmandatarios que dejaran de lado sus ideologías particulares para unirse a favor de los Derechos Humanos. Resaltó que la Cumbre de las Américas se convirtió en una oportunidad histórica para relatar al mundo la situación de Venezuela y denunciar las arbitrariedades que atribuye al Gobierno de Maduro.
Mitzy Capriles secundó la carta, y destacó que solo tras la liberación de los presos políticos —contabilizados en 80, por la oposición y ONG—, podrían comenzar a buscar la «democracia extraviada» en Venezuela.
Tintori advirtió que el país podría enfrentar en semanas una crisis humanitaria por la escasez de alimentos y la imposibilidad de la empresa privada de realizar compras en el exterior para completar sus inventarios, debido a las restricciones cambiarias que impone el Gobierno. «Necesitamos ayuda internacional. Ningún país del mundo que tenga una crisis de la dimensión que tiene Venezuela puede solo. Necesitamos ayuda de la región», sostuvo.
Un llamado a la reconfiguración del Estado venezolano
La declaración plantea a la sociedad venezolana una serie de reformas para transformar el sistema de Gobierno instaurado en Venezuela por Hugo Chávez y continuado por el partidario socialista Nicolás Maduro.
Rechaza que Venezuela se separe de los órganos interamericanos de justicia (Corte IDH) y desacate las recomendaciones y decisiones de organismos internacionales y de la región, como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU, por considerar que afecta «gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas».
Denuncia una ausencia de independencia del sistema judicial, el uso del mismo para la persecución de la disidencia, la aplicación de la tortura como política de Estado, la existencia de grupos paraestatales armados, y un ambiente de impunidad. En ese sentido, exige la inmediata liberación de Ledezma, López y Daniel Ceballos.
Alerta asimismo sobre el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela, haciendo réplica de lo reportado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA sobre el proceso de reformas políticas y jurídicas que debilitan las garantías de ese derecho en el país.
La declaración considera que no puede haber posibilidad real de hacer efectivos los componentes esenciales de la democracia a los que alude la Carta Democrática Interamericana, y que no hay manera de garantizar los derechos de los venezolanos, debido al sometimiento de los poderes públicos al Ejecutivo, y la entrada en vigencia de una ley habilitante que permite legislar al presidente Nicolás Maduro, inclusive en materia penal.
El documento hace énfasis en la crisis económica venezolana y menciona que el déficit público alcanza el equivalente a 20% del PIB. También registra la serie de restricciones que enfrenta la empresa privada para hacer vida en el país, como causa de su improductividad.
Los firmantes piden una observación internacional imparcial y calificada sobre las próximas elecciones parlamentarias, a la cual, a juicios de los exmandatarios, no se debería llegar con la existencia de presos políticos.
Asimismo, propone un plan de ajuste para la economía venezolana que reduzca el gasto público, el financiamiento de este por parte del Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna y la desregulación de la economía.
