El fantasma del fraude electoral en Honduras

By: Gina Kawas - @GinaKawas - Nov 6, 2013, 11:24 am

EnglishVarios acontecimientos que se han dado en elecciones pasadas a lo largo de la historia de Honduras, representan un claro preludio que podría indicar como en las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo 24 noviembre podría tener lugar un gran fraude electoral.

Si nos remontamos a noviembre del 2005, los candidatos a la presidencia de la República, José Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo, de los partidos Liberal y Nacional respectivamente, lideraron la contienda en ese entonces. El Tribunal Supremo Electoral declaró como ganador a Zelaya, pero para ese entonces, el bipartidismo (Liberal y Nacional) seguía siendo la única opción que predominaba en Honduras.

Meses más tarde, el propio Zelaya, de manera pública, manifestó que había ganado las elecciones del 2005 a través de fraude. Posteriormente, en junio del 2009, fue destituido, en lo que constituyó una internacionalmente conocida crisis política de secuelas catastróficas. No obstante, en noviembre del 2009, se dio un nuevo proceso electoral en donde resultó vencedor el candidato por el Partido Nacional, Porfirio Lobo, pero en un clima de abstencionismo y con ciertas dudas.

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Dados los amplios antecedentes de denuncias de fraude así como la débil institucionalidad que atraviesa Honduras, el fantasma del fraude electoral está más presente que nunca. Fuente: Telemundo

Posteriormente, se realizaron en noviembre de 2012 las elecciones internas de los partidos políticos. Por el Partido Nacional, se enfrentaron Juan Orlando Hernández y Ricardo Álvarez, quien resultó perdedor. Conocido el resultado, Álvarez denunció fraude electoral ante las autoridades competentes y siguiendo las instancias necesarias, basándose en pruebas legítimas que tenía en su poder. Recurrió al Tribunal Supremo Electoral, apelando incluso con acciones legales – un recurso de amparo – ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Estando en trámite este recurso, Juan Orlando Hernández, actual candidato por el Partido Nacional, destituyó de forma inconstitucional y en una manifiesta violación a la Constitución de la República, a cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte. Los magistrados sustitutos nombrados por Hernández, no dieron lugar al recurso. Actualmente, y a pesar de las denuncias antes descritas, Álvarez aceptó ser el candidato a designado presidencial por el Partido Nacional luego de una serie de negociaciones con Hernández.

Los ciudadanos que nos consideramos defensores de la libertad y la democracia, no podemos más que mostrarnos preocupados por las declaraciones que ciertos candidatos han exteriorizado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, mencionar que el Partido Nacional gobernará por 50 años, o que se convocará a una Asamblea Nacional Constituyente se ganen o no las elecciones, dejando en evidencia las pretensiones de estos partidos de perpetuarse indefinidamente en el poder. Al margen de esta situación, los ciudadanos no contamos con ninguna rendición de cuentas relativa al financiamiento de las campañas políticas y dada la excesiva publicidad de varios partidos, en particular la del oficialista Partido Nacional, es necesario poder acceder a la información de dónde provienen estos fondos aparentemente ilimitados.

Dentro de veinte días, los hondureños tendremos ocho diversas opciones para votar, incluyendo al nuevo partido socialista LIBRE, fundado por Zelaya, con su esposa a la cabeza como candidata. Dados los amplios antecedentes de denuncias de fraude así como la débil institucionalidad que atraviesa Honduras, el fantasma del fraude electoral está más presente que nunca. Ante esto, todos los hondureños y la comunidad internacional deben vigilar y seguir de cerca el proceso como veedores, oponiéndose por todos los medios posibles a una tergiversación de los resultados.

La ciudadanía se debe de preparar para votar, estudiando la Ley Electoral y participando como observadores para asegurar un proceso electoral limpio. En caso de encontrar irregularidades, debemos saber cómo documentarlas y presentar los correspondientes reclamos, en contra de cualquier acto ilegal que se pueda llegar a dar en este día tan importante, antes de que sea demasiado tarde. Si queremos impedir que la democracia se vuelva una licencia para el ejercicio de la tiranía, la única manera de evitar el autoritarismo es participar activamente en estas elecciones y dejar la indiferencia atrás.

Gina Kawas Gina Kawas

Gina Kawas es hondureña y miembro de Young Voices Advocate. Actualmente cursa Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York. Es co-autora del libro "Libertad para el Empresario", publicado por ANDI y la fundación Friedrich Naumann. Síguela: @GinaKawas.

Sandinistas tras una reforma constitucional en Nicaragua

By: Mabel Velástegui - Nov 6, 2013, 9:58 am
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EnglishEn el año 2009, con miras a la finalización de su segundo mandato presidencial –aunque no consecutivo, dado que el primero había sido entre 1985 y 1990,- el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, intentó reformar la Constitución de su país para posibilitar una nueva reelección, pero no poseía el apoyo necesario en la Asamblea Nacional. Pese a ello, se postuló y ganó las presidenciales por tercera ocasión en 2011, gracias a un fallo de la Corte Suprema que declaró inaplicable el artículo de la Carta Magna que prohíbe la reelección continua. Fallo, sin embargo, desconocido por la Asamblea Nacional. Ahora, con una mayoría contundente en la Asamblea –el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), posee 62 de las 92 bancas– Ortega quiere eliminar cualquier obstáculo a la continuidad de su mandato. Con este fin, el viernes pasado el bloque oficialista presentó un proyecto de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, con enmiendas a 39 artículos. Está prevista la presentación del texto ante el pleno del Legislativo este miércoles, así como la conformación de una Comisión Especial Constitucional para su análisis. De acuerdo a la Constitución vigente, la Comisión deberá emitir un dictamen en un plazo no mayor de sesenta días. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas y para su aprobación final se requerirá el voto favorable del 60% de los diputados, es decir, al menos 56 a favor, una cifra que fácilmente puede lograr la mayoría sandinista. La enmienda fundamental del proyecto es aquella realizada al artículo 147, que se refiere a la elección del Presidente y Vicepresidente de la República. En la propuesta de reforma, se suprime el literal A del apartado ‘No podrá ser candidato a Presidente ni Vice-Presidente de la República’, el cual estipula: “El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”. También se suprime la condición actual del mínimo del 35% de los votos válidos para ganar la Presidencia, quedando solamente la expresión “quienes obtengan la mayoría relativa de votos”, esto es, la mitad más uno. Simultáneamente, la reforma al artículo 150 permitiría al Mandatario dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa. El líder sandista se convirtió en Presidente de Nicaragua por primera vez en 1985, elegido mediante el voto popular. Precedentemente, había formado parte de la Junta Provisional de Reconstrucción Nacional que asumió tras el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en 1979, con la salida de Anastasio Somoza. Tras culminar su mandato, Ortega se presentó sin éxito en las elecciones de 1990, 1996 y 2001. Finalmente, en 2006 ganó nuevamente la Presidencia. Con su tercer mandato en curso la continuidad en el cargo podría no ser viable sin la reforma constitucional. El Presidente nicaragüense también podría obtener el respaldo militar, pues el proyecto de reforma en su artículo 95 otorga a los miembros del Ejército la facultad de ocupar cargos públicos, que no sean de elección popular, “cuando por interés supremo de la nación, así se demande”. Alberto Lacayo, subjefe de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), cree que la propuesta de reforma es lo opuesto a lo que fue la lucha para derrocar a Somoza. “Se luchó para no tener una familia dinástica y corrupta en el poder, para que no fuéramos gobernados por militares, para tener libertades públicas, para que no hubiera un presidente permanente”. Por su parte, el parlamentario Wilfredo Navarro considera que es necesario “ajustar la Constitución a las nuevas situaciones que se están viviendo”. Así por ejemplo señala que es “prioritario incluir  lo que tiene que ver con los nuevos límites territoriales del país e incluir la igualdad de género”. En el proyecto también se propone sancionar el transfuguismo –o cambio de opción electoral– con la pérdida de la banca. Y se incluye el término ‘socialista’ dentro de los principios de la nación. De acuerdo al texto, “los ideales socialistas promueven el bien común por encima del egoísmo individual, buscando la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva, justa y equitativa”. En Latinoamérica, las reformas constitucionales para permitir la reelección sucesiva de los Presidentes de Latinoamérica son cada vez más frecuentes. En Ecuador, Rafael Correa obtuvo su tercer período presidencial. En Venezuela, la Constitución permite la reelección indefinida. En Bolivia, la Constitución aprobada en 2009 permite la reelección consecutiva por una vez; sin embargo, este año el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia validó a Evo Morales para participar en las elecciones de 2014. Siguiendo esta tendencia, ahora el líder nicaragüense es quien prepara un marco legal para su perpetuación en el poder.

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