EnglishLa jueza del caso Leopoldo López, Susana Barreiros, justificó este jueves su negativa de liberar al dirigente político tal y como lo había hecho anteriormente el presidente Nicolás Maduro: argumentando que Venezuela es un país soberano que no acepta injerencias en sus asuntos internos, en este caso de las Naciones Unidas. Según la magistrada, no ha existido violación alguna al debido proceso, y el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU no es de obligatorio cumplimiento para las autoridades venezolanas.
Tras la decisión de Barreiros, el abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, criticó a la jueza por desconocer la recomendación del Grupo —perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU—, y argumentar de que dicho ente no surge de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La defensa indicó en conferencia de prensa este viernes que el próximo lunes impugnará la resolución ante la Corte de Apelaciones y, que de ser necesario, llevarán el caso ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Gutiérrez aseguró que denunciará el fallo ante la ONU y la comunidad internacional por considerarlo “absolutamente censurable”. Además, afirmó que Barreiros “viola abiertamente la Constitución, las leyes venezolanas y los pactos internacionales en materia de derechos humanos”.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un mecanismo universal aplicable a todos los países del mundo. Lo que el Tribunal venezolano ignora, a juicio de la defensa, es que esta agrupación, creada en 1991, proviene de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, amparada por la Asamblea General, organismo que integra, y en el cual participa, Venezuela.
“Venezuela forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y puso su voto favorable para la designación de tres de los cinco funcionarios que forman parte de esta comisión. Todos los pronunciamientos que ahí se emiten tienen que ser acatados de forma directa por el Estado venezolano. Con esta decisión Venezuela se coloca a espaldas de la comunidad internacional”, advirtió Gutiérrez.
Al Grupo de Trabajo le fue asignado, como una de sus principales tareas, “investigar casos de detención impuesta de forma arbitraria o de alguna manera inconsistente respecto a las normas internacionales establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en los instrumentos legales internacionales oportunos aceptados por los Estados en cuestión, siempre que no se haya tomado ninguna decisión final al respecto por parte de los tribunales del país, de acuerdo con las leyes nacionales”.
Denuncian violación sistemática de derechos
El martes pasado la defensa de Leopoldo López exigió a la Corte de Apelaciones ordenar a la jueza Barreiros a que reanudara el despacho del caso, que llevaba más de un mes suspendido para evitar decidir sobre el dictamen de la ONU.
En conferencia de prensa, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, aseguró este viernes que la jueza Barreiros “se dejó manipular” y que no acatar una decisión de la ONU significa violar la Constitución y los tratados internacionales.
“Seguimos con más fuerza, convencidos de que esto va a cambiar. Lo vamos a lograr, no hay forma de que no liberen a mi marido porque todos los venezolanos sabemos que es inocente, incluso los chavistas lo saben”, manifestó la activista por los derechos humanos.
Tintori consideró además que su esposo está secuestrado y no preso, porque no lo dejan recibir visitas de ningún tipo desde hace un mes. Finalizó su discurso asegurando que el Estado venezolano terminará por acatar la decisión de Naciones Unidas y que le concederán la libertad, no solo a López, sino también a todos los presos políticos.
Comprobarán torturas
Por otra parte, el abogado Gutiérrez reiteró la manera denigrante en la que López, Daniel Ceballos y otros dos presos políticos —Enzo Scarano y Salvatore Lucchese— están siendo tratados en la cárcel militar de Ramo Verde, luego de que las esposas de ambos denunciaran las condiciones a las que son sometidos.
Según ellas, funcionarios de la prisión les lanzaron excrementos humanos durante la noche del pasado sábado 24 de octubre. Mediante pruebas biológicas la defensa demostrará que una pancarta que poseía Daniel Ceballos en su celda contiene restos de las heces fecales con las que los atacaron esa noche, y luego procederán a la denuncia.
La pancarta de @Daniel_Ceballos en la que exigía LIBERTAD como pidió la ONU tiene restos de excrementos = TORTURA pic.twitter.com/Pp9VqxViFL
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) November 14, 2014
El dirigente opositor, quien lleva 269 días detenido, está acusado de instigación pública, agavillamiento, daños a la propiedad e incendio, por su convocatoria a una protesta el pasado 12 de febrero en Caracas, en la cual murieron tres personas.
Sin embargo, la defensa ha reclamado que se le mantiene preso sin presentar una sola evidencia en su contra, y por el contrario, la justicia ha desestimado los testimonios y evidencias a su favor.
Con la contribución de Elisa Vásquez