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Todos tus datos pertenecen al Estado

By: Guillermo Jimenez - @tracesofreality - Ene 7, 2014, 9:01 am

EnglishCon el inicio del año en Estados Unidos, encontramos nuestras libertades civiles en una condición precaria, particularmente con respecto a la protección contra allanamientos indebidos, ataques y violaciones a la privacidad. Sin duda, la historia del año en 2013 fue la revelación del programa de espionaje doméstico realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency – NSA) — un programa confirmado por los archivos clasificados que reveló el su ex contratista, Edward Snowden. Pero, aunque el espionaje de la NSA tenga fines masivos, actualmente es solo una pequeña parte de un gran sistema de vigilancia estatal.

El espionaje de la NSA, y los archivos filtrados por Edward Snowden, fue la historia más relevante del 2013.

De hecho, cuando se trata de un espionaje insospechado y de la recolección de nuestros datos electrónicos, la NSA está lejos de ser la única agencia federal que nos observa con poca discreción. Probablemente, la agencia cuyo trabajo se denuncia y entiende menos, es la de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection – CBP), y la increíble autoridad que se les ha otorgado a sus oficiales en un radio de 100 millas de la frontera, radio conocida como la “zona libre de Constitución“.

Lo peor de esta situación, es que las Cortes de Estados Unidos intentan continuamente que estas búsquedas sean legales, a pesar del creciente conocimiento del público al respecto y la preocupación sobre la vigilancia electrónica.

 Source: Wired.com
Fuente: Government Executive.

La semana pasada en Nueva York, un juez federal de distrito confirmó una actualización de políticas de la CBP del año 2008, que se extendía en las búsquedas en la frontera y “sus equivalentes” (es decir, aeropuertos y controles interiores) a dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras portátiles. La decisión del Juez Korman sobre recolección de datos cerca de la frontera llega al mismo tiempo que tribunales federales continúan luchando contra la legalidad del programa de recopilación de datos de forma masiva de la NSA.

Curiosamente, el fundamento jurídico utilizado por el Juez Korman en la sentencia contra el demandante Pascal Abidor y ACLU no es muy diferente a los argumentos presentados por los defensores de la NSA. En pocas palabras, los fundamentos equivaldrían a “otros países también lo hacen”, “nadie posee ya expectativas de privacidad” y que “en realidad no existen fundamentos legítimos para hacer la demanda”.

Mientras que el país trata de formarse una opinión en cuanto a si la NSA debe tener la capacidad de realizar este grado de vigilancia doméstica en aras de la “seguridad nacional”, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security – DHS) y la Patrulla Fronteriza continúan políticas que son, como mínimo, atroces en su desprecio por los derechos de privacidad — y lo hacen. en gran medida, sin ninguna intención de reducirlas.

Organizaciones de defensa de las libertades civiles como ACLU y la Fundación de Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation) están prestando atención a esta situación y buscan un cambio, pero ¿dónde está la indignación pública y la cobertura de los principales medios de comunicación como el que hubo con la historia de la NSA?

No, los programas de vigilancia nacionales de DHS y CBP no forman parte de alguna operación clandestina. Ellos no fueron desenterrados de un tesoro de documentos clasificados robados por un denunciante inconformista. Son, en cambio, políticas públicas bien establecidas, codificadas poco a poco en la ley — sacrificando la libertad personal, hace mucho tiempo ya consagrada en el altar de la seguridad nacional.

Hoy en día, muchos estadounidenses se alarman ante la idea de que los agentes de la NSA revisen de forma remota sus correos electrónicos personales y mensajes de texto. Sin embargo, muchos más permanecen indiferentes al decomiso efectivo de sus teléfonos celulares y computadoras cuando viajan, incluso dentro del país, con los contenidos de sus dispositivos escaneados, copiados y almacenados.

Si encontramos que el insospechado programa de espionaje de la NSA es indignante e ilegal, ¿no debería la misma norma aplicarse al Departamento de Seguridad Nacional y a Protección de Fronteras? Por el contrario, si “todo vale” con respecto a las búsquedas dentro de las 100 millas de la frontera, ¿por qué este principio no se extiende a todo el país, o a las actividades que la NSA continúa realizando? El hecho de que estas preguntas sean tan difíciles de responder, tanto para el gobierno como para la ciudadanía — aunque sean incluso preguntas básicas — es un signo alarmante de los tiempos que estamos viviendo.

Traducido por Sofía Ramírez Fionda.

Guillermo Jimenez Guillermo Jimenez

Guillermo Jimenez es Subeditor en Inglés para el PanAm Post, anfitrión en la radio Traces of Reality y el podcast Demanufacturing Consent en Boiling Frogs Post. Vive en Texas, en la "zona libre de Constitución" del Departamento de Seguridad Interior. Síguelo en @tracesofreality.

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Argentina opta por el control: nuevo acuerdo de precios contra la inflación

By: Sofía Ramírez Fionda - Ene 6, 2014, 4:45 pm
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EnglishEl pasado viernes, el gobierno argentino anunció un nuevo acuerdo de precios que comenzó a regir en el día de hoy, en el Área Metropolitana de Buenos Aires - es decir, la Capital del país y el área que la circunda. El acuerdo, negociados con empresarios y dueños de cadenas de supermercados durante un mes, fija el precio de 194 productos de distintos tipos en diez cadenas de supermercados y 65 empresas proveedoras. Esta política surge en un contexto de inflación creciente y caída de las reservas del Banco Central. Se estima que en 2013, la inflación superó el 27%, y se convirtió en uno de los problemas que más preocupó a los argentinos durante el pasado año, debilitando además la imagen presidencial. Durante el mes de enero, se espera que el acuerdo se extienda a otros comercios y a otras regiones en el interior del país. Por el momento, la zona donde se aplica este arreglo, el Árez Metropolitana, es una pequeña porción del país, que sin embargo concentra casi el 35% de la población nacional.  Distintas concepciones sobre la inflación Desde que el gobierno intervino el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) — el órgano encargado de medir la inflación — en el año 2007, las cifras oficiales sobre el costo de vida difieren ampliamente de aquellas publicadas por consultoras privadas. La brecha fue tal, que en el año 2011, el entonces Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dispuso multar a aquellas consultoras privadas que difundieran cifras sobre la inflación distintas a las del gobierno. La excusa fue que estas consultoras no presentaban estudios con el debido rigor científico. A pesar de que el gobierno ya superó esa etapa de negar la existencia del problema y castigar su difusión, las culpas y excusas sobre la causa de la ascendente inflación son muy distintas a aquellas presentadas por los economistas y la oposición. El discurso del gobierno se encuentra fundamentalmente enfocado a culpar a los "formadores de precios", es decir, a todas las empresas que intervienen en la cadena productiva. Éstos, según el nuevo Secretario de Comercio Augusto Costa, "buscan apropiarse de algo que no les toca", aumentando los precios a tal punto que éstos no reflejan los costos, sino ganancias desmedidas.  Según declaró Costa en una entrevista al diario argentino Página/12, el aumento de los precios sería el resultado del crecimiento económico, que a su vez fue permitido por la intervención estatal de la última década. Esta economía, sin embargo, se encontraría concentrada en pocas empresas que logran así constituirse como formadores de precios. Una concentración que el Secretario considera "natural y propia del capitalismo".  En este sentido, el gobierno solo debe reforzar sus controles para mejorar los mecanismos de redistribución de riqueza que no permitan que continúe dicha concentración de capital. Mientras tanto, la oposición presenta un criterio más unificado para la resolución del problema, aunque en materia política se encuentre dividida. El diputado nacional Martín Lousteau (UNEN), declaró en una entrevista en TN que el acuerdo de precios no busca reducir la inflación sino moderar un aumento. "Para moderar la inflación tenemos que hablar del enorme malgasto que produce el Gobierno", sostuvo el economista, "y cómo lo está financiando. Si no tocamos esos dos temas, no vamos a resolver la inflación". Lousteau no es el único que considera que la financiación del gasto público es un tema fundamental para entender el problema inflacionario. El economista Roberto Cachanosky sostiene que la necesidad de caja del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lleva a emitir billetes descontroladamente para seguir redistribuyendo la riqueza. Así, llegamos a una emisión monetaria sin control — la cual, según el nuevo Presidente del Banco Central, solo en el año 2013 fue del 25% — que sigue alimentando el ciclo inflacionario, y que no puede detenerse solo con una política de control de precios. El control ciudadano de los precios En la misma entrevista, el Secretario de Comercio Costa asegura que “la lógica empresarial maximizadora de beneficios pone ciertos límites a la justicia redistributiva. Estamos apuntando a limitar la capacidad de los formadores de precios de apropiarse de lo que no les toca”. Pero Costa sostiene que, para que la decisión funcione correctamente, requiere de un "conocimiento profundo" por parte de la ciudadanía de los precios de referencia. "El consumidor también tendrá que moverse, informarse, conocer. La gente va a tener que empezar a cuidar los precios junto al Gobierno", declaró en conferencia de prensa.  Por este motivo, se puso en marcha el sitio Precios cuidados, el cual presenta los productos afectados por el acuerdo de precios, los comercios adheridos a la iniciativa y el valor. De esta forma, la ciudadanía puede saber cuándo una cadena de supermercados está violando el acuerdo realizado con el gobierno. Además de esto, el sitio ofrece además un formulario de contacto donde el consumidor puede denunciar estas violaciones. La idea no es nueva: en mayo de 2013, la Presidenta ya había anunciado el comienzo de la campaña "Mirar para cuidar", en la cual militantes controlaron los precios de más de 500 productos que en ese momento se encontraban congelados por resolución de la Secretaría de Comercio Interior. En ese momento, Fernández había declarado que "no vamos a dejar esto [el acuerdo de precios] a la buena voluntad de los empresarios o de la Secretaría de Comercio (...) Vamos a utilizar la fuerza de los movimientos políticos y sociales para desplegarlos en el territorio con la campaña 'Mirar para Cuidar'." Efectos esperados del acuerdo El gobierno espera que el acuerdo posea un efecto económico desde el punto de vista del consumidor. Para Costa, cuando los consumidores conozcan los precios del acuerdo, no validarán con su compra otros precios, y eventualmente este comportamiento bajará los precios de forma general.  "La canasta de referencia permite brindar señales a los consumidores para que puedan tomar decisiones informados", señala Costa. Asegura además que no es un "congelamiento de precios" porque los mismos serán ajustados de acuerdo a las estructuras de costos y sus cambios. Con esta revisión, el gobierno pretende solamente evitar "que las empresas trasladen aumentos de costos desproporcionados" a los precios. Axel Kaiser, Director Ejecutivo de Fundación para el Progreso de Chile, se muestra escéptico frente a estos resultados. Opina que es una decisión que solo empeorará la situación económica de Argentina. “Los precios transmiten información sobre los recursos disponibles y su demanda. Cuando suben, están enviando un indicador sobre la necesidad de incrementar la producción de determinado bien o servicio. En el caso de Argentina, los precios tuvieron tales alzas como resultado de la emisión masiva por parte del gobierno. Congelar los precios por debajo de los niveles que determina el mercado llevará únicamente a la escasez de los bienes, y obligará a la población a recurrir al mercado negro.”

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