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En el registro de dispositivos electrónicos, la Patrulla Fronteriza compite con el espionaje de la NSA

EnglishCon el inicio del año en Estados Unidos, encontramos nuestras libertades civiles en una condición precaria, particularmente con respecto a la protección contra allanamientos indebidos, ataques y violaciones a la privacidad. Sin duda, la historia del año en 2013 fue la revelación del programa de espionaje doméstico realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency – NSA) — un programa confirmado por los archivos clasificados que reveló el su ex contratista, Edward Snowden. Pero, aunque el espionaje de la NSA tenga fines masivos, actualmente es solo una pequeña parte de un gran sistema de vigilancia estatal.

El espionaje de la NSA, y los archivos filtrados por Edward Snowden, fue la historia más relevante del 2013.

De hecho, cuando se trata de un espionaje insospechado y de la recolección de nuestros datos electrónicos, la NSA está lejos de ser la única agencia federal que nos observa con poca discreción. Probablemente, la agencia cuyo trabajo se denuncia y entiende menos, es la de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection – CBP), y la increíble autoridad que se les ha otorgado a sus oficiales en un radio de 100 millas de la frontera, radio conocida como la “zona libre de Constitución“.

Lo peor de esta situación, es que las Cortes de Estados Unidos intentan continuamente que estas búsquedas sean legales, a pesar del creciente conocimiento del público al respecto y la preocupación sobre la vigilancia electrónica.

La semana pasada en Nueva York, un juez federal de distrito confirmó una actualización de políticas de la CBP del año 2008, que se extendía en las búsquedas en la frontera y “sus equivalentes” (es decir, aeropuertos y controles interiores) a dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras portátiles. La decisión del Juez Korman sobre recolección de datos cerca de la frontera llega al mismo tiempo que tribunales federales continúan luchando contra la legalidad del programa de recopilación de datos de forma masiva de la NSA.

Curiosamente, el fundamento jurídico utilizado por el Juez Korman en la sentencia contra el demandante Pascal Abidor y ACLU no es muy diferente a los argumentos presentados por los defensores de la NSA. En pocas palabras, los fundamentos equivaldrían a “otros países también lo hacen”, “nadie posee ya expectativas de privacidad” y que “en realidad no existen fundamentos legítimos para hacer la demanda”.

Mientras que el país trata de formarse una opinión en cuanto a si la NSA debe tener la capacidad de realizar este grado de vigilancia doméstica en aras de la “seguridad nacional”, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security – DHS) y la Patrulla Fronteriza continúan políticas que son, como mínimo, atroces en su desprecio por los derechos de privacidad — y lo hacen. en gran medida, sin ninguna intención de reducirlas.

Organizaciones de defensa de las libertades civiles como ACLU y la Fundación de Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation) están prestando atención a esta situación y buscan un cambio, pero ¿dónde está la indignación pública y la cobertura de los principales medios de comunicación como el que hubo con la historia de la NSA?

No, los programas de vigilancia nacionales de DHS y CBP no forman parte de alguna operación clandestina. Ellos no fueron desenterrados de un tesoro de documentos clasificados robados por un denunciante inconformista. Son, en cambio, políticas públicas bien establecidas, codificadas poco a poco en la ley — sacrificando la libertad personal, hace mucho tiempo ya consagrada en el altar de la seguridad nacional.

Hoy en día, muchos estadounidenses se alarman ante la idea de que los agentes de la NSA revisen de forma remota sus correos electrónicos personales y mensajes de texto. Sin embargo, muchos más permanecen indiferentes al decomiso efectivo de sus teléfonos celulares y computadoras cuando viajan, incluso dentro del país, con los contenidos de sus dispositivos escaneados, copiados y almacenados.

Si encontramos que el insospechado programa de espionaje de la NSA es indignante e ilegal, ¿no debería la misma norma aplicarse al Departamento de Seguridad Nacional y a Protección de Fronteras? Por el contrario, si “todo vale” con respecto a las búsquedas dentro de las 100 millas de la frontera, ¿por qué este principio no se extiende a todo el país, o a las actividades que la NSA continúa realizando? El hecho de que estas preguntas sean tan difíciles de responder, tanto para el gobierno como para la ciudadanía — aunque sean incluso preguntas básicas — es un signo alarmante de los tiempos que estamos viviendo.

Traducido por Sofía Ramírez Fionda.

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