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Reforma laboral: Chile debería mirarse en el espejo uruguayo

By: Hana Fischer - @hana_fischer - Ago 25, 2015, 4:17 pm
Desde el retorno de la democracia y hasta el segundo período de Gobierno de Bachelet, Chile constituía el ejemplo a seguir para las otras naciones sudamericanas. (Diario U Chile)
Desde el retorno de la democracia y hasta el segundo período de Gobierno de Bachelet, Chile constituía el ejemplo a seguir para las otras naciones sudamericanas. (Diario U Chile)

EnglishRecientemente el Senado chileno estudia un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que pretende modificar en forma sustancial la actual regulación laboral de ese país.

Es intrínseco al funcionamiento republicano, el esfuerzo por ir paulatinamente mejorando los marcos legales. En esa tarea, si se desea alcanzar la meta perseguida, es esencial tener en cuenta lo aprendido de la experiencia histórica, tanto la propia como la ajena. Esa es precisamente, una de las grandes diferencias que separan a un estadista de un demagogo.

En ese sentido, Chile tiene tras su espalda una experiencia traumática. Se podría decir que las políticas de corte estatista, impulsadas durante gran parte del siglo XX, llevaron a esa nación a orillar el abismo. No hace tanto tiempo de la época en que la frustración y la desesperanza eran la tónica común dentro de sus fronteras. El desenlace fue una cruel dictadura militar que comenzó en 1973 y se prolongó hasta 1990.

En ese aspecto, la historia chilena es semejante a la uruguaya. Las mismas medidas erradas: los populismos de las décadas del 30 al 50, con su control de divisas, cambios múltiples, modelo de industrialización por “sustitución de importaciones”.

Pero el Gobierno uruguayo también impuso las negociaciones de salarios colectivas y obligatorias por rama de actividad. Esto último condujo a la ruptura de los equilibrios sociales, al otorgarle a los sindicatos un poder desmedido, y al descalabro económico y financiero de las empresas.

Lo paradójico fue que las consecuencias de esa “defensa estatal de la clase obrera”, mediante la intromisión política, tanto en Chile como en Uruguay, terminaron pagándolas los propios trabajadores, mediante la pérdida de sus fuentes de trabajo. Eso llevó a su vez a la agitación social y a los enfrentamientos violentos entre diversos sectores. En pocas palabras: se convirtieron en sociedades radicalizadas, convulsionadas y traumatizadas.

Eventualmente, y en forma trabajosa, la democracia retornó a estas dos naciones sudamericanas. Sin embargo, ya no eran situaciones análogas. En Chile se había desarrollado una sociedad pujante, dinámica, con gran movilidad social que atraía inmigrantes de todas partes. Se había transformado en un país de oportunidades, que premiaba y estimulaba la cultura del emprendimiento.

En cambio, Uruguay siguió siendo estatista. O sea, un país donde no existe mayor espacio para progresar con base en el mérito, y en consecuencia, los más capaces emigran. No hay que dejarse engañar por las estadísticas oficiales: el Uruguay sigue siendo un país que expulsa a sus individuos más preparados y talentosos.

El motivo de esa abismal diferencia, es que —tal como han expresado varias personalidades chilenas que fueron y siguen siendo de izquierda— ellos “aprendieron de los errores del pasado”. Una de las principales lecciones fue, que más vale tener al Partido Comunista lejos de sus filas, porque de lo contrario, es inevitable que esa fuerza termine neutralizando a las demás corrientes de la coalición gobernante.

Y la puesta en práctica de la ideología marxista, inexorablemente, conduce a una sociedad donde la inmensa mayoría de la población se empobrece tanto en lo material como en lo espiritual, mientras que los “líderes”, sus familias y amigos se enriquecen injusta e impúdicamente.

En cambio en Uruguay no ocurrió nada semejante. Incluso bajo el Gobierno del sector más moderado dentro del Frente Amplio (alianza de partidos de izquierda) —que es el encabezado por el actual presidente Tabaré Vázquez (2005-2020; 2015-2020), y Danilo Astori, su Ministro de Economía durante sus dos presidencias— se ha vuelto a incrementar la intromisión del Estado en el área privada de los particulares.
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Hay dos políticas que impulsaron, que queremos resaltar especialmente: la reintroducción de las negociaciones de salarios colectivas por rama de actividad, y el poder desmedido que se le otorgó a la organización sindical. Y destacamos especialmente esas dos —ya se están percibiendo sus perniciosos efectos—, como un llamado de atención a las autoridades chilenas en momentos en que parecen decididas a transitar por ese mismo camino.

De la citada reforma laboral chilena, nos alarman especialmente las siguientes modificaciones:

➢ Se instituye al sindicato inter empresa como sujeto principal de la negociación colectiva.
➢ Se le prohíbe al empleador extender los beneficios otorgados al sindicato a los trabajadores no sindicalizados.
➢ Se le entrega a la cúpula sindical la facultad de interrumpir indefinidamente el normal funcionamiento de la empresa y simultáneamente, se le prohíbe al empleador el remplazo de los trabajadores en huelga.
➢ El proyecto elimina la posibilidad de optar por reintegrarse individualmente a sus labores, a partir de los 15 días de huelga, o su derecho a seguir trabajando normalmente.
➢ Se suprime la posibilidad de censurar al directorio sindical durante una huelga, derecho del que actualmente gozan los asalariados chilenos.

En el mensaje de la presidente chilena Michelle Bachelet, que acompañó al referido proyecto de ley, se expresa que “la experiencia de los países donde los niveles de sindicalización son mayores y la negociación colectiva está más desarrollada indica que se pueden establecer acuerdos de mutuo beneficio sobre un amplio espectro de materias”.

La experiencia uruguaya demuestra todo lo contrario. Las prerrogativas concedidas a los sindicatos, han llevado a que estos estén ejerciendo dentro de las empresas un poder cuasi dictatorial. Los dueños de las compañías sienten que están perdiendo el mando dentro de ellas. Frecuentemente, los gremios toman medidas desproporcionadas y arbitrarias, incluso por fuera de la normativa vigente.

Pero nada es “gratis”; todo tiene consecuencias. Los líderes sindicales hacen carrera política mientras “defienden” los intereses de los otros empleados. Son muchos los que han accedido a altos cargos de Gobierno. O sea, que se han visto ampliamente favorecidos por este tipo de cosas.

Pero a los trabajadores de “a pie” no les va tan bien, porque hartos de la prepotencia de los sindicatos, muchas empresas extranjeras se están yendo del país. Además, los empresarios contratan el mínimo indispensable de mano de obra y cada vez que es posible, apelan a la mecanización e incluso, a la robótica.

Todo esto implica la disminución del área de la actividad económica en manos privadas, con lo que se acrecienta el poder de los gobernantes. Ergo, disminuyen las libertades individuales civiles y políticas. Como si todo esto no fuera suficientemente negativo, la conflictividad sindical aumenta en vez de disminuir, como ocurre toda vez que a la población se le enseña que ese es el medio más expedito para apropiarse del fruto del trabajo ajeno.

Desde el retorno de la democracia y hasta el segundo período de Gobierno de Bachelet (2014-2018), Chile constituía el ejemplo a seguir para las otras naciones sudamericanas. Frente a lo que está sucediendo actualmente —cuando las encuestas indican que 52% de los chilenos está en contra de esta reforma laboral—, uno no puede menos que hacer votos para que la “ética de la responsabilidad” vuelva a primar entre sus gobernantes.

Hana Fischer Hana Fischer

Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas. Síguela en @hana_fischer.

Colombianos deportados de Venezuela denuncian malos tratos

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Ago 25, 2015, 3:49 pm
deportados

La larga espera para regresar a su país de origen los hace pernoctar en las calles, debido a que muchas de sus casas han sido demolidas; en la mayoría de los casos, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no les permiten recoger sus pertenencias. Muchas mujeres con sus hijos son separadas de sus esposos, quienes son investigados, detenidos y acusados de paramilitares en territorio venezolano. A jóvenes y adultos que contaban con sus cédulas de identidad de extranjeros, les quitaron sus identificaciones y sin mediar palabras también fueron deportados, solo por ser colombianos. En territorio venezolano, en los lugares donde aglomeran a colombianos a deportar, no les ofrecen comida ni hidratación, los sentimientos encontrados y todos los maltratos vividos hacen que muchas de las víctimas se desvanezcan. Esta es la situación que están viviendo los colombianos que están siendo deportados por las autoridades venezolanas, en medio del estado de excepción que se vive en el fronterizo estado venezolano de Táchira. https://www.youtube.com/watch?v=yGyG_w-lcWI Más de mil colombianos han sido deportados desde Venezuela en tan solo cinco días. Desde Cúcuta, el municipio que los recibe, denuncian haber sido engañados y vejados por las autoridades venezolanas. Donamaris Ramírez, alcalde de esa ciudad en la frontera colombo-venezolana, informó a PanAm Post que hasta la mañana de este martes, la cifra oficial de deportados en su país era de 891 colombianos, pero que otros cientos de personas con pánico deciden regresar a través del río, sin importar el riesgo que corran sus vidas. Informó que la Cancillería colombiana está estudiando y resolviendo los casos de familias separadas por las deportaciones masivas. Ramírez calificó la expulsión de colombianos como una "medida antibolivariana" asumida por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela; expresó que se trata de gente muy humilde que no son integrantes de bandas, ni paramilitares, y que aún así "han sido maltratados, los separan de sus familias, no les dan de comer y los tratan indignamente". El alcalde dijo que está de acuerdo con combatir el contrabando en la región, por lo que instó al Gobierno venezolano a revisar si realmente las personas deportadas son delincuentes, y a estudiar de qué manera la guardia venezolana y los militares tanto colombianos como venezolanos están involucrados en esa actividad ilegal. Mesías Gualdrón, un comerciante colombiano con resistencia en Cúcuta, colabora con dar asistencia a sus compatriotas repatriados; contó a PanAm Post que "la Guardia Nacional Bolivariana les dice a los colombianos en frontera que les harán un censo, los sacan de sus casas y los deportan". Gualdrón se encuentra en el Colegio La Frontera, lugar que funciona para albergar a los niños y mujeres expulsados de Venezuela. Informó que los rostros reflejan tristeza y desolación por el maltrato que han vivido. "Las mujeres son separadas de sus esposos, hay niños retenidos en Venezuela mientras deportan a sus papás, no sabemos por qué", expresó. Gualdrón solicitó apoyo a todos los ciudadanos colombianos que deseen colaborar con los deportados, informó que hacen falta víveres, ropa, utensilios de aseo y leche para niños recién nacidos; esto debido a que en muchos casos los funcionarios venezolanos no permiten que quienes serán repatriados puedan acceder a sus pertenencias. En Venezuela, anaqueles continúan vacíos pero sí hay gasolina Lorena Arráiz, periodista venezolana y corresponsal del diario El Universal en el estado Táchira, dijo a PanAm Post que muchas personas están sufriendo por la situación. "El padre de un señor en Cúcuta murió, él estaba en Táchira, por el cierre de frontera no podía ir a retirar el cadáver de su papá ni acercarse al puente para que le dieran el acta de defunción con la cual pedir permiso para pasar", contó Arráiz. Dijo también que hay muchos ancianos deportados que no tienen familia en Colombia y se quedarían solos. [adrotate group="8"] La periodista afirmó que la situación es muy tensa y la población está sufriendo; aseguró que aunque desde hace años se ha mantenido un alto número de criminalidad, extorsión, sicariatos y secuestros, hay mucha gente que no tiene que ver y están siendo severamente afectadas por las prácticas de deportación. Informó además que la Cruz Roja venezolana se mantiene atendiendo a pacientes oncológicos, personas que ameritan diálisis y otros tratamientos y que todos los días cruzaban del Táchira a Cúcuta para recibirlos. En relación con la efectividad de la medida asumida por el Gobierno venezolano, dijo que solo cuenta con la información ofrecida por fuentes oficiales, pero que de primera mano desconoce quiénes han sido los detenidos con los operativos y si realmente son paramilitares o no. Afirmó que los anaqueles aún se encuentran vacíos, y explicó que aunque "los bachaqueros" sí traficaban alimentos y productos básicos hacia Colombia, esa no es la razón principal por la que persiste la escasez sino la falta de producción en el país. "A los anaqueles no han llegado productos como aceite, leche en polvo, jabón para lavar ropa, desodorante, sigue esa limitante (...) ayer en un local comercial hubo aceite, esa era la buena noticia, pero el precio era 300 bolívares, no es cierto que los anaqueles estén llenos", aseveró. Informó que en cambio, las filas de carros para adquirir combustible en las estaciones de servicio han desaparecido, a lo que agregó que es buena señal pues muchos de ellos utilizaban la gasolina para llevarla ilegalmente hacia Colombia. Pero advirtió que hay riesgo de una "terrible contaminación ambiental" en la frontera, producto de que personas que tenían el contrabando de gasolina, están desviando el combustible por cañerías, lo que causaría más explosiones; informó que este lunes hubo una en el barrio La Esperanza. https://twitter.com/FaranduCenter/status/635914298800390144 El pasado jueves 20 de agosto, tras un ataque a militares, Venezuela cerró su frontera con Colombia por el estado Táchira; la acción que duraría 72 horas se prolongó indefinidamente y además, el decreto Nº 6.194, firmado por Maduro, estableció un estado de excepción por al menos 60 días. La medida ha sido implementada en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta, todos ubicados en el estado Táchira en la frontera con Cúcuta al Norte de Santander (Colombia).

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