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¿Cómo afecta a Argentina el desacato de la justicia estadounidense?

By: Iván Cachanosky - @ivancachanosky - Oct 1, 2014, 12:06 pm
desacato
Junto con Rusia y la República Democrática del Congo, Argentina pasa a formar parte de las naciones que fueron declaradas en desacato por incumplimiento de fallos en cortes estadounidenses. (IA)

EnglishEl juez neoyorquino Thomas Griesa declaró a la Argentina en desacato en la última audiencia del caso de los fondos buitre. Esto ocurrió debido a que NML Capital y otros holdouts —bonistas que se negaron a entrar en el canje de 2005 y 2010— le habían solicitado imponer al país esa sanción por el incumplimiento del fallo de pagarles US$1.330 millones.

Es la tercera vez que Griesa recibe este pedido, pues ya había rechazado esta petición en dos oportunidades. Sin embargo, debido a que la última sesión se iba a tratar este tema exclusivamente, se esperaba una decisión en este sentido. Lo que aún no accedió a aplicar el juez Griesa es la multa diaria de US$50 millones que Paul Singer y los holdouts reclaman para la Argentina por no cumplir con el fallo.

Es raro que el “conspirador Griesa” no haya tomado una decisión que podría haber favorecido aún más a los holdouts y que la haya rechazado en dos ocasiones. Por el contrario, pareciera intentar extender su paciencia, esperando que Argentina entre en razón y muestre voluntad de pago en el futuro.

Sin embargo, cada vez está más que claro que si la estrategia del Gobierno es no abonar, este desacato no hará cambiar de opinión a la dirigencia argentina. Menos aún cuando todavía no hay sanciones pecuniarias.

Esto no quiere decir que no puedan observarse consecuencias en el futuro, pero en el corto plazo, probablemente no se observe un impacto por esta decisión de Griesa.

El comunicado del juez no sorprende en realidad, ya que en la práctica Argentina se encontraba en desacato.

Argentina desvía el foco del problema

La respuesta oficialista fue, como de costumbre, agraviar la justicia estadounidense y a sus gobernantes (hasta Alemania recibió su parte en esta última ronda). En vez de buscar o analizar los errores propios, el Gobierno decidió tercerizar sus defectos.

El oficialismo kirchnerista se ocupó de comunicar que en el pasado sólo existieron dos casos de desacato a países litigantes. El primero fue para la República del Congo en 2004, quien no aceptó pagar un juicio ganado por el fondo NML de Paul Singer. El segundo fue en el 2013 en Rusia, que fue sancionado con multas diarias por no devolver unos manuscritos antiguos al museo de Brooklyn.

Lo que llama la atención es que el Gobierno se preocupa por mostrar los pocos casos en los que se tomaron este tipo de medidas, intentando alegar algún tipo de extremismo del juez Griesa. Sin embargo, no se preocupa porque Argentina sea uno de los miembros de esta “lista vip” de países en desacato.

¿Por qué le sucede esto a la Argentina? La respuesta se encuentra en la irresponsabilidad fiscal a lo largo de gran parte de la historia Argentina: el excesivo incremento de la deuda que se fue gestando Gobierno a Gobierno por el constante déficit fiscal, producto de los elevados gastos públicos presentes y anteriores. Este incremento de deuda también involucra al kirchnerismo, que incluso con cifras oficiales muestra un incremento de su deuda (ni hablar de las cifras privadas).

Claro está, que si no somos capaces de reconocer que nos encontramos en default, mucho menos este Gobierno reconocerá el desacato. La presidente Cristina Fernández de Kirchner insiste en que el país no entró en default debido a que realizó el pago. Sin embargo, los acreedores no pudieron cobrar y el default existe cuando éstos no pudieron obtener su dinero.

Si una persona decide comprarse un auto nuevo que le será enviado a su domicilio, y al llegar la fecha pactada de entrega el auto no arriba, lo más lógico es que se queje con la empresa que le vendió el auto. ¿Cómo sería la reacción de esta persona si la empresa le contestara que el auto salió de la fábrica y por lo tanto lo consideran entregado?

¿Planea el Gobierno saldar su deuda en enero?

La pregunta que tiene en vilo a analistas, políticos, acreedores y deudores es qué decisión tomarán las autoridades argentinas en enero una vez vencida la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO). Esta cláusula, vigente hasta enero de 2015, dice que si Argentina ofrece a otros deudores un precio mejor por sus bonos, los holdins quienes sí accedieron a los canjes— tendrán derecho a pedir que se les pague ese mismo precio.

Hace unos meses, todo parecía indicar que el Gobierno no iba a arreglar con los holdouts por miedo a que se gatille esta cláusula. Sin embargo, los dichos del ministro Kicillof dinamitaron esta posible solución.

Con el pasar de los días, lo que empezó siendo un problema de tiempo debido a la cláusula RUFO, pareciera extenderse hacia finales del 2015. Ahora muchos esperan que recién haya voluntad de pago, no cuando expire la cláusula RUFO, sino cuando haya un cambio de Gobierno.

En primer lugar, no es cierto que si se pagaba antes del vencimiento de la cláusula, se gatillaba la RUFO. En términos muy claros, la cláusula sostiene que los holdins pueden reclamar un pago en mejores condiciones sólo si Argentina voluntariamente realiza una mejor oferta a los holdouts.

Claramente, acatar la orden de un juez no es un acto voluntario. Aun así, si por precaución, la estrategia es evitar el más mínimo riesgo de que se dispare la cláusula RUFO, debido al monto elevado que puede reaparecer. De esta manera, la lógica hubiera indicado que en enero (una vez vencida la RUFO), se muestre voluntad de pago.

Es aquí donde las aguas se dividen en dos: por un lado los que creen que la RUFO fue sólo una excusa para no pagar y que la intención es no pagar nunca; por el otro lado, los que consideran que en enero puede haber un cambio de opinión, ya que en el pasado se han visto aplicar medidas que el kirchnerismo solía negar a rajatabla (devaluación del dólar oficial, pago a Repsol-YPF, etc.).

¿Qué podría pasar con la economía argentina después de enero?

Argentina se encamina a una recesión en el 2014 y se espera que la misma continúe el año próximo. Salir o no del default no cambiará esta realidad. En todo caso podrá atenuar la recesión (en caso de que se pague) o acentuar la recesión (en caso que no se pague), pero difícilmente pueda evitarse la recesión del 2014 y 2015.

Debido a la cercanía del vencimiento de la cláusula RUFO, muchos acreedores se encuentran expectantes de ver cuál será la decisión del Gobierno, ya que con la aprobación de la ley que cambia la jurisdicción de pago de los bonos, no todos pueden cobrar.

Si el Gobierno comienza a regularizar su situación, mostrando una verdadera voluntad de pago, y si los acreedores vuelven a cobrar sin complicaciones, podría incentivar nuevamente inversiones en el país y reintroducir a la Argentina al mercado internacional.

Por el contrario, de perpetuarse el default, muchos acreedores que aceptaron la quita no podrán cobrar y comenzará a crecer el riesgo de que se quieran acelerar los cobros de los bonos y se activen los cross-default. Este panorama complicaría aún más la ya delicada situación de Argentina.

Por su parte, la presidente se empeña en recordar que su difunto marido, Néstor Kirchner, salió de la crisis del 2001 sin financiamiento ni ayuda externa. Sin embargo, en aquella época no había déficit fiscal y el precio de la soja comenzaba a jugarle a favor. En cambio, por estos días el déficit fiscal se incrementa, al igual que el gasto público, y los futuros de la soja continúan descendiendo. No pareciera ser una situación muy similar a la de aquel entonces.

Si realmente se quiere tomar una medida que no perjudique al país, la mejor opción es pagar una vez vencida la cláusula RUFO. Los datos macroeconómicos por sí solos no podrán generar las condiciones necesarias para repuntar la economía. Enviar la confiabilidad necesaria y sanear las instituciones del país es el camino para lograr atraer inversiones nuevamente al país y revertir la fuga de capitales.

Argentina posee ventajas más que envidiables para atraer inversiones, pero estas no llegan por la debilidad institucional del país. Otros atractivos serían los montos de inversión en el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, por ejemplo, con instituciones confiables. Otra sería la expectativa de crecimiento en un país donde se respeten las instituciones, se deje competir a las empresas libremente, y por sobre todas las cosas, se retome la disciplina fiscal.

Iván Cachanosky Iván Cachanosky

Iván Cachanosky es licenciado en Administración de Empresas y magister en Economía Aplicada. Se desempeña como profesor de CMT-Group. Síguelo en Twitter en @IvanCachanosky.

Presidenciales de octubre amenazan hegemonía del progresismo en el Sur

By: María Teresa Romero - @mt_romero - Oct 1, 2014, 11:29 am
progresistas presidenciales

EnglishDe las naciones que celebran elecciones presidenciales a lo largo de este mes de octubre —Brasil, Bolivia y Uruguay, los tres con mandatarios y partidos socialistas—, sólo está asegurado el triunfo electoral del actual presidente boliviano Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS); no así la reelección de la presidenta brasileña Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, ni la elección del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, del partido gobernante Frente Amplio. Efectivamente, el presidente Morales se vislumbra como el próximo presidente. De mantenerse la tendencia que reflejan la mayoría de las encuestas bolivianas para las elecciones del 12 de octubre, Morales sería reelecto por tercera vez consecutiva en la primera vuelta electoral con más del 50% de apoyo, y el MAS también obtendría la mayoría absoluta en el Congreso. Según la más reciente encuesta de la revista Poder y Placer, “la intención de voto da el 52,5% a Morales, 16,7% a Doria Medina, 8,6% a Jorge Quiroga, 2,8% a Juan del Granado (Movimiento sin Miedo) y 0,7% a Fernando Vargas (Partido Verde)”. En contraste, en Brasil y Uruguay las candidaturas de Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño, y Luis Alberto Lacalle Pou, del conservador Partido Nacional, respectivamente, han puesto en jaque a las izquierdas tradicionales que gobiernan estos países desde hace años y que de varias formas apoyaron a la izquierda radical o bonapartista que aún se agrupa en el ALBA. Marina Silva, la ecologista que sacudió las elecciones brasileñas El inesperado regreso de la conocida ecologista Marina Silva a la carrera por la presidencia brasileña ha cambiado el panorama de las elecciones de este próximo domingo 5 de octubre. Si bien la presidenta Rousseff puntea en las encuestas (de hecho logró un repunte en las últimas), le será muy difícil no ir a una segunda vuelta. El más reciente sondeo del Instituto Ibope indica que la actual mandataria sería la más votada en la primera vuelta con un 38% de los sufragios, seguida por Silva con un 29%. Sin embargo, en una casi segura segunda vuelta electoral que se llevaría a cabo el próximo 26 de octubre, ambas candidatas empatarían con el 41% de los votos. https://twitter.com/Mundo_ECpe/status/516961329576677376 No cabe duda de que Marina Silva encarna la renovación política en Brasil, luego de 20 años de polarización entre el Partido Socialista de Brasil, de Fernando Henrique Cardozo, y el Partido de los Trabajadores, de Lula Da Silva y Dilma Rousseff. Marina Silva es la popular exministra del Ambiente del mandatario Lula Da Silva y exsenadora de la república, quien logró ese escaño a sus 36 años, siendo la más joven y más votada del país. Silva encuentra apoyo en las clases medias urbanas y en especial entre los jóvenes que muestran un gran descontento con el Gobierno actual por los escándalos de corrupción, y por su manejo de la economía. Brasil enfrenta en la actualidad una fuerte recesión económica, una alta inflación y el estancamiento de su modelo de desarrollo. Lacalle Pou seduce a la juventud uruguaya En Uruguay, la candidatura del joven político Luis Lacalle Pou, de 41 años, ha producido un vuelco dentro de la política uruguaya. El candidato es hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995), quien inesperadamente ganó la nominación presidencial dentro del Partido Nacional, o Blanco, al senador Jorge Larrañaga, quien ahora acompaña a Lacalle Pou como candidato a vicepresidente en la fórmula. De tal forma, a poco menos de 20 días de las elecciones presidenciales de Uruguay, se vislumbran vientos tormentosos que ponen en jaque las predicciones hechas desde hace meses, cuando se daba por seguro el triunfo del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, por segunda vez. Los resultados que se desprenden de los últimos sondeos indican que el expresidente Vázquez aún mantiene un 41% de las preferencias del electorado para los comicios del 26 de octubre, pero que no las tendrá fácil para ganarle al joven político Lacalle Pou, quien cuenta con un 30% de intención de voto. Lo que realmente cuenta en ese cambio es el desgaste natural del partido de Gobierno, de sus figuras y sus discursos, así como la cuestión generacional que está haciendo mella entre los jóvenes. Las posibilidades electorales de Lacalle Pou aumentarían con el casi seguro apoyo del Partido Colorado, el cual mantiene una aprobación del 14 %. Las encuestas también muestran que el oficialismo perderá la mayoría parlamentaria y que una segunda vuelta electoral —pautada para el 30 de noviembre— es irreversible, en virtud de que ningún partido obtendría la mayoría absoluta en la primera vuelta. Ello implicaría nuevos reacomodos y acuerdos entre las toldas políticas en disputa. En este lento pero evidente cambio en las preferencias electorales uruguayas no cuenta tanto la situación socioeconómica, como sucede en Brasil. Desde 2005, bajo los Gobiernos de Frente Amplio, Uruguay ha registrado un constante crecimiento económico y una buena situación social. Lo que realmente cuenta en ese cambio es el desgaste natural del partido de Gobierno, de sus figuras y sus discursos, así como la cuestión generacional que está haciendo mella entre los jóvenes, quienes se sienten más identificados con un presidente todavía dentro de la cuarentena que ante un experimentado exmandatario, pero que ya suma 74 años de vida. Ahora bien, aun cuando estos candidatos —Silva y Lacalle— no logren finalmente imponerse en unas muy probables segundas vueltas electorales, las nuevas presidencias de Dilma Rousseff y Tabaré Vázquez seguramente optarán por reformas económicas y por posiciones más hacia el centro del espectro político, dadas las nuevas realidades imperantes en sus países y en el panorama latinoamericano.

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