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Luego de presentado el presupuesto 2016, volvió a tomar protagonismo el debate sobre la gratuidad. Uno de los grandes protagonistas de los pesos a gastar será la reforma educacional. Sin embargo, poco se sabe aún del método de implementación de la misma, generando confusión incluso dentro de la Nueva Mayoría (NM). El hecho de que una universidad importante, como la Católica, no adhiera al régimen de gratuidad, habla de los defectos de diseño en la reforma educacional.
La tesis más fuerte es que la reforma educacional pasaría a subsidiar la oferta, en vez de la demanda, como lo hace el sistema actual de becas. No obstante, algunos no descartan la posibilidad de que se continúe con el actual sistema potenciado por el expresidente Sebastián Piñera. De todos modos, el punto importante es que ya sea que el Gobierno de Bachelet decida subsidiar la oferta o la demanda, lo hará de manera discriminatoria. Esta afirmación viene a cuenta de que las únicas universidades beneficiadas serán las pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch).
Esta discriminación es inmoral y fomenta la desigualdad en Chile. A esto hay que sumarle que la reforma sería sumamente ineficiente
Esta discriminación, en cuanto a obtener beneficios si los estudiantes acuden a universidades pertenecientes al Cruch o no, es totalmente injusta. Podría ocurrir que una persona ubicada en el quintil más bajo no acuda a una universidad del Cruch y, por lo tanto, no obtenga beneficios.
Por el otro lado, también podría suceder que una persona ubicada en el tercer quintil, es decir, en una mejor situación, acuda a una universidad del Cruch y obtenga el beneficio. Esta disparidad de beneficios es totalmente inmoral y antiética. Más aún, si dos personas pertenecen al mismo estrato social pero acuden a universidades distintas, una obtendrá un beneficio y la otra no. Estas son las medidas que fomentan la desigualdad en Chile.
Sin embargo, no sólo es una reforma inmoral, sino que además es ineficiente. Esto es debido a que los potenciales beneficiados son muy pocos. Si la medida se quiere tomar para favorecer al 60 por ciento de la población más vulnerable, esto equivale a contemplar a los quintiles I, II y III; sólo 35 por ciento de los estudiantes pertenecientes a estos quintiles serían beneficiados por la reforma educacional, mientras 65 por ciento no serían beneficiados.
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Calando un poco más profundo, los más perjudicados son los estudiantes de los Centros de Formación Técnica (CFT) y de Institutos Profesionales (IP), ya que sólo un 20 por ciento se vería favorecido por la reforma educacional. En tanto, para el caso de las universidades, los beneficiados serían un 51 por ciento del total de estudiantes pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable.
En conclusión, sin importar si se subsidia la demanda o la oferta, mientras se haga en estas condiciones, se observará en primer lugar un trato injusto para mismas clases sociales dependiendo de la universidad en la que estudien. Esta discriminación es inmoral y fomenta la desigualdad en Chile. A esto hay que sumarle que la reforma sería sumamente ineficiente, ya que sólo beneficiaría a un 35% de estudiantes con las mismas características.
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