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EnglishLa semana pasada, la Corporación Andina de Fomento (CAF) publicó su novena edición del Reporte de Economía y Desarrollo (ver documento al final del artículo) sobre los emprendimientos en América Latina. Esta organización se presenta a sí misma como el Banco de Desarrollo de la región, objetivo en el que a todas luces ha fracasado, y quizás por este motivo ha optado por focalizar sus esfuerzos en otras actividades, como la redacción de informes. Sin embargo, el reporte al que hacemos referencia demuestra que tampoco han realizado un buen trabajo al respecto.
Aunque el informe comienza a partir de un hecho real como son los problemas de productividad que se viven en América Latina, el diagnóstico y la solución que aporta son errados. Según los autores, el problema de productividad surge de los empresarios, de los cuales una parte importante no poseería las habilidades necesarias para iniciar una empresa. Para llegar a este arrogante diagnóstico, los autores parten de un novedoso descubrimiento: cada empresario es diferente (ver p. 108).
Pero el acertado supuesto no impide a los investigadores considerar que, a pesar de sus diferencias, la mayoría de los empresarios no cuentan con las habilidades requeridas para desarrollar su actividad: no tienen ni el “talento ni la ambición necesarios para crear negocios” (p. 108). Sobre todo, debido al hecho de que algunos de los que deciden crear sus propias empresas lo hacen solamente porque perciben que trabajando como empleados no podrán acceder a un ingreso alto (p. 55).
Así, el emprendimiento es considerado por el CAF como una actividad que debe ser ejercida por algunos individuos con unas características particulares definidas, que tomen la decisión de dedicarse a su emprendimiento por las razones correctas. Es decir, por las razones que definan algunos especialistas.
En el trabajo no se consideran las conclusiones sobre la figura del empresario a las que llegaron algunos autores de la Escuela Austríaca. Tampoco se mencionan los aportes hechos por Hernando de Soto para comprender que cualquier emprendedor es valioso en la sociedad si el Estado no restringe su actividad con regulaciones y obstáculos innecesarios.
Entonces, los autores cometen dos errores de base. Por un lado, considerar que el empresario debe tener determinadas características específicas establecidas por expertos. Por el otro, que en el desempeño de la actividad empresaria no tienen incidencia los incentivos institucionales que les impiden tomar decisiones, reducir la incertidumbre o invertir en innovación y calidad.
Si el problema está en los empresarios, motores del capitalismo, la solución propuesta resulta obvia: el Estado. ¿Cómo promover el desarrollo de estos emprendimientos de calidad? No existe una respuesta universal; no obstante, no hay duda del rol protagónico que cumplen las políticas públicas (ver p. 201).
Los autores confunden el entorno de negocios con la construcción de infraestructura (ver p. 202), tarea que tradicionalmente se le adjudica al Estado. Pero además, en este caso también se encuentra la existencia de un “amplio espacio y la necesidad de una intervención pública significativa y eficaz, dirigida a la promoción del emprendimiento” (ver p. 240).
Esta intervención debe ser integral y multidimensional (p. 240), eufemismo para decir que debe ser en todos los ámbitos, incluso en la decisión de quiénes pueden y quiénes no ser empresarios. En otras palabras, los autores consideran que el Estado no ha intervenido lo suficiente en América Latina como para que los individuos – incapaces de ser “buenos” emprendedores por sí mismos – pudieran generar desarrollo.
Además de estar equivocados en la solución, los autores se muestran ingenuos en su postura. En una región como América Latina, el informe advierte que las políticas públicas creadas deben evitar caer en la captura de rentas (p. 240).
Entonces, además de la arrogancia y de los diagnósticos estatistas propios de la burocracia internacional, este informe desconoce en sus 270 páginas la actualidad de la región, el papel negativo que han tenido sus Estados y las razones por las cuales los individuos han sido obstaculados en su afán de crear riqueza.
Lo anterior no quiere decir que todos los empresarios latinoamericanos sean buenos, sino que su utilidad viene definida por el éxito que obtengan a través de sus actividades productivas. Es decir, a través de las ganancias o pérdidas que tengan en el mercado.
Más allá de su formación, los expertos no pueden determinar quiénes pueden ser empresarios. Mucho menos es una actividad que pueda ser definida por el Estado. El diagnóstico y las soluciones planteadas en el informe, al tener una clara visión estatista, nada argumentan contra la protección a las compañías, incluso si son éstas pequeñas, y seguramente serían críticos ante la llegada de empresas multinacionales a los países latinoamericanos.
De esta manera, el informe se convierte en un ejemplo más de la incapacidad de las organizaciones internacionales de fomentar el desarrollo y de su intención, en cambio, de otorgarle todavía más funciones al Estado de las que éste puede y debe cumplir. El estudio demuestra la persistencia en nuestra región de ideas probadas erróneas y de diagnósticos inútiles que no solo retrasan la solución a los problemas de pobreza y exclusión, sino que limitan la extensión de la libertad.
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