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EnglishLos líderes venezolanos, cada vez más comprometidos con —y enceguecidos por— el totalitarismo que están erigiendo, definitivamente no entienden o no quieren entender su papel en el desastre económico que han generado en un territorio tan rico en recursos naturales.
En esta ocasión, el Gobierno de Nicolás Maduro implementó una política de cierre nocturno de la frontera con Colombia como respuesta a la escasez que hay en su país de un número creciente de bienes de consumo.
La lógica del sátrapa de turno es simple —y equivocada: la escasez en Venezuela se presenta por el contrabando de bienes hacia Colombia.
Es decir, para Maduro nada tienen que ver la desaparición de los derechos de propiedad, los controles de cambios y de precios, ni las restricciones al comercio impuestos desde la llegada al poder del anterior sátrapa, Hugo Chávez. Ignora la generación de incentivos que llevaron a la (casi) desaparición de la industria en Venezuela y de la producción de bienes alimenticios.
No. En su borrachera de poder, el Gobierno venezolano considera que la culpa, una vez más, la tiene el comercio. Comercio que por decisión estatal es ilegal y por lo tanto se lo denomina contrabando.
Evidente es la preferencia de estos líderes por la lectura de panfletos disfrazados de ciencia, típicos de Carlos Marx y sus seguidores, y el desconocimiento de planteamientos que explicarían lo que sucede hoy, como lo es el Camino a la Servidumbre, de Friedrich A. Hayek.
Pero, claro está, la capacidad del Gobierno chavista de implementar sus simplistas, equivocadas y dañinas soluciones no es un camino de una sola vía. Al otro lado de la frontera, el Gobierno colombiano acepta sin protestar, y sin defender a los ciudadanos a los que debe proteger, las medidas adoptadas en Caracas.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, muy comprensiva cuando de los Gobiernos totalitarios de la región se trata, explica que la medida no afectará a la zona de frontera porque los cierres son nocturnos. Es decir, ella, asumiéndose como omnisciente, sabe cuándo, cómo y a qué hora se hacen transacciones comerciales entre los dos países en la zona de frontera.
Así, el Gobierno colombiano no solo aprobó, con su silencio, el aplastamiento de las movilizaciones sociales internas en Venezuela en contra de la dictadura; Ahora también permite que se afecte a los comerciantes y empresarios de la zona de frontera, quienes deben trabajar solo a las horas que a la ministra le parezcan convenientes.
A pesar de la anuencia de las autoridades colombianas, la medida fracasará. ¿Son tan ingenuos —o ignorantes— a lado y lado de la frontera como para creer, de verdad, que los individuos se resignarán a su suerte y que los intercambios entre los dos países cesarán? ¿Son tan ciegos como para, de verdad, no haberse dado cuenta que la causa de la escasez no es el comercio intrafronterizo sino las medidas económicas adoptadas?
Lo peor de todo es que cuando al cabo de un mes (tiempo inicial de duración de la medida), se demuestre que esta decisión también fue un fracaso, el Gobierno de Venezuela adelantará nuevamente una de dos prácticas a las que ya nos tiene acostumbrados. O las dos.
En un primer momento, Venezuela afirmará que la medida fue un éxito, pero que falta controlar un poco más el contrabando. Por lo que falta, con la molesta retórica por todos conocida, culpará a los “capitalistas”, a los “burgueses” y denunciará de paso una supuesta injerencia de Estados Unidos.
Por el otro, adoptará más medidas restrictivas del comercio, de las libertades individuales, seguirá acabando con lo poco que resta de los derechos de propiedad. Y, para desviar la atención, se considerará que la medida se debe extender, tanto en su duración, como en los horarios en los que se mantendrá cerrada la frontera.
El Gobierno venezolano, desde hace mucho tiempo, se convirtió en el peor enemigo de sus propios ciudadanos. Cada vez más se convierte en una amenaza a la estabilidad de la región y al bienestar de los ciudadanos de otros países.
Desafortunadamente, esos ciudadanos se ven desprotegidos por sus propios Gobiernos que, en lugar de cumplir con sus funciones, se dedican a servir de cómplices a los totalitarios de la región.
En el caso colombiano, esta complicidad se debe a que la administración de Juan Manuel Santos, de manera ingenua y como resultado de diagnósticos equivocados, teme que si enfurece al sátrapa venezolano, puede fracasar el enredado proceso de paz.
En caso de firmarse la paz con la guerrilla de las FARC, ojalá al Gobierno colombiano no le cueste mucho más, en legitimidad, estabilidad y recursos, el haber permitido, el haber estimulado, la violación a los derechos de sus propios ciudadanos.
