English Version
EnglishLa misma entidad del Gobierno colombiano que la semana pasada lideró la decisión política «más importante» de los últimos tiempos, la prohibición de las mini-gelatinas, esta semana vuelve a sorprender con otra decisión, de suma urgencia, para la seguridad y desarrollo del país: la prohibición a una empresa de utilizar un nombre en su página web.
La historia es, más o menos, la siguiente. Una empresa de comercio electrónico utiliza un nombre en su página de venta de tiquetes aéreos: “los tiquetes más baratos”. La Superintendencia de Industria y Comercio, la entidad gubernamental que ha ocupado las noticias en las dos semanas recientes, por sus «trascendentales» decisiones, encontró que al decir que son los más baratos puede inducir a un error a los consumidores. Por esta razón, decidió prohibir el uso de ese nombre.
¿A razón de qué la Superintendencia tomó esta decisión?
La justificación oficial es una supuesta manipulación de la que podrían ser objeto los consumidores. Pero la verdad es que el caso fue resuelto de esta manera, como resultado de una queja interpuesta por Aviatur, una vieja agencia de viajes, cuyo dueño, Jean Claude Bessudo, un hombre rico, así como muchos otros que se auto-denominan empresarios, prefirió desde hace mucho tiempo construir su riqueza a partir de su asistencia a eventos sociales de carácter político, de hacer negocios con el Gobierno y hasta de pertenecer al Gobierno, a través de sus hijos.
En consecuencia, la decisión tomada por la Superintendencia es un típico ejemplo de cómo algunos empresarios consideran que enriquecerse no se logra por medio de la innovación en su sector, ni de su capacidad de competir, sino por medio de una insana relación con los políticos. El Gobierno impide la competencia y estos supuestos empresarios financian campañas y sirven, como súbditos, a los representantes de turno.
Además, este es un ejemplo de cómo las autoridades públicas en Colombia, de manera descarada, están al servicio de intereses particulares. Lo peor es que, para legitimar sus decisiones, son ellos los que manipulan a los consumidores y los inducen a error.
¿Acaso en realidad creen que aquéllos que compran sus tiquetes por Internet son tan ignorantes o tontos como para no revisar varias páginas antes de adquirir los tiquetes que consideran los que tienen mejores precios? No. El problema está en que la Superintendencia, actuando como instrumento de la pereza a competir del señor Bessudo, considera que los consumidores deberían tener, no mejores precios, sino a Aviatur como su única opción.
Así, la decisión de la Superintendencia esconde una molesta mezcla del Gobierno al servicio de unos particulares, capitalismo de amigotes (crony capitalism) y paternalismo, al tratar de proteger a los consumidores, sin que ellos lo soliciten ni lo necesiten, de sus propias decisiones de compra.
Pero, además, la decisión demuestra el temor que tienen, tanto las burocracias y políticos como los empresarios-políticos, no solo a la competencia, sino a la innovación y el avance.
El dueño de Aviatur, seguramente, añora el tiempo en el que quién quisiera viajar debía ir hasta una de sus aburridas oficinas y esperar que el agente le organizara su viaje. Por eso es que, tal vez, siente tanta frustración porque hoy, en lugar de desplazarse, los viajeros organizan su viaje como quieren y adquieren sus tiquetes en línea.
La decisión, aunque solo sea la prohibición de un nombre, es un ataque a las nuevas tecnologías y al surgimiento de alternativas a los negocios tradicionales. Así como el caso de Uber lo demuestra, la innovación, el cambio y el progreso les generan pánico a los Gobiernos.
De hecho, el Gobierno es, en sí mismo, una muestra del anclaje al pasado. La existencia de esas paquidérmicas entidades llamadas Superintendencias es un ejemplo. En los procesos de privatización y de supuesta renovación —el lenguaje para engañar y manipular— de la administración pública en los años 90, el Gobierno colombiano decidió que algunos sectores económicos debían ser supervisados.
En consecuencia, creó Superintendencias para casi todo: para los servicios públicos domiciliarios, para la seguridad privada, de industria y comercio, de notariado y registro, entre muchas otras.
La función era regular —es decir, prohibir, intervenir y dificultar— la producción de ciertos bienes o la prestación de algunos servicios. Hasta hoy, la utilidad de tales entidades no es claro. Por ejemplo, a pesar de existir una Superintendencia para ello, los servicios públicos domiciliarios en Colombia son de pésima calidad.
Así las cosas, las Superintendencias en Colombia, hay que decirlo, fueron creadas con el fin de impedir la competencia y de darles vigencia, por decreto, por obligación, a los negocios del pasado. Es puro cuento que el consumidor sea el importante.
Lo son los privilegios de los ya privilegiados. El objetivo es que Bessudo y su familia sigan asistiendo a eventos sociales, no porque creen riqueza, sino porque nos obligan a los demás a transferírsela a ellos.
Discusión sobre post