Comencemos por emplear la preposición correcta. Todo comentario relacionado con entrar en el mercado cubano hace referencia a invertir “en” Cuba. Pero, utilizada como preposición, “en” indica inocentemente inclusión en un espacio o lugar. Sin embargo, “en” es una preposición insuficiente y engañosa con referencia a las inversiones en Cuba. Invertir “en” Cuba es una expresión ingenua que cierra los ojos al carácter del “con” de esas inversiones.
Cuba no es como otros mercados extranjeros, donde la debida diligencia del inversionista requiere mayormente investigar la demografía, información del mercado local, y quizás algunos riesgos políticos. Invertir en Cuba necesariamente requiere invertir asociado con el Gobierno cubano, y más específicamente con los militares cubanos. Es mucho más preciso utilizar la preposición “con”, que denota “acompañado por”. Invertir con Cuba, asociado a los militares cubanos, requiere una mucho más rigurosa diligencia debida.
Invertir “en” Cuba requiere que el inversionista lidie “solamente” con factores tales como un ingreso medio de 20 dólares mensuales, internet y sistemas de información y comunicación obsoletos, entorno de negocios hostil, violación de derechos de los trabajadores, extensa corrupción, energía poco confiable, sistemas de acueducto y alcantarillado obsoletos, infraestructura derruida, economía en bancarrota, un incómodo sistema de doble moneda, y mucho más.
Invirtiendo “con” Cuba requiere además, que las firmas extranjeras acepten ser socios minoritarios, con el Gobierno cubano representando el accionista que controla. Bajo este arreglo, el Gobierno cubano espera que los inversores extranjeros generen ingresos para el Estado en sus propios términos. Si la operación no satisface las expectativas del Estado, este puede terminar arbitrariamente el acuerdo, y no hay sistema judicial independiente que proteja al inversionista.
También es una caracterización errada hablar de un “sector privado” en Cuba, sugiriendo que tal sector existe como posible socio para los inversionistas americanos. No hay sector privado en Cuba en el sentido que utilizamos ese término en economías de mercado libre. El llamado autoempleo (cuentapropistas) en Cuba no es equivalente a un sector privado. Se trata de individuos a los que el Estado ha dado permiso para operar en una de las 201 actividades comerciales especificadas y bajo condiciones muy restringidas. No tienen estatus legal, como tendría un propietario privado, sociedad o corporación en Estados Unidos. Por consiguiente, es muy engañoso hablar de un sector privado en Cuba.
Tomemos un aspecto específico de hacer negocios “con” Cuba, para ilustrar como ello ofende nuestros valores y moral, nuestras leyes comerciales y laborales, y nuestras expectativas de comportamiento corporativo.
Los inversionistas extranjeros operando en Cuba no pueden reclutar sus propios empleados. La firma extranjera tiene que negociar con el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social un “Contrato para suministro de fuerza de trabajo”, indicando la cantidad y calificaciones de los empleados necesarios. La agencia estatal de contratación de personal para empresas extranjeras envía entonces a la firma extranjera trabajadores preevaluados.
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El empleador extranjero paga directamente a la agencia estatal en divisas, o el equivalente en pesos convertibles cubanos (CUC). Entonces los trabajadores cubanos son pagados por la agencia estatal en pesos cubanos no convertibles (CUP). Con este arreglo, el Estado se queda con más de 90% del supuesto salario de los trabajadores.
Esta práctica es una forma de esclavitud que viola las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. El escritor cubano Carlos Alberto Montaner la ha denominado adecuadamente: Cuba, el Estado proxeneta. Es una práctica repugnante que expondría a las compañías americanas participantes a interminables litigios y al desprecio público.
La corrupción es un serio problema en la Cuba oficial con hábitos de ilegalidad y una economía estatal controlada donde existe poco respeto por el Estado de Derecho. Las compañías americanas, particularmente las que cotizan en bolsa, sujetas a un sinnúmero de regulaciones anticorrupción y transparencia, hallarían casi imposible operar legalmente en tal entorno de corrupción sistémica y endémica.
Entonces, quienes buscan invertir “con” Cuba deberían incluir dentro de la debida diligencia escrutar a quien será su accionista controlador: una empresa estatal como GAESA, el vasto conglomerado dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, el yerno del general Raúl Castro.
Y todos deberíamos comenzar a utilizar la preposición “con” para especificar que no es invirtiendo “en” Cuba, sino en sociedad con corruptos militares cubanos.