Mientras en La Habana las FARC van a por lo suyo, y en Bogotá el Gobierno, afónico, promete la paz, vastos sectores del país están viendo crecer la violencia, fundamentalmente ligada al narcotráfico. No en vano Colombia volvió a ser el primer productor de cocaína del mundo, después que el Gobierno actual, atendiendo la exigencia de las FARC, suspendiera la fumigación de cultivos ilícitos.
Es el caso de el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, donde FARC, ELN y un resurgente EPL obtienen ingentes ganancias de unas 35.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, mientras se pelean entre ellos y someten a la población civil del área.
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En los vastos Llanos Orientales, además de cocaína, la minería ilegal y el coltán están en la mira de los Grupos Armados Organizados (GAO) y las FARC. Se habla de ganaderos y hacendados reorganizándose para su seguridad y propia protección ante el aumento de la extorsión y las amenazas.
Otras zonas, tradicionalmente ausentes de Estado, viven fenómenos de crecimiento de los cultivos de coca y de control comunal de las FARC, el principal cartel del narcotráfico en Colombia, según el Comité Técnico de estudio del narcotráfico como delito conexo al de rebelión, que deliberó en La Habana; y según Estados Unidos, que las cataloga como uno de los carteles más grandes del mundo y que acaba de endurecer su posición política, su legislación y su estrategia de combate contra este comercio ilícito.
El caso de la zona fronteriza con Panamá es de particular cuidado. Panamá y la zona del Darién se convirtieron en una ruta de contrabando e ilegalidad desde que el Tratado de Utrecht de 1721 abrió Portobelo al comercio mundial. Trescientos años después, el asunto sigue sin solución y los sabios bogotanos de la relaciones internacionales continúan elucubrando sobre teorías, deseos, intenciones y harta academia sin aportar mucho para poder controlar una de las fronteras mas utilizadas por los emigrantes ilegales de todo el mundo, pero especialmente cubanos, para llegar a Estados Unidos.
La ruta es larga. Salen de Cuba rumbo a Ecuador, donde no necesitaban visas, aunque ya el gobierno de Correa estableció este requisito al darse cuenta que su país, solidario en revolución con la satrapía de los Castro, era aprovechado como punto de paso y no como casa de hermano socialista.
De Ecuador, via terrestre por Colombia (Ipiales-Cali-Medellín-Turbo, Acandí y/o Juradó) o via marítima por el Pacifico, los emigrantes llegan a la frontera del Darién, allí son recibidos por “coyotes” que los llevarán a través de trochas imposibles hasta Panamá (Puerto Obaldía, La Miel o Cabo Tiburón).
Luego viene el tramo largo: San José, Managua, Tegucigalpa, Guatemala, Veracruz, Matamoros y coronan cuando cruzan la frontera y llegan a Browsnville, Texas. De allí a Tampa y al sueño latino: ¡Miami!
Un mes largo y unos dos mil dólares por huir del paraíso comunista cubano hacia el vilipendiado capitalismo imperialista. Nepalíes, somalíes, hindúes, bangladesíes, pakistaníes y los infaltables chinos, forman parte también de este peregrinaje.
Cualquier visitante desprevenido, supuestamente atraído por las bellezas naturales de Capurganá o Zapzurro, puede advertir la presencia de individuos que aparentemente vagan por ahí en permanente observación: son las adelantadas “moscas” de narcos y traficantes de personas que sobornan autoridades y reclutan ilegales.
Pero la frontera colombo-panameña es más que un flujo permanente de emigrantes ilegales procedentes de todo el mundo en busca del sueño americano.
Según la Acnur, como mínimo 6.000 raizales han sido desplazados y otros 7.000 están atrapados en medio de combates en el Departamento del Chocó, que limita con Panamá y cuya costa sobre el Pacifico es la puerta de salida de más de 200 toneladas anuales de cocaína rumbo a Centroamérica.
A lo largo de los ríos Baudó, Atrato y San Juan, por donde se trazaría el mítico Canal de Raspadura que uniría los océanos Atlántico y Pacifico, la lucha por el dominio territorial entre diferentes bandas de narcotraficantes y células del ELN y las FARC es constante.
Hace pocos días, una operación combinada del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, neutralizó a alias “El Mocho”, cabecilla del frente Resistencia Cimarrón del ELN, que según informaciones de inteligencia movía más de COL$3.200 millones mensuales (unos US$3 millones), suma suficiente para obtener silencio y protección en una área poblada por pauperizadas comunidades afro e indígenas.
Las FARC han hecho presencia no solo en el Chocó, en donde se les recuerda por el asesinato de 21 policías en 2000, en el municipio de Vigía del Fuerte y la infame masacre de Bojayá en 2002, cuando asesinaros 119 civiles. Su cuadrilla 57 también se ha dedicado desde hace años al trasiego de cocaína e inclusive secuestraron hace pocos años a un conocido comerciante panameño.
Las fotos de alias “Becerro” y alias “Silver”, con sus pintas de raperos, sus amantes siliconadas, anillos, cadenas y armas enchapadas, mostró a la opinión pública el nuevo cariz que han adoptado los cabecillas de la organización terrorista.
Cuando en abril pasado, el presidente panameño anunció el cierre de la frontera con Colombia para inmigrantes ilegales, se trataba de poner algún nivel de control en un área dominada por la delincuencia. Pero, como en el caso del cierre de la frontera colombo-venezolana, lo que se ha generado es una crisis humanitaria actualmente en desarrollo.
Las coordinaciones entre el Ejército y la Armada Colombianos y el Senafront y el Servicio Aeronaval panameños se vienen dando con regularidad, aunque la simbólica base instalada cerca al alto de Tuirá, en la Serranía del Darién que marca el límite entre los dos países, es ahora un recuerdo.
La explotación minera ilegal es otro grave problema que genera violencia, desplazamiento y daños ambientales irremediables en esta zona, una de las grandes productoras de oro en el mundo, en donde operan no solo grandes multinacionales como la Andro Gold Ashanti, sino miles de desempleados e irregulares ansiosos por enriquecerse.
Entre el oro y el narcotráfico –más de 100 toneladas se han incautado en lo que va del año y el presidente colombiano anunció hace pocos días el decomiso de cocaína más grande en la historia del país, 8 toneladas, precisamente en el puerto de Turbo, Golfo de Urabá, límite con el Darién–, se mueve un caudal de inmigrantes ilegales que generan a su paso problemas logísticos y de salud en un área carente de estos servicios.
Y siempre está en el ambiente, combinando todos los elementos anteriores, la posibilidad de una atentado terrorista contra el Canal, que causaría un caos comercial mayor en todo el mundo. Así convulsiona este Tapón del Diablo.
Desde Ciudad de Panamá.