El fiscal general de Colombia, Nestor Humberto Martínez, anunció este jueves 25 de agosto que perseguirá los patrimonios ilegales obtenidos por las Farc a través de sus actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión e incluso el narcotráfico. El anuncio fue hecho en Pasto después de una gran polémica que se viene presentando hace meses en la que la oposición acusa a las Farc de tener una gran fortuna.
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Martínez, aseguró que las FARC son bienvenidas a participar en política, pero también dijo que no va a permitir que lo hagan con dineros obtenidos por medio de actividades ilegales durante el conflicto armado en Colombia.
Bienvenidos a la democracia, pero esa incorporación al sistema político colombiano no se hará con dineros ilegales. Esos patrimonios serán objeto de extinción del dominio” aseguró Martínez.
Además, el fiscal general también anunció la creación de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, que tendrá como función principal perseguir y judicializar a quienes atenten contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país y anunció el nombramiento de la magistrada Alexandra Valencia como primera directora de la Unidad.
La creación de esta unidad hace parte el último punto de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las Farc y según el texto publicado tiene como objetivo luchar en contra de organizaciones criminales y sus redes de apoyo que representen la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la construcción de paz, incluso las que hayan sido sucesoras del paramilitarismo.
En ese orden de ideas, Martínez aseguró que hará todo lo posible para que por medio de estas medidas se logren las garantías de no repetición expuestas en los acuerdos de paz logrados entre el Gobierno y las FARC. Por ese motivo, dijo que la Fiscalía General será implacable con los desmovilizados que reincidan en sus delitos.
Finalmente, dijo que la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado se mantendrá el tiempo que sea necesario para lograr sus objetivos, dentro de los que se incluye la persecusión, investigación y acusación de organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género o que agredan a defensores de derechos humanos y a movimientos políticos y sociales.
Fuente: Revista Semana