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Una empresa subsidiaria de la compañía suiza Glencore International PLC, empresa productora y comercializadora de materias primas, le presentó a Bolivia una notificación de arbitraje por la nacionalización de dos plantas de fundición de minas y minerales (Complejo Metalúrgico Vinto y planta Vinto Antimonio).
«El 19 de julio de 2016, una subsidiaria de la compañía Suiza Glencore International Plc (Glencore) presentó una notificación de arbitraje en contra de Bolivia» mencionó la oficina estatal en La Paz.
Glencore asegura que no tuvo otra opción que iniciar procedimientos de arbitraje para hacer cumplir sus derechos conforme a la ley internacional. Explicó que todo esto sucedió después de que el Gobierno Boliviano nacionalizara las plantas de fundición de estaño-antimonio en el año 2001 y luego, en el 2010, la de estaño y que ya habían pasado casi nueve años tratando de negociar sin recibir ninguna compensación para la nacionalización de sus operaciones.
Evo Morales, presidente de Bolivia, comenzó con la nacionalización de empresas de energía, de gas, también empresas petroleras, eléctricas, mineras, de telecomunicaciones, así como aeropuertos y otras; lo que, de acuerdo con lo expresado por Glencore, le da al Gobierno el control soberano de todos los proyectos que se desarrollan en el país.
Sin embargo, la dependencia señaló que dicha empresa extranjera manipuló el sistema de protección, presentándose como demandante para beneficiarse del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) con Londres.
Por otra parte, la Procuraduría General del Estado mencionó que “resulta inverosímil la presentación de esta demanda arbitral, ya que el Estado Boliviano ha llevado durante varios años negociaciones con la empresa, las cuales fueron abruptamente interrumpidas por la solicitud de arbitraje”.
Asimismo, dijo que la planta de fundición fue vendida en un 90 % por debajo de su costo real, y que no invirtieron de ninguna manera en la planta de Vinto Antimonio, sino que, por el contrario, se dejó completamente inactiva.
“La Procuraduría General del Estado asumirá la defensa y representación jurídica del Estado boliviano, desnudando una serie de posibles irregularidades”, señaló esta entidad.
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