EnglishSegún el Indice de Inclusión Social 2014 publicado este martes por Americas Quarterly, Uruguay es el país que provee la mayor apertura de mercados, educación y participación política en América Latina. El análisis, el cual incluye a Estados Unidos y 16 naciones de Latinoamérica, toma en cuenta variables tales como las oportunidades en el mercado de trabajo formal y la capacidad de respuesta y de compromiso cívico por parte del gobierno.
El informe se enfoca en estimar “las oportunidades participativas disponibles para los grupos marginales,” dijo el editor en jefe de AQ, Chris Sabatini, durante el lanzamiento público del índice este miércoles en Washington, D.C. Esta definición, explicó, va mas allá de las cifras de PIB o la distribución de ingresos. En vez de esto, se enfoca en los derechos de autodeterminación de los ciudadanos, independientemente de su raza, genero o posición socioeconómica.
Este estudio engloba y analiza hasta 21 indicadores –algunos países no fueron estudiados según todos estos, dada la falta de datos– para producir marcadores interactivos. Uruguay, como en 2013, fue la nación con los mejores números en nueve de estos indicadores, los cuales incluyen: acceso a trabajo formal, independientemente de raza o género, y derechos políticos, civiles y de la mujer.
En contraste, Paraguay, Honduras, y Guatemala se encuentran estancadas al final de la lista – puesto que Haiti y Cuba no fueron analizadas. Además de tener bajas tasas de trabajo formal, AQ informó detectó extremas disparidades raciales. Mientras que el 43,6% de los mestizos guatemaltecos tienen acceso a un trabajo formal, tan solo el 17% de los indígenas de este país gozan de las mismas oportunidades. Alana Tummino, editora principal y directora de asuntos políticos de Americas Society, señaló que no es una mera coincidencia que los países más violentos tengan los menores indices de inclusión social.
Los resultados de Bolivia figuraron entre los más destacados, dado que posee uno de los índices más altos de inscripciones a la educación secundaria según género y raza, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial. Aun así, el resumen de estos marcadores pone en duda la confiabilidad de estos datos.
Chile y Brasil fueron los que más cayeron en el índice, en comparación a anteriores resultados. Cada uno bajó tres posiciones, de segundo a quinto y de quinto a octavo, respectivamente. No obstante, Brasil encabeza los resultados relativos a derechos LGBT, sobrepasando a Uruguay y Argentina.
Mientras que Estados unidos quedó en cuarto lugar, los autores reconocieron la ausencia de datos cruciales (y Canadá no figuró). En particular, Estados unidos no tiene datos sobre el porcentaje de individuos que viven con más de US$4 por día, tampoco tiene datos de inscripciones a escuelas secundarias, los cuales se presume le darían un impulso considerable en la tabla de resultados.
Kevin Casas-Zamora de la Organización de Estados Americanos (y que ocupó brevemente el cargo de vicepresidente de Costa Rica), el orador principal en el lanzamiento del estudio, notó que Nicaragua es un ejemplo confuso. En el 13° puesto, Nicaragua lleva ventaja respecto a las inestables y violentas naciones centroamericanas del Triángulo Norte. Aun así, los avances en política y participación cívica fueron compensadas negativamente con la falta de inclusión financiera, derechos de las mujeres y de LGBT. Nicaragua, sostiene Casas-Zamora, es tan solo un caso de éxito en tanto que su rendimiento no fue “peor de lo que se esperaba”.
Casas-Zamora también distinguió la inclusión social de los ingresos y el crecimiento del PIB, explicando que los dos no siempre van de la mano. “La fijación con [la desigualdad de ingresos] como indicador de la inclusión social es tan inexacto como el uso del PIB per cápita como indicador de desarrollo”, señaló.
“Ambos pueden ser engañosos.” Por ejemplo, Casas-Zamora aseveró que tales datos no dicen nada acerca de la seguridad ciudadana y la autodeterminación. A su entender, los indicadores del Índice de Inclusión Social – tales como participación civil, capacidad de respuesta del gobierno y derechos políticos– proporcionan las pistas necesarias para el análisis del progreso social mas allá de los indicadores económicos.
Mientras que el Índice de Inclusión Social provee cuantiosa y valiosa información, con nuevos indicadores este año sobre los derechos de discapacitados y acceso a la justicia, los críticos señalan la limitada precisión y el poco alcance de la información compilada. Por ejemplo, muchos de los países analizados no incluyen información relativa a discapacidades y raza.
Algunas informaciones pueden ser poco fiables, o pueden estar distorsionadas o no tener la matización necesaria. Por ejemplo, ciertos gobiernos pueden no producir información precisa o incluso alterar los resultados antes de su publicación. Del mismo modo, las estadísticas relacionadas a la violencia continúan centradas en los asesinatos y daños a la propiedad, sin tomar en cuenta la violencia doméstica. Así como dijo la panelista del evento Judith Morrison del Banco Interamericano de Desarrollo, el análisis cualitativo hubiese sido más apropiado para cierta clase de datos.
Notablemente ausentes del Índice estuvieron los datos de Venezuela, nación que se destaca en la prensa latinoamericana desde las protestas de febrero violentamente reprimidas por el gobierno. También se dieron censuras a la prensa y el encarcelamiento y juicio a Leopoldo López, como a otros opositores políticos. La puntuación de Venezuela, teniendo en cuenta las sospechas de violación de derechos humanos, agregada a la continuada crisis económica que amenaza con aislar aún más al país, hubiese sido esclarecedora.
Casas-Zamora mencionó también el caso de Venezuela en su presentación:
“Me rehúso a aceptar que, frente a experiencias recientes en Latinoamérica, la reducción de la pobreza y la creación de sociedades más inclusivas signifique renunciar al equilibrio de poderes, o la destrucción de cualquier rastro de un sistema judicial independiente, o el cierre de medios de comunicación políticos, o el encarcelamiento de opositores bajo falsas acusaciones, o criminalizar las protestas sociales, etiquetando como traidores a aquellos individuos que ejercen el derecho básico al disenso”, exclamó. “La humanidad no es simplemente un rebaño al que se debe alimentar”.