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English El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció recientemente que no solicitará una prórroga para el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas, un organismo multilateral encargado de investigar las actividades de fuerzas ilegales de seguridad. Tras siete años de existencia, sin embargo, su continuidad no es la principal preocupación, sino, mas bien, como pueden asegurarse efectivamente sus logros y objetivos.
El ataque a la raíz del crimen
La CICIG fue creada para proveer asistencia técnica en la investigación y perseguir a las redes criminales que habían sobrepasado la capacidad del Estado. Gracias a los vínculos históricos entre los militares y funcionarios del Gobierno y la irresponsabilidad absoluta del sistema judicial de Guatemala, estos grupos pasaron de ser pequeñas células relacionadas con delitos menores durante la década de 1980 a redes de crimen organizado asociadas a cárteles internacionales de drogas en la década de los 90.
Cuando el célebre abogado español Carlos Castresana se convirtió en el primer comisionado de la CICIG, a comienzos de 2008, las condiciones eran insostenibles: «98% de los homicidios en el país quedan impunes, y los casos que reciben una solución en tribunales pueden ser contados con los dedos». Luego de años de lucha y frustración, los funcionarios guatemaltecos aceptaron su incapacidad para lidiar con las redes ilegales, que operaban en todo el país, y decidieron solicitar ayuda externa.
Con Castresana, la Comisión tomó casos prominentes, incluyendo redes de corrupción en la policía y compañías vinculadas con funcionarios del Gobierno. Pero sin dudas, el caso más famoso fue el de Rodrigo Rosenberg, que superó cualquier ficción: un abogado que intentó inculpar al presidente al planificar su propio asesinato, y los asesinatos del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie. La comisión impulsó un juicio contra el expresidente Alfonso Portillo por malversación de fondos, aunque no consiguió sentenciarlo hasta que fue extraditado a los Estados Unidos y juzgado allí por lavado de dinero.
La agenda inicialmente explosiva de la Comisión incitó una serie de denuncias como reacción a ella. De acuerdo con la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión violó las garantías del debido proceso, incluso cuando mantuvo detenidos durante años a varios sospechosos sin enjuiciarlos. La inmunidad garantizada por el mandato de la CICIG la blindó del escrutinio público, uno de los problemas cruciales de la Comisión, de acuerdo con el analista político Pedro Trujillo.
Afortunadamente, la Comisión evolucionó bajo el liderazgo de tres comisionados diferentes. Bajo el mando de Francisco Dall’Anese, el abogado costarricense que sucedió, con un perfil más bajo, a Castresana, obtuvo una mayor colaboración de sus contrapartes locales. Por su parte, el abogado colombiano Iván Velásquez asumió como tercer comisionado de la CICIG en 2014 y priorizó la transferencia de las facultades institucionales a instituciones locales, pero la tarea está lejos de ser completada.
La impunidad dará pelea hasta el final
Mirando hacia el futuro, es obvio que las instituciones locales no tienen la capacidad técnica o financiera suficiente para llevar adelante las tareas que desempeña la Comisión, y puede que tampoco tengan la voluntad de asegurar los logros conseguidos con tanto esfuerzo.
Con apoyo internacional, la CICIG ha podido denunciar asuntos sensibles, incluyendo financiamientos ilegales de campañas y corrupción en el Poder Judicial. También ha cumplido un papel importante en elaborar los borradores para las nuevas leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero. En parte, gracias a su actuación, la impunidad en Guatemala ha caído un 23%, y la Ministerio Público de Guatemala se ha convertido en una dependencia más eficiente.
Ahora que el presidente debe elegir entre extender el mandato de la Comisión o acortarlo, lo mejor sería pensar sobre las perspectivas de una reforma más amplia. Los tres comisionados han reconocido la necesidad de una minuciosa reforma del sistema judicial, pero aquí radica la ironía más grande: el mismo Estado frágil que ha reconocido su incapacidad para combatir la impunidad ha hecho oídos sordos a este importante consejo. La reforma judicial es un asunto interno, al que la CICIG no ha sido invitada.
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