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El racionamiento llegó a Venezuela

By: María Gabriela Díaz - Mar 10, 2014, 4:52 pm

El sábado pasado, el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció la creación de “un sistema superior” de abastecimiento para atacar la especulación de quienes, según el mandatario, “se aprovechan” de los programas que ofrecen productos subsidiados a la población. La nueva medida se trata de una tarjeta bancaria electrónica llamado “sistema digitalizado de abastecimiento seguro” que podrán obtener todos los beneficiarios de las redes de mercados gubernamentales (Bicentenario, PDVAL, Mercal) y que servirá para limitar la compra de determinados productos.

La decisión de Maduro surge de los problemas derivados de estos mercados, comprendidos en la Misión Alimentación, que venden alimentos y productos de primera necesidad subsidiados por el gobierno. Sin embargo, la escasez evidente tanto en supermercados privados como en los del gobierno no ha podido ser ocultada. Hacía una semana, PDVAL ya había anunciado el inicio de una prueba piloto, en la cual los usuarios solo podrían adquirir los productos una vez a la semana, y para mantener el control, debían registrarse con su número de cédula antes de ingresar al local para hacer su compra.

El problema del desabastecimiento

Este programa de alimentación, inaugurado por el gobierno de Hugo Chávez en el 2003, ha tenido como objeto distribuir y vender alimentos y productos de primera necesidad a precios más bajos que los establecimientos privados. Sin embargo, el fin del programa social se ha topado con dos problemas: (1) los mercales del gobierno se han convertido en el proveedor idóneo para que comerciantes informales, también conocidos como “bachaqueros”, puedan adquirir su mercancía a bajos precios y revenderla a unos mucho más altos; (2) la escasez en determinados productos básicos ha llevado a que los usuarios, en el caso de encontrarlos, los compren en grandes cantidades como medida de prevención ante la posibilidad de no volverlos a encontrar.

Fuente: Notitarde.
La harina de maíz es uno de los rubros que más escasea. Fuente: Notitarde.

El gobierno ha calificado este comportamiento de los consumidores como “acaparamiento doméstico” y compras nerviosas, y lo ha identificado como la causa principal de la escasez.

“Si (…) las personas van y se llevan 20 paquetes de harina precocida a su casa, cuando normalmente se llevaban tres, estás creando un hueco logístico que no hay manera de cubrirlo (…) Es un llamado a la conciencia en el tema de las compras nerviosas y el acaparamiento doméstico que efectivamente nos hace un daño”, explicó el Ministro de Alimentación Félix Osorio.

Para comprender el comportamiento del consumidor venezolano hacia los productos regulados, y aquellos que más escasean, el economista Edgar Díaz y profesor universitario de Caracas, explica: “el mercado de consumidores cuando no ve regularidad en el suministro toma sus previsiones abasteciéndose de más. Por el otro lado, mientras exista una brecha amplia de precios ‘mediante subsidio’ el mercadeo bachaquero continuará existiendo y no habrá manera alguna de controlarlo”.

Las largas colas frente a los mercados del Estado, así como supermercados privados, para poder adquirir un número limitado de productos básicos son cada vez más frecuentes. Ante esta “tergiversación” del programa, el gobierno ha intentado distintas medidas para tratar de controlar la compra “excesiva” de productos. Identificar a los usuarios y limitar el número de compras ha sido el primer paso para contrarrestar las “compras compulsivas” a las que se refiere el gobierno venezolano.

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Personas esperan en cola para entrar al Abasto Bicentenario (supermercado del Estado). Fuente: Noticias24Carabobo.

La tarjeta de racionamiento como solución a la escasez

En un país con un fuerte control cambiario, donde la inflación en el 2013 llegó a 56%, la escasez se ha convertido en el principal problema que ha tenido que afrontar el gobierno de Nicolás Maduro. Según el informe del Banco Central de Venezuela de enero del 2014, el índice de escasez se ubicó en 28%, lo que significa que 28 de cada 100 productos medidos no se encuentran disponibles, ni tienen sustituto.

Maduro ha denunciado públicamente que en Venezuela existe una “guerra económica”, emprendida por la oposición política y los empresarios, y es la causante de que los venezolanos no consigan los productos básicos. Frente a esto, el presidente ha decidido activamente atacar la guerra con dos instrumentos: la Ley de Precios y Costos Justos, que restringe la ganancia de los empresarios a un 30%, y el nuevo “sistema digitalizado de abastecimiento seguro”, que limitará las compras de productos básicos en mercados del gobierno.

No obstante, la adopción de esta medida parece indicar un cambio de parecer del Presidente Maduro, quien anteriormente había rechazado cualquier iniciativa de racionar el consumo de alimentos calificándolo como “una locura”. En junio del año pasado, en una transmisión a través del canal estatal Venezolana de Televisión, el mandatario había afirmado: “la solución a los temas económicos del sobrecalentamiento del consumo, (…) es producir, producir y producir, y bueno conciencia en el consumo de la familia venezolana”, por lo que si en algún lugar del país se estaba aplicando un plan de racionamiento en la venta de alimentos “ordeno eliminarlo”.

Con respecto a este cambio de estrategia, el economista Díaz nos comenta: “el Presidente decidió impulsar las medidas ahora porque la escasez se ha acentuado y continuará en ascenso”. Si bien esta medida tiene como fin acabar con el desabastecimiento y la especulación, Díaz difiere de que esto cumpla con su cometido, “todo lo contrario, se acentuará. Están apagando el fuego con gasolina. Mientras se mantenga la regulación de precios y racionamiento de dólares preferenciales se está desestimulando la producción nacional. Ni el sector privado ni el gobierno, pueden mantener el mismo ritmo de suministros porque no hay suficientes divisas para abastecer medianamente al sector productivo”.

Díaz considera que la solución para el desabastecimiento está lejos de aplicar mayores controles a la economía; sin embargo, levantar las restricciones podría implicar un costo político que Maduro tendría que asumir. El economista explica: “el problema del desabastecimiento se resuelve inyectando divisas de manera suficiente a la economía y liberando progresivamente los controles de precios y demás elementos restrictivos. Si bien esto dispararía la inflación, son medidas desagradables que el gobierno eventualmente tendría que tomar”.

María Gabriela Díaz María Gabriela Díaz

María Gabriela Díaz era reportera para el PanAm Post desde Caracas y coordinaba el programa de pasantías. Es Licenciada en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales.

Cuba para inversionistas: donde el Estado siempre gana

By: José Azel - Mar 10, 2014, 3:37 pm
Pintadas sobre una calle de la Habana. Fuente: Matias Claret.

EnglishDesde que el gobierno cubano anunció en 2006 que el octogenario Fidel Castro había transferido el poder a su hermano Raúl, ha habido especulación sobre cambios políticos y económicos en Cuba. Más recientemente algunos potenciales inversionistas extranjeros parecen creer que el gobierno cubano ha lanzado un proceso de genuinas reformas políticas y económicas. Esos inversionistas desconocen los peligros de invertir en Cuba. En su “Índice de Libertad Económica” del 2014 la Heritage Foundation clasifica a Cuba como una de las economías menos libres, con una puntuación de 28.7, comparada con el promedio mundial de 60.3 y un promedio de 84.1 para las economías libres del mundo. El ambiente económico de Cuba continúa deteriorándose en términos de la mayoría de los factores considerados en la metodología de la Heritage Foundation, tales como libertad de comercio, libertad fiscal, libertad monetaria, y particularmente libertad frente a la corrupción. Una importante implicación para las empresas que pretenden hacer negocios con Cuba es la corrupción oficial. Obsérvese que mi expresión no es hacer negocios “en” Cuba, sino hacer negocios “con” Cuba, ya que el gobierno cubano (entiéndase los hermanos Castro y los militares) será obligatoriamente el socio mayoritario en cualquier inversión en Cuba. Como destaca el Índice, la corrupción oficial en Cuba es un problema serio, “con una cultura de ilegalidad en una economía ampliamente controlada por el Estado en un país donde hay muy poco respeto por el Estado de derecho”. Las empresas americanas, particularmente si cotizan en bolsa y están sujetas a una miríada de regulaciones anticorrupción y transparencia, advertirán que es casi imposible operar legalmente en tal entorno de corrupción sistémica y endémica. Tomemos un aspecto de hacer negocios “con” Cuba para demostrar como ofende nuestros valores, nuestras leyes laborales, y nuestras expectativas de comportamiento corporativo. Los inversionistas extranje­­­ros operando en Cuba no pueden establecer relaciones contractuales con trabajadores cubanos. La firma extranjera tiene que negociar con el Ministerio del Trabajo un “contrato para el suministro de fuerza de trabajo”, indicando la cantidad y calificaciones de los empleados que requiere. Entonces la empresa estatal encargada de dotar con personal a las empresas extranjeras envía los trabajadores que seleccione a la firma extranjera. El empleador extranjero paga directamente a la empresa estatal en divisas o el equivalente en pesos convertibles cubanos (CUC), y entonces la empresa estatal paga a los trabajadores cubanos en pesos cubanos no convertibles (CUP). De esta manera, el Estado se queda con más del 90% de los salarios de los trabajadores. Esta práctica, por supuesto, viola convenios de la Organización Internacional del Trabajo como esclavitud bajo otro nombre, o como el escritor cubano Carlos Alberto Montaner definió acertadamente: Cuba un estado proxeneta. Las firmas extranjeras son obligadas a ser socios minoritarios en una relación donde el gobierno cubano — el socio mayoritario — es ferozmente hostil a la libre empresa y tiene una historia de actuaciones arbitrarias y caprichosas contra los intereses de sus socios minoritarios. A comienzos de los años 90, después del colapso de la Unión Soviética, Cuba reestructuró su economía permitiendo limitadas inversiones extranjeras a través de ciertas asociaciones económicas. Algunos inversionistas extranjeros vieron erróneamente esas medidas como el comienzo de una genuina e irreversible transición a una economía de libre mercado. La misma equivocación podría estar teniendo lugar ahora. A finales de los años 90 el régimen revirtió las medidas de liberalización y recentralizó el poder económico. Es posible que suceda nuevamente. En el 2009, enfrentando un colapso en los créditos bancarios y un decreciente flujo de caja por parcas exportaciones, Raúl Castro congeló todas las cuentas bancarias de las compañías extranjeras. Al año siguiente, los bancos controlados por el Estado les ofrecieron un plan no negociable de reembolso del dinero en las cuentas congeladas en un período de cinco años. Inversionistas, cuidado. En Cuba los inversionistas extranjeros tienen que asociarse con el gobierno cubano. Ese gobierno cubano espera que ellos generen ingresos para el Estado según sus propias reglas. Si la aventura no alcanza las expectativas del Estado, el gobierno puede terminar arbitrariamente los acuerdos y buscar otro inversionista ingenuo para el proyecto, y no existe un sistema judicial independiente donde un inversionista pueda presentar sus reclamos. El Poder Judicial cubano se subordina al, y es dirigido por, el Consejo de Estado y por el Partido Comunista que, en la Constitución cubana, es la “fuerza dirigente superior”. Y como Karl Marx dijo claramente en su Manifiesto Comunista, “el comunismo se puede resumir en una sola frase: abolición de la propiedad privada”. Inversionistas, cuidado.

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