EnglishEl miércoles fue un día complicado para el gobierno de Bolivia. Estallaron protestas en las principales ciudades de la nación para rechazar medidas que apuntan a controlar los precios y los medios de comunicación.
“No es inusual que existan protestas en Bolivia, pues gran parte de la cultura del boliviano es acudir a la protesta callejera para exigir respeto a sus derechos y libertades, tal como lo hacían las personas del actual gobierno en años anteriores. Sin embargo, luego de casi una década de populismo fallido de Evo Morales, comienzan a aflorar las limitaciones del gobierno”, dice Roberto Ortiz, coordinador de Estudiantes por la Libertad en Bolivia (SFL).
Controles de precio enfrenta a peatones y transportistas
Desde el martes, la ciudad de El Alto — al oeste de Bolivia — ha estado aislada del resto del país debido a un paro de transportistas que ha causado la suspensión de todos los servicios y bloqueado el acceso a las grandes avenidas. La razón: El gobierno local prohibió un aumento de 50% en el precio del pasaje, así que los sindicalistas de transporte llamaron a un paro “indefinido” para exigir que se elimine esta medida.
Los peatones, que han quedado sin ningún medio de transporte, han rechazado el paro, e incluso han entrado en peleas con los sindicalistas que protestan y trancan las calles. Motociclistas y minibuses privados que trataban de superar las barricadas y trasladar a las personas a la capital fueron apedreados por los manifestantes. La policía tuvo que intervenir para calmar los enfrentamientos, hasta el punto de utilizar bombas lacrimógenas para dispersar los disturbios.
Un extenso despliegue de la policía en El Alto intentó contener a los manifestantes, pero surgieron enfrentamientos más violentos. Según el Vice-Ministro de Interior, Jorge Pérez, los oficiales de la policía detuvieron ayer a 102 personas, y algunas barricadas fueron desmanteladas.
Controles de precio detienen las exportaciones
Mientras tanto, en la capital, representantes de la industria de la carne protestaron ante la reciente medida del gobierno de prohibir futuras exportaciones de carne de res hasta que se regularicen los precios internos. José Luis Ramos, vocero de la Federación Departamental de Carniceros de La Paz, niega que las acusaciones del gobierno, que sugieren que los carniceros están “escondiendo la carne” para producir un incremento en el precio, sean ciertas.
Ramos explica que el aumento de precio se debe a la escasez de res. Durante los últimos meses, Bolivia ha sufrido grandes inundaciones, específicamente en el departamento de Beni, donde más de 60.000 cabezas de ganado murieron.
“El gobierno boliviano en su afán por regular los precios de la carne y mantener los precios de transporte público, está causando irreparables daños a corto plazo a un mercado de pujantes emprendedores —marginales en la mayoría de los casos”, comenta Ortiz de SFL.
La libertad de información también fue defendida
Pero las protestas del miércoles no fueron solo por el control de precios; las violaciones a la libertad de prensa fueron otro fuerte motivo. Cerca de 100 periodistas y miembros de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia tomaron las calles de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, y Oruro para defender su derecho a proteger a las fuentes.
El detonante fue el juicio interpuesto por el procurador de la república, Héctor Arce, contra dos periodistas del diario La Razón. El reportero Ricardo Aguilar fue acusado de “espionaje” y de “divulgar secretos”, mientras que la directora del diario, Claudia Benavente, fue acusada de “complicidad”, todo lo anterior por un artículo que revelaba detalles de la demanda marítima de Bolivia a Chile.
“Recién empieza la lucha, no solo en La Paz, sino en toda Bolivia”, afirma Hugo Bellido, líder de la protesta. “Seguiremos en defensa de los dos compañeros de La Razón y en defensa del secreto de fuente”.
El periódico en cuestión pidió que el juicio fuera llevado al juzgado de prensa. Sin embargo, el juez desestimó la solicitud y ambos periodistas enfrentarán los cargos en un tribunal regular.
Según Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), revelar la identidad de las fuentes deriva en la autocensura.
De acuerdo a Ortiz, coordinador de SFL, “los derechos humanos en Bolivia son violados diariamente por el Estado, y la libertad de expresión se ha ido reduciendo año tras año, hasta lo que se ve hoy día: No existe más el secreto de imprenta en Bolivia. Un derecho por el cual miles de periodistas asedian las calles de nuestro país exigiéndole a un gobierno sordo su derecho a escribir bajo protección”.
¿La reelección en peligro?
Según Ortiz, estas protestas se han convertido en algo cotidiano para Bolivia, y no afectarán las posibilidades de que Morales logre un tercer período presidencial. En Diciembre, el presidente disponía de 56% de popularidad, después de aprobar un triple bono navideño.
“A pesar de todos los problemas, el liderazgo de Evo Morales sigue en alto, su gobierno nunca ha solucionado problemas, no obstante, ha sabido tapar esos hoyos negros con bonos, entrega de obras públicas, nacionalizaciones y cualquier tipo de cortina de humo lo suficientemente mediática como para levantar su nombre entre los sectores populares bolivianos y hacer que la población olvide los verdaderos problemas”.
El economista boliviano Javier Paz explica, “las violaciones del gobierno hacia la prensa han sido una constante desde sus inicios, y los gremios periodísticos han realizado protestas muchas veces. Sin embargo la popularidad del gobierno no ha bajado, lo que muestra el poco valor que la ciudadanía otorga a los derechos civiles fundamentales, como lo es la libertad de prensa”.
“Evo Morales puede sufrir un desgaste, pero este es mínimo y por el momento no corre riesgos de perder la reelección”, comenta Paz.