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English Tres semanas han pasado desde que inició la escalada del conflicto entre Israel y Palestina en la franja de Gaza, y los gobiernos del mundo están tomando bando. América Latina no es la excepción. No solo las relaciones israelitas han comenzado a sentir el costo político de las acciones militares —y de hacer valer lo que consideran es su derecho a la autodefensa—, sino también los aproximados 600.000 judíos que viven en América Latina.
El 18 de julio, Ecuador fue la primera nación en mover la piezas y llamar a consulta a su embajador en Tel Aviv. El gobierno de Brasil continuó la política cinco días después y describió las acciones de Israel como un «uso desproporcionado de la fuerza». La administración de Benjamin Netanyahu expresó: «Brasil es un amigo, pero creemos que su posición no es equilibrada», dijo el cónsul general de Israel en Sao Paulo, Yoel Barnea.
La reacción de Israel fue un paso más allá cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yigal Palmor, calificó al poder suramericano como «un gigante económico y cultural», pero aún un «enano diplomático». Brasil «es un irrelevante compañero diplomático, uno que genera problemas en vez de contribuir a una solución», afirmó Palmor.
Brasil no está solo en su postura. Una semana después, en la cumbre del MERCOSUR, los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela emitieron una declaración conjunta para pedir a la comunidad internacional que aplique «la debida presión» para un cese al fuego inmediato. Venezuela, en particular, ha mantenido una distanciada relación con Israel al menos desde 2009, cuando el expresidente Hugo Chávez rompió relaciones con el país en señal de protesta por sus acciones militares en la franja de Gaza.
Sumado a esto, el miércoles, Chile, Perú y El Salvador también llamaron a consulta a sus embajadores en Tel Aviv. El ministro de Asuntos Exteriores de Chile justificó la decisión bajo el argumento de que «la escala de intensidad de las operaciones israelitas en Gaza infringen el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza».
De cara a estos eventos, Israel expresó su «profunda decepción por la precipitada decisión». El ministro de Asuntos Exteriores dijo que «este paso constituye un estímulo para Hamas, un grupo reconocido como organización terrorista por muchos países de todo el mundo».
Y como si no fuera suficiente, el presidente de Bolivia Evo Morales también se acopló y declaró a Israel un Estado «terrorista», anunciando su retiro del tratado de exención de visados con ese país. «Hemos tomado la firme decisión de terminar el acuerdo de visas con Israel firmado el 17 de agosto de 1972». El acuerdo de exención de visa fue firmado durante la dictadura militar boliviana, y «permitía a los ciudadanos israelíes entrar a Bolivia» sin la necesidad de pedir visados.
Con esta medida, los israelitas tendrán que pedir visa para entrar a Bolivia, y luego esperar por la aprobación del Dirección de Migración. A mediados de julio, Morales también hizo un pedido en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia por «crímenes contra la humanidad».
Bolivia, que reconoce a Palestina, rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009 debido a una operación militar previa en Gaza.
El PanAm Post tuvo la oportunidad de hablar con Saúl Gilvich, secretario general del Congreso Judío Latinoamericano,, sobre las implicaciones que este movimiento colectivo en contra de Israel pudiera traer al conflicto entre Palestina e Israel, y en última instancia, a la comunidad israelí en América Latina.
«Cuando estos gobiernos latinoamericanos decidieron retirar a sus embajadores en forma de protesta por la operación en Gaza, no reconocieron el derecho de Israel a la defensa propia. Pero más allá de eso, encuentro hipócrita de acusar a la víctima [Israel] de actos terroristas, y no nombrar a Hamas como responsable por todo el terrorismo. El comunicado de MERCOSUR no dice una palabra acerca del terrorismo de Hamas».
Aún más, Gilvich cree que los gobiernos de América Latina podrían jugar un papel importante en el conflicto al combatir el terrorismo, limitar la capacidad militar de Hamas y facilitar el diálogo entre ambas partes: «Esto mejoraría la seguridad en el mundo, incluyendo la seguridad de América Latina».
Sin embargo, de acuerdo a Gilvich, estos Gobiernos perdieron su capacidad para influenciar y mediar en el conflicto cuando decidieron retirar a sus embajadores. «Esta decisión va en contra del principio de que todo conflicto debe ser atendido por medio del diálogo, y los Gobiernos de América Latina tienen que aceptar su responsabilidad como agentes participantes».
Más allá de las consecuencias que la política exterior de Latinoamérica pueda tener en relación a Israel, Gilvich considera que hay un importante, y a menudo olvidado, impacto en la comunidad judía que vive en el extranjero: «La respuesta de los Gobiernos a las acciones de Israel ya está teniendo consecuencias entre los israelitas en América Latina», explica.
Actualmente hay alrededor de 500.000 miembros de la comunidad judía que viven en América del Sur, y 60.000 en América Central, de acuerdo al Banco de Datos Judíos.
«La posición antiisraelita es básicamente un palmarazo a favor del antisemitismo. Vemos una oleada de personas que atacan a instituciones israelitas, pintando grafitis que dicen ‘mueran judíos’, o símbolos nazis. En última instancia, creo que esos Gobiernos latinoamericanos deben asumir su responsabilidad por promover el antisemitismo que estamos viendo ahora en las calles».
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