EnglishSegún un nuevo informe emitido por el Observatorio de Derechos Humanos (HRW) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la vigilancia masiva por parte del Gobierno de Estados Unidos está provocando consecuencias más amplias y perjudiciales de lo que se imaginaba. El informe, titulado “La libertad de vigilarlo todo: cómo la vigilancia a gran escala de Estados Unidos está afectando al periodismo, las leyes, y la democracia estadounidense”, aborda el gran daño que causa la vigilancia electrónica a partir de una serie de entrevistas con periodistas, abogados, y funcionarios gubernamentales estadounidenses.
“El informe revela que la vigilancia y secretos por parte del Gobierno están socavando la libertad de prensa, el derecho público a la información, y el derecho a un abogado, todos los derechos humanos esenciales para una democracia saludable”, afirmó ACLU en un comunicado de prensa.
HRW y ACLU sostienen que el aparato de vigilancia del Gobierno de Estados Unidos ha intervenido en la garantía de privacidad, llevando a periodistas y abogados a buscar nuevas alternativas para encontrar y proteger información de los ojos curiosos del Gobierno.
El documento, que consta de 120 páginas, incluye declaraciones de periodistas que cubren la seguridad nacional, aplicación de leyes, y asuntos de inteligencia. Ellos afirman que se ha vuelto progresivamente más difícil la investigación y ubicación de fuentes confiables. Estos problemas sólo se han incrementado desde que el Gobierno estadounidense empezó a perseguir más estrictamente a los informantes.
“[El panorama] empeoró significativamente después de los documentos revelados por Snowden. Si ya sospechabas que el Gobierno tenía la capacidad de realizar una vigilancia masiva, descubriste que eso era completamente cierto”, comentó Peter Maass, articulista principal de Intercept, durante una entrevista.
Los periodistas alegan que su habilidad de buscar fuentes está siendo amenazada por restricciones en la comunicación con funcionarios de inteligencia, duras penas para los informantes, y el Programa de Amenaza Interna (Insider Threat Program), el cual insta a los empleados federales a informar el “comportamiento sospechoso” de sus compañeros de trabajo que podría resultar en una filtración de información confidencial. Por su parte, funcionarios gubernamentales y otras posibles fuentes están menos dispuestas a cooperar con la prensa por miedo a las consecuencias.
“No podremos hacer nuestro trabajo si las fuentes corren peligro”, explicó un reportero que aborda temas de seguridad nacional, quien prefirió no dar a conocer su nombre.
De acuerdo a un informe, la recolección de metadatos y comunicación a larga escala que ejecuta el Gobierno ha afectado la habilidad de los periodistas al momento de recopilar información acerca de un tema delicado. Teléfonos celulares desechables, encriptación, y computadoras con redes aisladas, están entre las medidas que los reporteros sienten que necesitan para proteger su información.
“Esto es lo peor que he visto en cuanto a los esfuerzos del Gobierno para controlar la información”, dijo Jonathan Landay, un veterano reportero de la seguridad nacional y corresponsal de inteligencia de McClatchy Newspapers.
Según el informe, la vigilancia gubernamental ha cambiado más que la manera en como los periodistas hacen su trabajo.
Además, estos programas han aumentado la presión sobre los abogados, y ha dificultado más su tarea de mantener el ambiente de confidencialidad con sus clientes, según explica el informe. Los abogados dependen de su habilidad de intercambiar información de una manera privada, sin embargo, la amenaza constante de ser vigilados por el gobierno ha debilitado su capacidad de garantizar una defensa penal adecuada.
De la misma manera ha debilitado la confianza entre abogados y clientes. Al igual que los periodistas, los abogados también se han visto obligados a buscar alternativas para intercambiar información y hacer que sus huellas digitales no sean rastreadas fácilmente.
“Es una barbaridad que deba actuar como un narcotraficante para proteger la confidencialidad de mis clientes”, declaró Tom Durkin, un abogado defensor en casos de seguridad nacional.
En su informe, HRW y ACLU exponen una serie de recomendaciones para que el Gobierno estadounidense cambie su actual sistema de vigilancia. Ellos aconsejan al Gobierno de Estados Unidos que revele más detalles de sus programas de vigilancia al público, reduzcan sus restricciones en cuanto al intercambio de información con los medios, y mejoren la protección legal de los informantes.
“La vigilancia está socavando la libertad de los medios de comunicación y el derecho a un abogado, así como también está obstruyendo la habilidad de ciudadanos estadounidenses de pedirle cuentas a su propio gobierno”, declara el informe.
“Estados Unidos está considerado como un modelo de libertad y democracia, pero sus propios programa de vigilancia están amenazando los valores que este país representa”, dijo Alex Sinha, el autor del informe y compañero de Aryeh Neier en HRW y ACLU. “Estados Unidos debería confrontar de manera genuina el hecho de que sus programas de vigilancia masiva están afectando muchos derechos que son primordiales.
En una entrevista exclusiva con el PanAm Post, Sinha habló acerca de las consecuencias a largo plazo que los programas de vigilancia masiva podrían tener en la sociedad estadounidense.
Si las operaciones de espionaje domésticas continúan, Sinha cree que esto “podría tener serias repercusiones en el ejercicio de nuestra democracia, incluyendo ciertos tipos de periodismo, especialmente si el gobierno continúa su lucha agresiva para detener la filtración de información gubernamental. Más y más funcionarios podrían decidir que no es posible interactuar con la prensa de manera segura —incluso cuando se trate de información no confidencial”.
Sinha no cree que el público estadounidense está al tanto de las consecuencias potenciales que traerán estos programas de vigilancia.
“Yo no creo que hemos confrontado plenamente los cambios que puede causar la vigilancia a gran escala. La gente reconoce que su propia privacidad podría estar en juego, pero aún no es obvio hasta qué nivel dependemos de la privacidad de otras personas, como la de los periodistas, abogados, organizaciones no gubernamentales, médicos, entre otros. Nuestro informe documenta algunas de estas conexiones y costos por primera vez, y quizás esto pueda ayudar a cambiar nuestra manera de pensar acerca de la vigilancia”.