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EnglishEste 11 de septiembre de 2013, el mismo día que el hemisferio americano conmemora 13 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, instrumento jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro concreta la decisión de hace un año del ex presidente Hugo Chávez, de denunciar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CADH). Una lamentable decisión que convierte a Venezuela en el único país latinoamericano (a excepción de Cuba) que no reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aún cuando a partir de esta fecha las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos seguirán siendo conocidas por la Comisión de Derechos Humanos porque aún formamos parte de la OEA, la denuncia de la Convención y su consecuente salida de la Corte perjudica el derecho de la ciudadanía venezolana de ser protegida en este tema, en forma amplia y expedita. A partir de este momento, los venezolanos, en particular los más vulnerables y pobres, nos veremos obligados a acudir a competencias más complejas, menos directas, como las que ofrece la ONU.
El gobierno de Maduro hizo caso omiso de todas las recomendaciones y peticiones nacionales y extranjeras para que no hiciera efectiva la denuncia de la CADH. Insistió en sus razones “revolucionarias” y en que la Corte es un aparato de desestabilización de los gobiernos “progresistas” del continente y que ha politizado del tema de los derechos humanos. Incluso, pasó por alto los evidentes costos políticos que deberán pagar por salirse del prestigioso tribunal continental; empezando porque constituye una acción inconstitucional.
En efecto, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -elaborada en 1999 por mayoría de asambleístas afectos al chavismo- la cual le otorga “jerarquía constitucional” a todos los tratados sobre derechos humanos, la CADH no puede denunciarse. El gobierno de Chávez y ahora el de Maduro, han debido modificar la Constitución antes de dar este paso.
En mi opinión, la negativa de echar marcha atrás a esta decisión que perjudica a los venezolanos y al propio gobierno chavista, se debe tanto al hecho de no querer contradecir el deseo y la acción del difunto Hugo Chávez, justo en el momento en que la recién iniciada campaña electoral gubernamental para las elecciones municipales del 8 de diciembre próximo se apoya en la imagen y fidelidad al mentor, como a la necesidad de continuar con la línea establecida en el proyecto bolivariano.
Para entender mejor este último punto, cabe recordar que durante los casi 15 años de gobierno chavista, este siempre ha embestido o amenazado con salirse de las diversas normativas e instituciones del sistema interamericano. Tan temprano como en 1999, el primer canciller de Chávez -el periodista José Vicente Rangel- emprendió lo que el propio Presidente denominó en una oportunidad como «una ofensiva hemisférica” en contra de la OEA y también de todos los organismos multilaterales y bloques de integración regionales considerados burgueses e imperialistas; es decir, los que postulan una democracia representativa y liberal mas no la democracia bolivariana y participativa -denominada a partir de 2006 “democracia Socialista del Siglo XXI”- propia de su proyecto revolucionario.
La arremetida ha sido, pues, en contra de toda la institucionalidad regional democrática establecida, en particular la de aquellos entes que monitorean y cuestionan su comportamiento violatorio a la Constitución venezolana y al Derecho Internacional.
Esto explica, entre otras acciones del chavismo, la salida de la CAN y del CIADI; la creación de la ALBA; el intento de transformar bajo criterios revolucionarios al MERCOSUR, la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otros. También a ello se deben sus innumerables anuncios de abandonar la OEA y de sus organismos asociados.
De no existir el pragmatismo que hoy impera en América Latina, muy en particular en los gobiernos suramericanos más favorecidos en materia de comercio y negocios con el gobierno chavista, este despropósito venezolano de salirse del sistema de protección interamericano de derechos humanos sería rechazado con contundencia. Habría llevado, en especial, a una gran protesta por parte del Mercosur, ya que la denuncia de la CADH va en contra de varios acuerdos, protocolos y compromisos en materia de derechos humanos suscritos por ese bloque subregional.
Pero, aún cuando la mayoría de los gobiernos pasen por alto este nuevo exabrupto del gobierno bolivariano, el mismo deteriorará aún más su imagen, posición y capacidad de influencia en el tablero de la política hemisférica, el cual cada día le es más adverso.
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