La salvaje arremetida del gobierno de Nicolás Maduro en contra de las protestas pacíficas que se vienen sucediendo en las calles de Caracas y otras ciudades principales de Venezuela desde el 10 de febrero de este año, ha producido una paulatina reacción del gobierno estadounidense. Actualmente se debaten propuestas de sanciones que de llegar a hacerse realidad, podrían afectar fuertemente la precaria estabilidad del régimen.
En este despertar social y gubernamental ha sido fundamental — aunque no única — la comprometida actuación de medios de comunicación y agencias de información estadounidenses, tanto conservadoras como liberales, en la situación venezolana.
El caso del canal de noticias CNN, tradicionalmente reconocido por sus posiciones al centro del espectro político, es paradigmático. Ante los inocultables atropellos a los derechos humanos y de expresión del gobierno de Maduro, CNN en Español se abocó como nunca antes a informar sobre los acontecimientos nacionales. Sin embargo, el 20 de febrero Maduro se atrevió a amenazar al canal con su salida del aire por supuestamente “transmitir propaganda de guerra”; al día siguiente revocó las credenciales de prensa a una de sus principales reporteras, Patricia Janiot, y a otros corresponsales de ese medio.
El despertar del gobierno de Barack Obama fue más lento que el de la opinión pública de su país. No reaccionó con contundencia sino una semana después que el presidente Maduro y el canciller Elías Jaua, el domingo 16 de febrero, optaran por expulsar a tres funcionarios de la embajada estadounidense en Caracas acusándolos — sin pruebas, como siempre — de instigar, organizar y financiar las protestas estudiantiles “violentas” y de estar detrás de un plan para desestabilizar el gobierno.
Ésta fue la respuesta venezolana al diplomático pronunciamiento del Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry, del sábado 15 de febrero. En ese pronunciamiento, Kerry apenas había manifestado estar “profundamente preocupado” por las “crecientes tensiones y la violencia en Venezuela” y llamó a un “diálogo efectivo” entre el gobierno y la oposición, tras ver la obvia represión de las fuerzas de seguridad del madurismo y sus bandas paramilitares a la multitudinaria marcha pacífica del 12 de este mes, que dejó un saldo tres muertos.
En su segundo comunicado, del día 21, el secretario de Estado sí fue más claro y contundente en contra de la actuación del gobierno venezolano: “Estoy observando con creciente preocupación la situación en Venezuela. A pesar de los llamados de la oposición democrática de ese país y de la comunidad internacional, el gobierno venezolano ha confrontado a los manifestantes pacíficos con la fuerza, y en algunos casos con vigilantes armados que dicen apoyar al gobierno”. El comunicado continua: “Ha apresado a estudiantes y a una figura clave de la oposición. Ha limitado la libertad de expresión y de asamblea, necesarias para el debate político legítimo, y además hoy reforzó las restricciones a los medios de comunicación, al revocar las credenciales de los reporteros de CNN en Español. Esta no es la manera en que se conducen las democracias”.
Pero no fue sino hasta el lunes 24 que Washington retribuyó la expulsión de sus funcionarios del domingo 16, y mediante un portavoz de la Casa Blanca, rechazó el llamado al diálogo que Nicolás Maduro hiciera dos días antes al presidente Obama, en un visible cambio de estrategia política. Las palabras del portavoz fueron contundentes: “Cuando el presidente Maduro pide un diálogo con el presidente estadounidense y un intercambio de embajadores, debería concentrarse más bien en un diálogo con los venezolanos… debe más bien liberar inmediatamente a los manifestantes detenidos. También debe dejar de impedir el trabajo de periodistas independientes y de restringir la información en la televisión, radio e Internet”.
Estas declaraciones por parte de representantes de la administración Obama, que luego matizó señalando estar abierto a una mejora en las relaciones con Venezuela pero que el país necesita “mostrar seriedad” en sus intenciones, evidencian no solo el endurecimiento del actual gobierno de Estados Unidos, sino también que se pueden estar produciendo diálogos entre ese gobierno y otros en el hemisferio en torno a la posibilidad de tomar acciones conjuntas, más agresivas que las tomadas hasta ahora, hacia el régimen de Maduro.
No parece casual que el mismo día de esos pronunciamientos estadounidenses, el gobierno de Panamá propusiese — finalmente — la convocatoria urgente de una reunión de consulta de cancilleres americanos para “considerar” la situación de Venezuela y buscar iniciativas, basándose en artículos de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Estatuto del Consejo Permanente.
Entre tanto, crecen las presiones de congresistas y voceros del partido republicano al gobierno de Obama y a los representantes demócratas, en torno a sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante las protestas de la oposición. Los congresistas republicanos de la Florida Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen han anunciado que presentarán en el Congreso una resolución legislativa para bloquear las visas, la compra de propiedades y las transacciones financieras a aquellos funcionarios y ciudadanos venezolanos vinculados con la represión oficial.
No sería sorprendente que ante la radicalización del régimen de Nicolás Maduro, la inacción internacional, y las presiones internas, el gobierno de Obama tomara algunas de esas y otras medidas, como la reducción de la compra de petróleo a Venezuela. Obama ha asegurado en varias oportunidades que la dependencia energética representa una de las mayores amenazas para la seguridad de EE.UU, y que éste debe reducir su dependencia del petróleo de Venezuela y del Medio Oriente, en lo cual el país ha ido progresando poco a poco. Es propicio el momento de una política unitaria, entre demócratas y republicanos, para la preservación de la democracia y los derechos humanos en la segunda neodictadura comunista del continente.