Pese al diálogo emprendido con el Gobierno de Barack Obama, a sus alabanzas al propio presidente estadounidense y a sus reiteradas declaraciones de mejorar la relación bilateral con los Estados Unidos, la política antimperialista de Cuba continúa invariable, expresándose especialmente en los foros multilaterales.
Entre otros ejemplos, cabe mencionar el del pasado 23 de junio, cuando el Gobierno castrista lideró y logró que el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución en pro de la independencia de Puerto Rico, que tiene como novedad que reclama a la Asamblea General un análisis más amplio el caso y a pronunciarse lo antes posible acerca de su libre determinación e independencia.
La resolución también apoya el reclamo de excarcelación para Oscar López Rivera, quien ya cumplió 34 años de cárcel en EE.UU. por delitos relacionados por su lucha por la independencia de la isla, al tiempo que vuelve a reclamar que se limpien, descontaminen y devuelvan al pueblo de Puerto Rico todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras militares, como en Vieques.
Era de esperar que esta resolución se aprobara, ya que el documento fue suscrito por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Rusia y Siria, además de contar con el apoyo de los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) —que en dos cumbres consecutivas han reafirmado su interés en buscar una solución a lo que llaman el “problema colonial” de Puerto Rico. Además, tanto la presidencia de la Celac como la del Comité de Descolonización de la ONU están ahora en manos de Ecuador, cuyo Gobierno es fiel seguidor de Cuba y de los lineamientos del Socialismo del Siglo XXI.
Ahora bien, como ha sucedido con las 34 resoluciones y decisiones similares aprobadas con anterioridad por el Comité de Descolonización de la ONU, esta no va a lograr su reiterado objetivo de que la Asamblea General del organismo retome el debate del caso de Puerto Rico, que no lo hace desde 1953 cuando las Naciones Unidas excluyeron a la isla de la lista de territorios sin Gobierno propio y eximieron a los Estados Unidos de presentar informes sobre ese territorio.
No es culpa de EE.UU. que Puerto Rico no dé pasos hacia su independencia plena, como quieren hacer ver los independentistas
Ello lo saben muy bien Cuba y los demás países latinoamericanos. Así como saben que la mayoría de los puertorriqueños no quieren cambiar el estatus que la isla mantiene desde 1952, es decir, el de Estado Libre Asociado, que es una especie de autogobierno, en el que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses aunque el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso de Estados Unidos. Esta definición del estatus de Puerto Rico se ha reafirmado en las consultas electorales realizadas en los años 1967, 1993 y 1998.
Solamente en el plebiscito de 2012 la mayoría de los votantes expresaron no favorecer el estatus actual de Puerto Rico, con 53% de los votos. Pero tampoco en esta oportunidad los puertorriqueños optaron por la independencia (sólo el 5,5% de la población votó a favor de esa opción). La mayoría optó por la “estadidad”, es decir, por el ingreso de Puerto Rico a la Unión de los Estados Unidos de América como un estado. Incluso, en diferentes encuestas, como la realizada por la Universidad estadounidense de Suffolk y la puertorriqueña del Turabo en 2013, “el 70 % de los puertorriqueños está a favor de la anexión de la isla caribeña a EE.UU.”.
Por tanto, no es culpa de los Estados Unidos que Puerto Rico no dé pasos concretos hacia su independencia plena, como quieren hacer ver las organizaciones independentistas puertorriqueñas, así como Cuba y en general los países del tercer mundo. Sin embargo, ellos insisten en su línea antiimperialista.
De hecho, en la audiencia de tres horas que derivó en la aprobación de la reciente resolución liderada por el régimen cubano, los oradores a favor de la propuesta cubana hasta le atribuyeron a los EE.UU. la culpa de la crisis económica que actualmente vive Puerto Rico —que tiene una deuda cercana a los 73.000 millones de dólares—, y rechazaron de plano la propuesta del presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, de incorporar en la resolución el reconocimiento —como un derecho— de la estadidad como alternativa de estatus. Esto, a pesar de la votación masiva que esta opción obtuvo en el referendum de 2012.
¿Por qué entonces Cuba y los países que se le subordinan insisten en este tema en la ONU y otros organismos multilaterales? Es obvio que quieren mantener vivo el discurso independentista y antimperialista, aunque no les acompañe la razón, y a pesar de la supuesta apertura hacia los EE.UU. El castrocomunismo y los Socialistas del Siglo XXI no están dispuestos a dejar de lado sus banderas “revolucionarias” de siempre. De ellas se nutren. Es cuestión de sobrevivencia en medio de una desafección popular creciente dentro de sus propios países.