EnglishColombia perdió un primer round en la lucha por hacer justicia en el conflicto que se ha desatado en la frontera colombo-venezolana desde el 19 de agosto, tras la decisión soberana, pero irresponsable, del Gobierno de Nicolás Maduro de decretar Estado de Excepción, de cerrar y militarizar esa frontera, y redoblar en esa zona del país las deportaciones masivas de colombianos indocumentados —que ya van por más de 1.000 personas—, en muchos casos ilegales, y violando flagrantemente los derechos humanos.
La acción del Gobierno venezolano fue justificada con la dudosa excusa de un ataque de paramilitares colombianos a militares venezolanos y para evitar el contrabando; aunque otras fuentes indican razones más creíbles, tomando en cuenta el talante dictatorial y delincuente del régimen. Para algunos, la verdadera razón de la exagerada medida fue “una pelea entre carteles de la droga, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército”
Para otros, como la diputada María Corina Machado, es consecuencia de una orden del régimen cubano de los hermanos Castro, quienes han estado siempre involucrados en las principales políticas chavo-maduristas. De hecho, apunta la diputada, en el llamado Plan Sucre se plantea como nueva doctrina de la Fuerza Armada Venezolana (FAN) “la guerra popular prolongada”, la cual debe iniciarse “con un conflicto con Colombia, para generar un estado de alarma y conmoción, y con ello controlar militarmente a toda la Nación venezolana”.
Otros, en cambio, ven razones más políticas tanto en el decreto de Estado de Excepción, como en la medida del cierre de frontera. Para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estas decisiones constituyen una vía de escape del oficialismo para intentar evitar una derrota electoral utilizando la variable de un conflicto externo o, si es necesario, para suspender las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
Esto demuestra que a pesar de la magnitud de la crisis fronteriza y la conducta desproporcionada de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro aún tiene influencia
Pero pese a esas razones, que parecen ser todas válidas, y a pesar de la grave crisis económica, política, militar y humanitaria que ha resultado en la frontera, a causa de las absurdas decisiones del Gobierno de Maduro, en la reciente reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia no obtuvo la mayoría necesaria para que se aprobara una reunión especial de cancilleres —instrumento utilizado solo en ocasiones extremas—, a objeto de tratar extensamente la crisis humanitaria que se vive en la frontera.
La petición colombiana perdió por un solo voto. Venezuela, apoyada por sus socios de la ALBA y otros, logró bloquear la iniciativa para que el tema se discuta solo en Unasur, un foro donde no participan Centro América, Norte América y el Caribe.
Esto demuestra que a pesar de la magnitud de la crisis fronteriza y la conducta desproporcionada de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro aún tiene influencia, especialmente entre los gobiernos de izquierda en la región, que muchos de ellos también están en crisis, y son cuestionados por actos de corrupción. También contaron con el apoyo de Panamá que en un principio estaba de parte de Colombia, y al final, después de un lobby venezolano, se abstuvo en la votación.
Esa decisión evidencia que aún el principal ente del sistema interamericano continúa polarizado y bloqueado por los miembros que no están interesados en hacer cumplir sus leyes y mandatos, que no quieren defender ni salvaguardar la democracia y los derechos humanos en la región, ni la institucionalidad de la OEA. Por ello, muchos gobiernos miembros, han cuestionado el papel de ese organismo continental y han exigido la necesidad de replantearlo.
[adrotate group=”8″]
Ahora bien, al no actuar el principal ente continental, el conflicto de la frontera vuelve al plano bilateral porque la posibilidad de recurrir a otro ente regional como la Unasur, quedó clausurada. Ante fuertes presiones dentro de su país —incluida la de su partido de la U—, y ante la cada vez más clara inclinación de los miembros de Unasur a favor del Gobierno venezolano, Juan Manuel Santos tuvo que desistir de su idea inicial de recurrir a esa instancia y afirmó que plantearía el caso en las Naciones Unidas.
El problema de que el conflicto regrese al plano bilateral, es que a estas alturas queda poco espacio para la diplomacia y la negociación. Desde el inicio, Colombia buscó arreglar el conflicto diplomáticamente, a través del diálogo, pero la cúpula cívico-militar madurista siempre se ha negado, y cuando Nicolás Maduro ha dicho que se va a reunir, lo ha dicho con cinismo, en forma grosera.
Aunque no se vea una salida diplomática bilateral a la crisis, al menos a corto plazo, Colombia no las tiene todas perdidas
Es más, ha profundizado el conflicto al asegurar que va a extender el cierre de la frontera a otros estados, como el Zulia. La misma gira de Maduro por Asia, lo cual indica que no le da seriedad al conflicto —de hecho niega la crisis humanitaria—, constituye una ofensa a Colombia. El Gobierno de Santos no puede perder la dignidad ante su pueblo y emprender un diálogo como si nada hubiese pasado. Eso le resta autoridad, prestigio y respetabilidad nacional e internacional.
No obstante, aunque no se vea una salida diplomática bilateral a la crisis, al menos a corto plazo, Colombia no las tiene todas perdidas. Santos ya anunció una ofensiva internacional para que el mundo no desconozca la grave crisis fronteriza iniciada por Venezuela, y aseguro que recurrirá a las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), al tiempo que denunciará al presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional, donde los delitos de lesa humanidad no prescriben.
La justicia internacional tarda, pero llega.