EnglishEl ánimo era deprimente el martes, en el Comité Judicial del Senado. En un día lluvioso en Washington, personal del Congreso y periodistas, entre otros, convergieron en el edificio Dirksen del Senado para conocer las últimas noticias sobre la pesadilla fiscal de Puerto Rico.
El reloj marcaba que el vencimiento del plazo para pagar era inminente, y se sentía en la sala. ¿Podía la isla cancelar los compromisos por alrededor de US$250 millones derivados de las obligaciones generales del Estado que vencían ese mismo día? Mientras tanto, fuera de la sala, se discutía enardecidamente sobre la pila de problemas que enfrenta la Mancomunidad. El sentimiento general era el de una catástrofe inmediata.
¿Cuál es el problema con Puerto Rico? Si hablamos de políticas, casi todo: desde un defectuoso sistema impositivo hasta una gobernabilidad débil, problemas con el estatus político de la isla, falta de acceso a programas federales y 50 años de una política industrial fracasada. Algo debe hacerse, y el senador Republicano Orrin Hatch, de Utah, dejó en claro que el comité estaba analizando todas las opciones disponibles —salvo un rescate financiero— para terminar con este espinoso problema político.
En su testimonio, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que el pago del martes iba a efectuarse, pero tras hacerlo, las reservas en efectivo de la isla estarían agotadas. Durante meses no han podido tomar más deuda, y antes de eso, las tasas de interés eran extremadamente altas.
Los fondos de inversión, como el de las jubilaciones del sector público, fueron saqueados hasta tal punto que pronto las pensiones deberán ser pagadas con dinero del fondo general para gastos. Sencillamente, no hay dinero para sostener el Gobierno sin recortes significativos del gasto. Y esta vez va en serio.
El testimonio escrito del gobernador menciona que ya se han autorizado las llamadas “reducciones a los acreedores” para así poder pagar los servicios esenciales que brinda el Gobierno en el futuro cercano. García Padilla no se equivoca sobre lo que esto quiere decir para los acreedores: “en términos sencillos, hemos comenzado un proceso de cesación de pagos de nuestra deuda en un intento de repagar los bonos emitidos con entera fe y crédito por la Mancomunidad y asegurar los recursos suficientes para proteger la vida, salud, seguridad y bienestar del pueblo de Puerto Rico”.
Las elecciones serán duras, pero el Congreso puede dictar con efectividad cualquier ley que se antoje (si la Constitución lo avala) respecto a Puerto Rico
La cesación de pagos es algo que puede ocurrir si no solucionamos los problemas de Puerto Rico. Ya está ocurriendo. Ahora, la pregunta es que puede hacerse para detener la sangría. Algunos senadores y testigos de la audiencia, especialmente Alex Pollock, del American Enterprise Institute, pensaron que el concepto de un consejo de control fiscal sería la mejor manera para frenar el gasto estatal y volver a poner al territorio insular en el camino de la responsabilidad fiscal.
Los testigos debatieron las formas y funciones de este consejo, pero acordaron ampliamente que un consejo de ese naturaleza sería exitoso para controlar el gasto, aunque algunos también destacaron que experiencias pasadas fracasaron en poder solucionar completamente los problemas fiscales, tales como el pasivo de pensiones sin respaldo, en la municipalidades que supervisaron.
Un consejo de control fiscal sería un sensato primer paso. Podría funcionar para acercar a Puerto Rico a un presupuesto equilibrado en un estado en el que las provisiones contra la cesación de pagos han fracasado en hacerlo. La isla enfrenta una crisis económica, así como fiscal. Una crisis económica solo puede ser resuelta con reformas a la política económica.
Durante décadas, Puerto Rico ha sido un caso perdido en cuanto a su política industrial. Washington, durante mucho tiempo, intentó estimular el crecimiento mediante exenciones impositivas y programas de gasto. Fracasó.
[adrotate group=”7″]Las elecciones serán duras, pero el Congreso puede dictar con efectividad cualquier ley que se antoje (si la Constitución lo avala) respecto a Puerto Rico. Podrían forzar al Gobierno a vender todas las empresas de la que es propietario, permitiendo que florezca la competencia en el sector de servicios públicos. Podría eximirlo de cumplir regulaciones como la Ley Jones o la reglamentación sobre el salario mínimo para trabajadores sindicalizados, entre otras. Puerto Rico está rezagado respecto del clima de negocios en el resto del país.
Las regulaciones locales que complican al sector de la construcción y a los emprendedores pueden ser eliminadas. Si la legislatura puertorriqueña fracasa en hacer lo suficiente para solucionar estos problemas, el Congreso federal puede obligarla a hacerlo. Puerto Rico no puede afrontar la vida lujosa dictaminada por las cómodas y populares regulaciones mientras lucha en medio de una crisis económica de una década, resultado del fracaso de la política de microgestión del Gobierno.
Si la crisis continúa es porque el Congreso fracasó en forzar al Gobierno de Puerto Rico y a su legislatura, blindada por la apatía de 3,5 millones de estadounidenses que casualmente viven en la isla, en la frontera con el Caribe.
Por el momento, el colapso pudo haber sido prevenido, pero está cerca. Una cesación de pagos total es cuestión de días o semanas, no meses o años. El Congreso debe actuar. No queda otra opción. La pregunta es si sus acciones permitirán que los malos hábitos persistan, o si el Congreso finalmente dirá “¡ya es suficiente!”.
Es su elección. Su prerrogativa. A la postre, el Congreso supervisa a Puerto Rico. Constitucionalmente, es responsable.