Este miércoles 30 de marzo, el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), acordaron iniciar un proceso de paz que se suma a las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ya se encuentra en su fase final.
“La definición de esta agenda con el ELN abre el inicio de la fase pública de conversaciones que comenzará en Ecuador tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro”, dijo ayer el primer mandatario de Colombia a través de una transmisión televisiva.
“Para el Gobierno no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantengan personas secuestradas”, sentenció Santos.
El anuncio del comienzo del proceso de paz con el ELN supone un pacto con la otra guerrilla de Colombia y, en caso de lograrse la paz, supondría un alto a la violencia que, por más de cinco décadas, ha azotado al país dejando un saldo cercano a ocho millones de víctimas.
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De esta manera, la violencia quedaría reducida a bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo que aún se hace presente en varias zonas del país.
Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos tiene planteado que las negociaciones se celebren principalmente en Ecuador, sin embargo, está la posibilidad de que existan sedes paralelas en Venezuela, Chile, Cuba y Brasil.
La agenda del proceso de negociación giraría alrededor de los mismos puntos que con las FARC. A pesar de esto, Santos indicó que no se creará otro tribunal especial de paz como se hizo con las FARC, y que el ELN será juzgado de la misma forma que se acordó con el grupo guerrillero dirigido por «Timochenko».
El anuncio de paz con el ELN significa, en cierta forma, un espaldarazo a la administración de Santos en el momento que atraviesa uno de los peores escenarios políticos de su presidencia.
Según los resultados de una encuesta de la compañía Yanhaas Poll, Santos sólo es apoyado por un 13% de los colombianos.
Además, se añade la incapacidad que tuvo el Gobierno de Santos de firmar la paz con las FARC en la fecha pactada durante el 2015: el pasado 23 de marzo. La no consecuencia de la firma, engendró un escepticismo sobre los procesos de paz liderados por Santos.
Concentraciones en contra de la gestión de Santos se darán la próxima semana en Colombia
Por otra parte, el anuncio se da unos pocos días antes de una marcha convocada hace unas semanas en Colombia, en contra de la gestión de Santos y su apuesta por las negociaciones de paz.
Las concentraciones, dirigidas por el expresidente y férreo opositor a Santos, Álvaro Uribe, se llevarán a cabo el próximo 2 de abril.
[adrotate group=”8″]”Al margen de los acontecimientos contra mis compañeros políticos y contra mi familia, la situación del país es muy grave. Se está consolidando la entrega del país al terrorismo”, dijo Álvaro Uribe.
“Las salida a las calles es una necesidad para defender la democracia. Hagamos todos el esfuerzo el 2 de abril”, concluyó el expresidente en un video a través de sus redes sociales.
ELN cuestiona requisito de liberación de secuestrados para iniciar proceso de paz
Por su parte, el ELN cuestionó este jueves 31 de marzo las exigencias de Santos de liberar a secuestrados para que se puedan llevar a cabo las negociaciones de paz.
Según el ELN, la exigencia del presidente de que no se inicien las conversaciones de paz hasta que no se haya liberado a todos los secuestrados, es una petición que sólo habla por una parte del pueblo colombiano.
“Nosotros esperamos que el presidente represente a todos los colombianos, para eso lo eligen. Cuando él reclama por una porción de los colombianos, nosotros estamos en la obligación de escuchar, pero tenemos el deber de representar el dolor del resto de los colombianos”, afirmó a través de una rueda de prensa, Israel Pineda, alias “Pablo Beltrán”, del ELN.
“Nosotros en el ELN decimos que todos los dolores de los colombianos son iguales y vamos a buscar una solución política del conflicto para que eso deje de ocurrir (…) aspiro que el resto de los dolores se contemplen, entre ellos el de los seis millones de desplazados”, dijo Pineda.
Entre los funcionarios que mantiene secuestrado el Ejército de Liberación Nacional, se encuentran un patrullero y un policía.
Fuente: El País, El Universal.