Estaba acostado en el piso, ya había recibido varios golpes. Alrededor de él se encontraba una decena de personas que le gritaban injurias. Tenía la cabeza rota y la ropa blanca empapada de sangre. Cuando se intentó parar, una persona lo roció de un líquido, que segundos después se reveló como gasolina: el hombre comenzó a arder frente a las miradas de la turba y de unos guardias que se encontraban en el lugar.
Josué Fuentes Bernal no murió ese día, fue trasladado al Hospital Pérez Carreño, donde contó su verdad: él solo estaba ayudando a una persona que sí había sido víctima de robo; pero los pobladores que se encontraban en la zona no lo creyeron así, y presuntamente lo señalaron de haber cometido un delito. A pesar de que Fuentes gritaba pidiendo piedad y afirmando que era inocente, las personas hicieron caso omiso. Ellos decidieron que él era culpable. Fue a los dos días que Fuentes, quien se conoció que era un cocinero de 43 años padre de tres hijos, murió en el hospital.
Hasta el momento, la opinión pública, guiada por expertos analistas en la materia, ha atribuido el fenómeno de los linchamientos a los altos niveles de impunidad que existen en Venezuela. En 2007, cuando aún el fenómeno no resonaba tanto, el criminólogo Alexis Romero realizó una investigación en la que concluyó que los linchamientos eran la expresión “de la rabia acumulada por la ausencia de estado de derecho”.
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Además de la impunidad, que según el informe anual de la Fiscalía de 2015 es de 98,69%, muchos sociólogos, psicólogos y analistas añaden además la «descomposición social» como motivo de la “justicia ciudadana”. En abril de este año, el coordinador del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, Marco Antonio Ponce, dijo a Reportero 24, que los linchamientos demuestran “que estamos ante una sociedad que se está descomponiendo”.
El Estado es más responsable de lo que se cree
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en un informe publicado en noviembre de 2015, Venezuela “es el país más peligroso de Iberoamérica debido a su alto índice de inseguridad”. Con esto, más el reporte anual del Observatorio de Violencia de 2015 que determinó que el año cerró con un total de 27.875 muertes violentas, y sumando la impunidad de 98%, se establece el panorama idóneo para que los ciudadanos, azotados por la delincuencia, tomen la “justicia” por sus propias manos.
No obstante, parece que no es solo la ineficiencia del Gobierno lo que garantiza un ecosistema apropiado para que se produzca el fenómeno de los linchamientos: ¿Existe realmente la posibilidad de que el Estado tenga mucha más responsabilidad en el auge de los linchamientos de la que se le suele atribuir?.
En un artículo publicado el 13 de abril de este año por el periodista especializado en criminalística, Javier Ignacio Mayorca, titulado El discreto silencio de los linchamientos, el reportero concluye, a medida que desglosa el artículo, que el Gobierno “ha guardado un silencio cómplice que reafirma la noción de impunidad”.
Asimismo, Mayorca indicó que “ahora estamos viendo casos en los que la propia autoridad, generalmente representada por la Guardia Nacional, permite o alienta la violencia contra los detenidos”.
Al hablar con el periodista de El Nacional, Mayorca aseguró que el Estado es responsable de los linchamientos por acción y por omisión: “Por acción, porque el Estado ha promovido fórmulas de justicia popular. Se constituye un Estado paralelo y los Poderes Públicos han guardado un silencio ensordecedor”.
Asimismo, el Estado es responsable por omisión, dice Mayorca, porque “ tiene un discurso que los promueve. Los linchamientos son reportados, pero no se hace nada”.
No obstante, en el intento de demostrar que la “justicia popular” no es solo omitida por el Estado, sino que es fomentada a través de órdenes directas provenientes de los dirigentes de los organismos de seguridad, se le planteó la cuestión al periodista, a lo que sentenció: “No creo que sea correcto denominar a los linchamientos como «política de Estado», no creo que exista una orden en específico, aunque si ha habido casos aislados como en una población en el estado Falcón, en dónde los policías le dijeron a los pobladores que si veían a un ladrón, lo agarraran y mataran”.
La violencia produce más violencia
Hasta ahora las únicas cifras oficiales que existen con respecto a la cantidad de linchamientos, son de una rueda de prensa ofrecida por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, a principios de mayo, en la que indicó que su despacho ha iniciado 74 procesos de investigación sobre linchamientos.
Nosotros sí tenemos intención de hacer algo al respecto, pero es el mismo sistema el que el día de mañana dejará suelto al malandro
No obstante, otras organizaciones señalan que las cifras de personas linchadas aumentan cada mes en relación al anterior. La psicóloga clínica y profesora universitaria Yorelis Acosta, explica que este incremento del número de los linchamientos “es producto de un aumento de la violencia que viene de un comportamiento irracional. Incluso una persona que busca detener este fenómeno se ve afectada”.
Acosta, indica: “Vemos como estos casos (linchamientos) no son detenidos, sino hasta que entra un funcionario de seguridad, o la persona agredida muere. La gente sube videos a las redes sociales; todo este espiral de violencia genera más violencia”.
Sin embargo, coincide con Mayorca en que “no existe posibilidad de que el Estado provoque los linchamientos”.
El problema es el sistema
El coordinador de seguridad del municipio El Hatillo, Ernesto Romero, cree que los recientes casos de linchamientos vienen dándose por un problema de todo el sistema judicial.
“Tenemos al delincuente en la calle, cuando son aprehendidos, sólo pasan tres días en la cárcel y al cuarto salen nuevamente. Y a eso hay que agregar que en la cárcel están mejor que afuera”; dice Romero.
Por su parte, un inspector de la policía del municipio Sucre, que prefirió mantenerse bajo el anonimato, indicó que “mucha gente no denuncia porque supuestamente la situación policial no es la adecuada”.
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Para el inspector, la principal causa de los linchamientos es que “ya no se confía en la policía ni en los otros funcionarios del Estado”, de igual forma, el inspector señala: “muchas veces nosotros evitamos entrar cuando ocurre un linchamiento porque es un riesgo. La gente no quiere que uno proteja al ladrón, y terminan atacándolo a uno”.
“Nosotros sí tenemos intención de hacer algo al respecto, pero es el mismo sistema el que el día de mañana dejará suelto al hampón”, concluyó el polisucre.
Los linchamientos reciben espaldarazos del Estado
Sin duda existe un conjunto de factores que logran acondicionar el terreno para que se den los linchamientos. Hasta ahora se ha mencionado la impunidad, la descomposición de una sociedad hastiada de la crisis que padece el país, y la desconfianza en el sistema judicial. Todas las causantes indicadas ya se han debatido; sin embargo, aún existe la posibilidad de que haya otro factor, algo que atribuya más responsabilidad al Estado de la que tiene.
Al hablar con dos funcionarios activos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), señalaron varios temas que demuestran que de alguna manera el Gobierno es responsable de la situación, al menos indirectamente: “Las bandas criminales fueron armadas por el Gobierno, así como todos los malandros que están en la calle. Todo eso con un fin político; las volvieron demasiado poderosas y ya no pueden controlarlas”.
Partiendo de esto, se puede señalar que la delincuencia en Venezuela no solo ha sido producto de una ineficiencia del sistema judicial, penitenciario y policial, sino que existe una voluntad de generar violencia: “Todo tiene un trasfondo político. Ellos (el Estado) fueron los que le dieron la libertad a esas bandas para que hicieran los que les de la gana. Ellos los armaron y ahora van contra ellos”.
Lo único que hay que hacer es matar a los delincuentes. Esa es la orden
Si el aumento de la delincuencia en Venezuela y el gran poder que poseen estas bandas delictivas solo es evidencia de la voluntad del Gobierno, como indican los guardias, se podría indicar que la delincuencia en Venezuela es, en parte, premeditada.
Sin embargo, al hablar sobre los linchamientos con los guardias, surge otro factor realmente importante que hasta el momento no se había tocado: “Como tú sabes que si detienes a un delincuente a los días queda suelto, y si llegamos a matar a un criminal, nosotros somos los que nos metemos en problemas, ya se ha discutido en el seno de la Guardia: muchas veces preferimos que la comunidad haga lo que sea con el delincuente y después se reporta”.
“Si tú ves un linchamiento a una persona que sabes que es un delincuente, lo dejas correr, porque si actuamos nosotros es un problema”, indicaron.
Uno de los guardias acotó: “A la guardia le conviene, entre comillas, que la comunidad le quite la vida a los delincuentes. Si son delincuentes, lo mejor es eliminarlos, por eso hacemos caso omiso a los linchamientos, para que la gente se encargue”.
“Lo único que hay que hacer es matar a los delincuentes. Esa es la orden: ya sea por OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo), o por linchamientos”, concluyó uno de ellos.
El sistema judicial, las leyes que prohíben a los funcionarios de seguridad portar armas o accionarlas antes de que el delincuente arremeta primero, y la posibilidad de venganza, son varios de los factores que llevan a los funcionarios del Estado a apoyar que la gente tome la justicia por sus propias manos, así sea que la persona que la comunidad ha decidido que es un delincuente y que debe ser asesinado, sea un cocinero, padre de tres hijos, que solo trató de ayudar a una víctima, como lo era Josué Fuentes Bernal, el asesinado por la muchedumbre hace varios días en Los Ruices.