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EnglishEn Ecuador, las protestas de la semana anterior tuvieron un detonante: los proyectos de reformas a la Ley de Impuestos a las Herencias y a la Plusvalía anunciados por el presidente Correa. Lo cierto es que muchas de estas protestas han tomado posiciones contra Rafael Correa como persona, lo mismo que hace la oposición en Venezuela contra Nicolás Maduro, lo cual nos distrae del problema de fondo, la imposición de un modelo de organización social de tipo colectivista, en el cual prima la idea del “bien común” aumentando la coacción arbitraria sobre el individuo por parte del Estado.
El Socialismo del Siglo XXI es hijo intelectual del Foro de Sao Paulo, organización fundada en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva para rescatar las ideas comunistas después de la caida del Muro de Berlín. Haciendo uso de la vía democrática los miembros del Foro tomaron el poder en varios países de Latinoamérica. El primero en llegar a la presidencia fue Hugo Chávez, quien una vez en el palacio de Miraflores, gracias al alto precio del petróleo apoyó a otros miembros del foro para que tomaran también el poder.
No se puede obviar esta estrategia continental, así como tampoco se puede obviar que el proceso de ideologización en Latinoamérica empezó formando legiones de adeptos a las ideas comunistas usando la educación pública, los movimientos obreros, grupos de intelectuales, asociaciones “académicas” etc. Lo cual nos lleva a entender porque son tan populares las ideas marxistas, una de ellas la idea de que hay que redistribuir de forma coactiva la riqueza en las sociedades, tomado de los postulados del Manifiesto Comunista escríto por Marx y Engels (1848).
Un Estado confiscador y repartidor de la riqueza es una idea bastante extendida en América Latina. Las medidas en este orden son aplaudidas por muchas personas que ven en ello una acción de justicia sin tomar en cuenta que atrás de la acumulación patrimonial hay historias de trabajo duro, ahorro e inversión de emprendedores y familias.
Lejos de buscar conciliar con quienes lo critican, el presidente caldeó aún más los ánimos
Esto lleva a que los militantes de izquierda que hoy gobiernan promuevan medidas confiscatorias, con la creencia de que sus acciones están cobijadas bajo una moral superior, lo cual les faculta a forzar a una persona a entregar el fruto de su trabajo. Bajo la justificación de redistribuir la riqueza se expropian rentas y patrimonio, mediante el uso arbitrario de la política fiscal. La realidad es que esto, además de injusto, es absolutamente inmoral.
La excusa de la igualdad en patrimonios y rentas solo sirve para violar la propiedad privada y aumentar el control y el poder sobre los ciudadanos. De forma arbitraria, el Gobierno decide aumentar las tasas impositivas o crear nuevos impuestos, atentando en cualquier caso contra el patrimonio, fruto del trabajo de los individuos y las familias.
Las normas jurídicas que limitan la creación de impuestos se encontraban ya en La Carta Magna (1215), piedra angular de las limitaciones constitucionales al poder, en la cual el poder del monarca o presidente estaba limitado por un Consejo, Senado, Congreso, Parlamento o Asamblea. Ningún impuesto debería ser creado sin consentimiento de los ciudadanos; el Congreso que los representa debería velar por un sistema impositivo no confiscatorio. Sin embargo, esta restricción funciona cuando la sociedad tiene división de poderes, contrapesos que limiten la arbitrariedad del gobernante para decidir sobre la propiedad privada de terceros.
Evidentemente esa división es inexistente en los países donde predomina el Socialismo del Siglo XXI. Los impuestos no pueden tener como propósito la confiscación, deben servir para financiar los gastos fiscales de un Estado limitado a proveer seguridad, justicia y ciertas obras públicas. Todo lo demás son funciones que ha asumido y que han incrementado su voracidad sobre las rentas y el patrimonio de los ciudadanos, entre estas funciones, asumir ese rol de distribuidor de riqueza.
Lejos de la visión marxista de la lucha de clases, el reto de los Gobiernos no debe ser empobrecer a los ricos para crear una sociedad igualitaria, sino crear las condiciones para que los pobres se hagan de patrimonio fruto de su trabajo y ahorro. Mercados libres, sin privilegios legales para empresarios amigos del poder, menos impuestos, marcos institucionales que faciliten el intercambio, son medidas que han permitido a muchos países crear prosperidad y disminuir lo que realmente importa, la pobreza absoluta.
Un Estado confiscador y repartidor de la riqueza es una idea bastante extendida en América Latina
Además, contrario al discurso oficial, no es verdad que los impuestos solo afecten a los más ricos: la incidencia económica de un impuesto no puede ser establecida por la autoridad en una ley. En el caso del impuesto a las herencias, por ejemplo, se afecta a la preferencia temporal de los agentes económicos, disminuyen los incentivos para ahorrar, esto afecta la inversión y tasas de capitalización, que repercuten finalmente sobre el nivel de salarios.
Se suele justificar estas medidas bajo el argumento de que muchos patrimonios fueron adquiridos fruto del robo o de la corrupción, lo cierto es que la acumulación patrimonial adquirida de forma fraudulenta también viola los derechos de propiedad; de ser el caso que un patrimonio haya sido adquirido en tales condiciones, solo cabe aplicar la ley, justamente protegiendo los derechos de propiedad. Tratar a todos los que han logrado acumular patrimonio como delincuentes no tiene sentido.
Para el Socialismo del Siglo XXI es el Estado el que debe distribuir la riqueza, por eso los cambios constitucionales para concentrar el poder, herramienta de dominación de la izquierda en el continente. El Estado, bajo esas condiciones, al tener el monopolio de la fuerza, cree que puede organizar los recursos de mejor manera que si lo hicieran los individuos de forma libre.
En su libro Camino de Servidumbre, Friedrich Hayek nos alerta sobre la esencia antidemocrática de la planificación central. Para planificar es vital la entrega al planificador de los medios necesarios para el logro de nuestros objetivos; este debe imponer su sistema de valores y preferencias. Así la sociedad queda en manos del lider máximo de la revolución y de los burócratas, que deciden sobre la propiedad privada de los individuos.
Las protestas en Ecuador o en cualquier otro país podrían adquirir otra dimensión si se toma conciencia del problema de fondo: cómo el socialismo, que es cualquier forma de agresión institucional arbitraria contra la libertad individual, vulnera los derechos de las personas y los convierte en esclavos del sistema.
A esta altura de la historia vale rescatar las palabras del gran pensador argentino, Juan Bautista Alberdi: “después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional, he ahí toda la diferencia”.
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