EnglishDesde el 22 de abril, el requerimiento de una orden judicial para que la policía pueda registrar los bienes de los ciudadanos pasó a ser una formalidad en Estados Unidos, gracias a una decisión de la Corte Suprema que permite a la policía detener y registrar a un conductor en base a denuncia anónima. Cinco magistrados de la Corte votaron a favor de la resolución, contra cuatro que votaron en contra.
El conductor en el caso Prado Navarrete vs. California fue blanco de una llamada anónima al 911 que lo acusó de “conducción imprudente”. Y si bien los agentes no vieron ninguna evidencia de intoxicación después de seguir al conductor durante varias millas, procedieron a detenerlo y encontraron marihuana en el vehículo.
La opinión de la mayoría afirmó que “las llamadas al 911 tienen algunas características que permiten la identificación y el seguimiento de las personas que llaman”. Sin embargo, el “disenso mordaz” del juez Antonin Scalia calificó esta decisión como un “cóctel destructor de la libertad”.
En la opinión disidente, los jueces Ruth Bader Ginsburg, Elana Kagan, Sonia Sotomayor y Scalia, advierten de que “todo lo que tiene que hacer alguien con malas intenciones es llamar al 911 y afirmar que ha ocurrido una violación de tráfico para que la policía detenga el vehículo, por la fuerza si es necesario. Si el conductor resulta no estar borracho (que casi siempre será el caso), la persona que llamó no temerá sufrir ninguna consecuencia, incluso si el 911 conoce su identidad”.
Los jueces disidentes recuerdan a los lectores del fallo que millones de personas que conducen en la carretera todos los días quedan sujetas “al riesgo de que se viole su libertad de movimiento bajo sospecha de embriaguez en base a una sola acusación telefónica, verdadera o falsa, de conducción imprudente”.
Fuente: BenSwann.com.