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El pasado martes, el gobierno colombiano y las FARC retomaron las negociaciones de paz, a pesar del clima de tensión que reina en el país debido al aumento de los ataques a la infraestructura nacional por parte de la guerrilla y demandas por parte de ambos bandos.
Antes de que la reunión de las FARC y representantes del gobierno tomara lugar en en Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el grupo guerrillero expresó su total desacuerdo con el llamado “Marco Jurídico Para la Paz”, el cual fue aprobado por el congresoen el año 2013 y estipula que los rebeldes acusados por crímenes contra la humanidad y genocidio, tienen que ser juzgados.
“Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en los campos de paz con el ánimo de hacer de los diálogos de paz de La Habana un mecanismo inútil”, puntualizó Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, ante los medios. El guerrillero considera que el marco jurídico es una “trampa” de la cual el proceso de paz, iniciado hace dos años, está siendo víctima.
Estas negociaciones serían uno de los intentos más viables para ponerle fin a un conflicto que se viene desarrollando desde hace 50 años, y que ha cobrado la vida de más de 200.000 personas. Durante las reuniones previas, las partes llegaron a determinar tres “acuerdos parciales” que tomarán lugar en un futuro, como la participación de los guerrilleros en la política, la sustitución de los cultivos de drogas, y garantizarles el acceso a las tierras de los campesinos pobres.
Con respecto al conflicto y a las víctimas, la guerrilla demandó la presencia y participación de rebeldes presos en las conversaciones como “víctimas de la violencia”, lo cual fue considerado “incomprensible” por parte del gobierno colombiano.
La credibilidad que este proceso de paz le dio al presidente Juan Manuel Santos, hasta el punto de garantizarle su reelección, ha sido cuestionada últimamente debido a los continuos ataques a oleoductos y torres de energía por parte de la guerrilla.
Por otro lado, el presidente colombiano no ha liberado a las FARC de la presión militar durante dichas negociaciones, lo cual evita que la guerrilla acceda a muchos acuerdos. Estos sostienen que el gobierno no puede ser “juez y parte”, y se niegan rotundamente a la posibilidad de que los jefes del grupo sean arrestados bajo la firma de un “acuerdo de paz”.
Fuente: Reuters.
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