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La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró la 46° Asamblea General Extraordinaria con el objetivo de buscar consensos en la política de drogas del continente y asistir, con una postura unificada, a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre estupefacientes que se llevará a cabo en 2016. La reunión tuvo lugar en Ciudad de Guatemala y contó con la presencia de 30 delegaciones.
La reunión concluyó con la adopción de una resolución que insta a los Estados a «revisar periódicamente las políticas sobre drogas adoptadas, con el objeto que estas sean integrales y centradas en el bienestar de la persona para hacer frente a sus retos nacionales y evaluar su impacto y efectividad».
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostuvo en su discurso de apertura que existen cuatro consensos en torno a la política de drogas del hemisferio: la necesidad de abordarla con un enfoque de salud pública; la implementación de reformas judiciales que provean alternativas al encarcelamiento; el papel protagonista del crimen organizado transaccional, que debe ser combatido; y el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de orden público.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, destacó a la organización continental por “su capacidad y flexibilidad para permitir nuevas miradas, enfoques y rumbos a esta problemática que nos afecta a todos”.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, quien representa a uno de los países que más ha sufrido la llamada guerra contra las drogas, señaló que las reformas deben mejorar la atención de las víctimas, promover la inclusión, la reintegración social, la salud y la reconstrucción del tejido social.
Aunque varios países han coqueteado con la propuesta de legalizar las drogas, como es el caso de Guatemala, otros se muestran reacios a adoptar esa política.
Jennifer Loten, la representante interina de Canadá ante la OEA, expresó preocupación por las iniciativas de legalizar o despenalizar las sustancias hoy ilegales, ya que pueden subsestimar los efectos del crimen organizado en las familias y en la sociedad.
Del mismo modo, el subsecretario de Estado para Antinarcóticos y Seguridad de Estado Unidos , William Brownfield, remarcó que la reunión es «una oportunidad única para reafirmar nuestro compromiso con los tratados de control de drogas de la ONU y entablar un diálogo con la sociedad civil y otros actores sobre cómo la comunidad internacional puede unirse en la lucha contra el abuso de drogas y sus consecuencias». Así, reafirmó la voluntad de su país de continuar con la política prohibicionista.
Finalmente, Diego Pary, representante permanente de Bolivia ante la OEA, destacó las nuevas alternativas que están siendo consideradas, y fue el único en describir abiertamente a la guerra contra las drogas como un «fracaso».
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