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EnglishUn estudio publicado la semana pasada por el Instituto Fraser, un think-tank canadiense, señala que en 2009 —el último año con datos completos— los costos derivados del crimen ascendieron a CAN$85 mil millones (alrededor de US$76 mil millones).
El estudio El costo del delito en Canadá: Informe 2014 comprende los costos de mantenimiento de la policía, tribunales, prisiones, rehabilitación y educación, además de los costos que asumen las víctimas de delitos por la propiedad robada o dañada, por prevención, pérdida de salud y productividad, y otros asuntos menos tangibles como la ira, la frustración y el miedo.
«Desafortunadamente los delitos son parte de la vida, pero para entender si gastamos mucho o poco combatiendo el delito, necesitamos entender los costos totales», explica Stephen Easton, investigador senior del Instituto Fraser y uno de los autores del estudio.
La publicación destaca que a pesar de que Canadá experimentó entre 2002 y 2012 una reducción en la tasa del delito de un 27%, los costos asociados a este aumentaron en promedio un 35%.
De acuerdo con la investigación, los principales aumentos se dieron en los costos de vigilancia, que aumentaron un 43% entre 2002 y 2012, y los costos relacionados con el mantenimiento de las prisiones, los cuales aumentaron un 32% en el mismo período.
«Los costos del delito están aumentando, en parte, debido a que la Corte Suprema de Canadá ha impuesto una serie de requisitos sobre la policía y los fiscales que hacen más oneroso capturar y enjuiciar a criminales», dijo Easton.
Paralelamente, el estudio remarca que a pesar de que las cantidad de causas penales tramitadas en cortes canadienses se ha mantenido estable, en los últimos 15 años se ha duplicado de un 8% a mas de un 16% la proporción de causas penales que llevan más de un año para su resolución.
«Cuando se toman decisiones sobre el gasto en la prevención del delito, la persecución, y el castigo, los Gobiernos de toda Canadá deben entender claramente el potencial efecto de esas decisiones, por el bien de los contribuyentes, las víctimas y sus familias», concluyó Easton.
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