English Version
English El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Melvin Jiménez, podrá continuar ejerciendo el cargo debido a que las funciones que ejerce como líder religioso son de una iglesia distinta a la católica. Así lo determinó este miércoles la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país.
Jimenez, quien fue obispo de la iglesia luterana entre 2008 y 2014, ocupa un lugar clave en el gabinete del presidente Luis Guillermo Solís. Es su mayor hombre de confianza, vocero del Ejecutivo, enlace con el Congreso y coordinador de todo el equipo de ministros.
Alvaro Orozco, un abogado ligado a la Iglesia católica, objetó el nombramiento de Jiménez argumentando que la Constitución costarricense exige a los integrantes del gabinete de ministros «ser del estado seglar», es decir no ser miembros del clero.
Sin embargo, el tribunal constitucional descartó la impugnación basándose en razones «histórico-constitucionales» que no detalló, pero que determinan que dicha exclusión se refiere tan solo a los miembros de la iglesia católica.
Para los magistrados la clausula constitucional «se trata de una limitación al derecho humano de acceder a funciones públicas». «Cuando los derechos humanos se encuentran regulados de una manera más amplia y beneficiosa para las personas en el Derecho Internacional, este prima sobre las disposiciones constitucionales”, sostuvieron los jueces.
La Corte Suprema se adhirió así a la tesis del presidente Solís, quien sostenía que la restricción aplicaba únicamente a los presbíteros católicos.
«Siempre estuvimos convencidos de que mi nombramiento estaba a derecho, que no había relación inconstitucional alguna», declaró Jimenez tras conocerse la decisión del alto tribunal que contó con 5 votos a favor y 2 en contra. “Soy un servidor de Dios. Estaré donde él me coloque”.
Jiménez explicó que la prohibición de ejercer cargos en el Ejecutivo no lo alcanzaba porque «la figura del obispo en la Iglesia Luterana es muy distinto en la Iglesia Católica». «No existe un juramento de fidelidad, no hay un sometimiento a lo que disponga la autoridad papal, no somos parte de un clero, no somos una clase sacerdotal», explicó Jiménez.
La decisión no estuvo exenta de polémica. El obispo católico Francisco Ulloa describió a la norma en discusión como «discriminatoria para los católicos» y llamó reformar el artículo de la Constitución. “Debería eliminarse para que los sacerdotes y obispos católicos tengan los mismos derechos que todos los ciudadanos”, dijo el prelado.
Fuente: Nación.
Discusión sobre post