La tarde de este jueves 26 de febrero, el concejo municipal de José Antonio Páez, mejor conocido como Guasdualito, en el Estado Apure (sur del país, a 800 kilómetros de la capital, Caracas) destituyó a la alcaldesa opositora Lumay Barreto, por presunta ausencia absoluta.
Barreto, militante del partido Voluntad Popular (cuyo líder es el encarcelado dirigente opositor Leopoldo López) denunció que la cámara municipal de la entidad —con mayoría del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV— “le dio un golpe de Estado a Guasdualito”; la burgomaestre explicó que estuvo ausente por tres días para asistir a la reunión de la Asociación de alcaldes en Caracas y visitar a su hijo, que fue intervenido quirúrgicamente en el Estado Lara.
“Los concejales oficialistas. por ordenes del gobernador del Estado Apure, Ramón Carrizález, me destituyeron del cargo y nombraron como mi sustituto al presidente del concejo municipal, Víctor Blanco. Yo notifiqué mi ausencia por tres días y dejé encargado al director general de la alcaldía, Tulio Hidalgo”, indicó Barreto.
“Tengo un año de sabotaje, de expropiaciones, el pueblo militarizado (…) No me dejan hacer mi gestión. Lo único que les falta es meterme presa o que aparezca muerta”, añadió.
Informó que esperará el acta de destitución para viajar a Caracas para reunirse con sus abogados, denunciar y hacer una contrademanda.
Por su parte, el periodista Miguel Cardoza, quien labora en la entidad, informó que los concejales oficialistas convocaron a una sesión extraordinaria y alegaron que es ilegal que la alcaldesa dejara encargado por ocho días al director general de la alcaldía, y por esa razón decidieron destituirla.
El partido Voluntad Popular publicó, a través de su cuenta en Twitter, que la alcaldesa fue destituida de forma ilegal:
La DICTADURA pretende ejecutar otro GOLPE DE ESTADO, esta vez contra la alcaldesa de Guasdualito #Apure Lumay Barreto pic.twitter.com/53drLDSGrt
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 26, 2015
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) en Venezuela, prevé que un alcalde puede ausentarse de su cargo de manera temporal o de manera absoluta. Si un alcalde desea ausentarse por más de 15 días, debe solicitar un permiso al Concejo Municipal para que entonces se considere si la ausencia temporal es autorizada o no. Si es autorizada, entonces el propio alcalde designa a un funcionario de alto nivel de su equipo ejecutivo para que asuma temporalmente sus funciones.
Si la falta temporal se extiende por más de 90 días, el Concejo Municipal tendrá la responsabilidad de evaluar la situación, analizar las circunstancias y considerar si están dadas las condiciones para declarar la ausencia como absoluta.
Al declararse la falta absoluta, habiendo transcurrido menos de la mitad del período para el cual fue elegido el alcalde, entonces debe procederse a una nueva elección. Si la decisión ocurre luego de la segunda mitad del período, el Concejo Municipal designará a un nuevo alcalde que concluirá el período legal establecido.
En 2014, los alcaldes Enzo Scarano, de un municipio de Carabobo (centro) y Daniel Ceballos (de San Cristóbal, suroccidente del país) fueron destituidos por el Tribunal Supremo de Justicia, por supuestamente desacatar un mandato de este tribunal que les exigía reprimir las protestas que contra el Gobierno se daban en sus municipios. La misma decisión, tomada en horas, los condenó a penas de cárcel; Scarano abandonó la prisión este mismo mes, mientras Ceballos continúa detenido en la misma cárcel militar en la que está preso Leopoldo López.
Según un análisis de la Asociación de Alcaldes (que reúne a los alcaldes de oposición) de 77 alcaldes (sobre un total de 331) que son de oposición, 33 enfrentan procesos judiciales. De los 254 restantes, miembros del partido de Gobierno, ninguno ha sido acusado de supuestos delitos.
Fuente: El Universal