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Veintiún expresidentes latinoamericanos y españoles entregarán, este jueves 9 de abril, una declaración conjunta en la Cumbre de las Américas, en Panamá, exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos venezolanos Leopoldo López (líder del partido Voluntad Popular), Antonio Ledezma (alcalde metropolitano de Caracas) y Daniel Ceballos (exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, a 800 kilómetros de Caracas, la capital del país).
La carta, que también exige el respeto a los derechos humanos de López, Ledezma, Ceballos y otros aproximadamente 60 presos políticos venezolanos, es una iniciativa del expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien, en enero, fue impedido de visitar a estos presos políticos en la cárcel militar de Ramo Verde, aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Caracas.
Pastrana estará en Panamá en compañía de los expresidentes José María Aznar, de España; Felipe Calderón, de México; Jorge Quiroga, de Bolivia; y Osvaldo Hurtado, de Ecuador.
La carta será entregada a las esposas de López y Ledezma, Lilian Tintori y Mitzy Capriles, quienes se encuentran en Panamá; así como a José Miguel Insulza, secretario general saliente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al presidente panameño Juan Carlos Varela.
Además de los presidentes citados, el exjefe de Gobierno español, Felipe González, y los expresidentes de Brasil y Uruguay, Fernando Henrique Cardoso y Luis Alberto Lacalle, han anunciado que planean acudir a Venezuela a participar en las audiencias de López, cuyo juicio por presunta instigación a delinquir, incendio intencional y daños a la propiedad pública, han sido llevados en medio del secretismo y sin permitir la presencia de observadores internacionales.
Ayer domingo, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el recién designado magistrado Maikel Moreno, calificó de “impertinente” la posible presencia de expresidentes extranjeros en el juicio. Moreno, designado magistrado del TSJ en diciembre, está cuestionado por su participación en el caso de la muerte del fiscal Danilo Anderson (2004) y fue destituido del Poder Judicial tres años más tarde, por, supuestamente, desacatar una sentencia del mismo máximo tribunal del que ahora forma parte.
Igualmente, el defensor del Pueblo venezolano, Tarek Saab, sugirió que González, Cardoso y Lacalle necesitarían una visa de trabajo para formar parte del equipo de asesores legales de López, y que tal visa se les negaría.
Para la politóloga Carmen Beatriz Fernández, de la firma venezolana Datastrategia, la intención de González de formar parte del juicio contra López representa “un grave problema” para el Gobierno de Nicolás Maduro, pues el exjefe de Gobierno español es uno de los exmandatarios con mayor reputación en el mundo, junto con Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos; y además, su carrera como defensor de derechos humanos se remonta a la década de los 70, cuando pudo ingresar a Chile a observar la situación de los detenidos por el régimen de Augusto Pinochet, algo que, al parecer, Maduro no está dispuesto a aceptar.
Fuentes: WRadio, Noticia al Día.
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