El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) publicó un informe llamado Que no quede rastro, en el que se expone que órganos del Poder Público venezolano usaron estrategias para ocultar evidencias de los tratos crueles o torturas ocurridas en las protestas estudiantiles de 2014, y evitar que las mismas fuesen denunciadas.
Durante las manifestaciones de 2014 en Venezuela se reportaron 854 heridos y lesionados, y se presentaron violaciones del derecho a la integridad física durante las manifestaciones y aprehensiones.
Para la realización del documento se recabaron testimonios de las víctimas de agresiones, quienes en muchos de los casos fueron amenazadas por funcionarios de cuerpos policiales o militares con no prestarles ayuda médica o hacerles más daño si declaraban “la verdad de lo acontecido”.
De acuerdo con el informe, existen 10 estrategias para ocultar las huellas de las agresiones. Entre estás se encuentran: la incomunicación de detenidos; el traslado de lesionados a entes y ospitales militares; las presiones a las víctimas; el uso de la defensa pública para evitar denuncias; las omisiones de jueces durante las audiencias de presentación; la transformación de víctimas en victimarios; la confusión entre examen médico-forense y reconocimiento médico en los sitios de detención; la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura; y las presiones a médicos que trataban a las víctimas.
Los detenidos durante las protestas de 2014 en Venezuela eran trasladados a centros de atención médica militar en caso de que presentaran heridas de gravedad.
Según expone el texto, los funcionarios le exigían a los médicos la entrega de “objetos que constituían evidencias de las lesiones sufridas ón depor las víctimas”.
En el informe de la CDH-UCAB se destaca que las autoridades venezolanas violaron los derechos establecidos en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la Organización de las Naciones Unidas.
Fuente: El Nacional.