El gobierno hondureño del presidente Juan Orlando Hernández solicitó “con carácter urgente” la intervención de un grupo de facilitadores a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para fomentar el diálogo nacional abierto y democrático con todos los sectores de la sociedad de ese país, que buscan acabar con la corrupción y la impunidad.
El anuncio fue hecho por el canciller hondureño Arturo Corrales, quien dirigió la solicitud directamente al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, mediante un comunicado que posteriormente fue corroborado por la representante permanente de Honduras ante el organismo, Elizabeth Flores.
La diplomática expresó que al hacer formal la petición los embajadores de otros países que se encontraban presentes se comprometieron a brindar acompañamiento en el proceso de diálogo con todos los sectores de la sociedad hondureña.
“El mundo debe conocer que hay una posición de dialogar y exigir que los operadores de justicia se apeguen a ese tipo de cambio”, dijo la funcionaria.
Desde hace cuatro semanas los hondureños han salido a la calle a manifestar contra la corrupción y la impunidad, debido al supuesto saqueo de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por parte de un grupo de empresarios, políticos y funcionarios que aparentemente inflaron los precios de medicinas, equipos y servicios que ocasionaron pérdidas al organismo por más de US$ 300 millones.
Los manifestantes demandan que se cree una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, que esté bajo el mando de Naciones Unidas. Sin embargo el presidente Hernández propuso en cambio la constitución de un sistema integral hondureño de combate a la impunidad y la corrupción, por lo que convocó a un dialogo con todos los sectores. La respuesta a la solicitud del mandatario fue que para que el diálogo se diera, era necesaria la intervención de algún mediador.
El presidente propone que su sistema de diálogo contemple cinco puntos básicos, como por ejemplo la creación de una unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público (MP) contra la corrupción e impunidad, otra para el Consejo de la Judicatura y la Inspectoría de Tribunales, una unidad especial para la seguridad de jueces, fiscales y sus familias, un observatorio del sistema de justicia, y finalmente un sistema de integridad empresarial.
Fuentes: El Universal, El Heraldo.